Madrid, 4 Abr (Notimex).- La reina y los príncipes de Asturias tendrán fuero ante el Tribunal Supremo, equiparable al de los demás titulares de las altas instituciones del Estado, informó hoy el ministro de justicia, Alberto Ruiz Gallardón.
En la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Ministros expuso que esa medida forma parte del Anteproyecto de Reforma de Ley Orgánica del Poder Judicial, que entre otras novedades incluye el aforamiento al nivel del Tribunal Superior.
Ruiz Gallardón explicó que la Constitución española no incluyó a la reina ni a los príncipes como aforados al máximo nivel, por lo que se soluciona una deficiencia del sistema.
Abundó que la medida beneficia a quienes ocupen los títulos de “rey consorte, reina consorte, príncipe o princesa y su consorte”, que son quienes dentro de la familia real (además del rey, cuya figura no está sujeta a responsabilidad) ejercen funciones de Estado.
Con esta reforma, que pasará al Parlamento a trámite correspondiente, las denuncias en contra de la reina y los príncipes tendrán que ser tratadas por el Tribunal Supremo y no por un juzgado local, como ocurre con los demás aforados que precisa la Constitución.
En la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Ministros expuso que esa medida forma parte del Anteproyecto de Reforma de Ley Orgánica del Poder Judicial, que entre otras novedades incluye el aforamiento al nivel del Tribunal Superior.
Ruiz Gallardón explicó que la Constitución española no incluyó a la reina ni a los príncipes como aforados al máximo nivel, por lo que se soluciona una deficiencia del sistema.
Abundó que la medida beneficia a quienes ocupen los títulos de “rey consorte, reina consorte, príncipe o princesa y su consorte”, que son quienes dentro de la familia real (además del rey, cuya figura no está sujeta a responsabilidad) ejercen funciones de Estado.
Con esta reforma, que pasará al Parlamento a trámite correspondiente, las denuncias en contra de la reina y los príncipes tendrán que ser tratadas por el Tribunal Supremo y no por un juzgado local, como ocurre con los demás aforados que precisa la Constitución.
