En un comunicado, organizaciones defensoras de Derechos Humanos, redes de periodistas y comunicadoras, informaron que el 24 de agosto pasado Mejía Tiriquiz realizó una cobertura y transmisión en vivo de una manifestación encabezada por pobladores y comerciantes que denunciaban prácticas clientelares, así como el uso de violencia institucional y psicológica por parte de la gestión del alcalde municipal de Joyabaj, Florencio Carrascosa Gámez, y en donde la propiedad de la administración municipal fue incendiada.
Durante la aprehensión, cuya orden fue emitida por el Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Quiché en contra de Anastasia Mejía Tiriquiz, de la defensora Petrona Siy Castro y de otras diez personas, las instalaciones de la radio comunitaria Xol Abaj fueron allanadas por elementos de la División Especializada en Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil de Guatemala.
Conforme a la información difundida por las organizaciones denunciantes, la ley guatemalteca establece que la audiencia inicial debe realizarse en menos de 24 horas después del arresto, pero la periodista sigue detenida sin poder declarar desde hace 24 días y su audiencia inicial para determinar su situación legal se sigue aplazando.
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Guatemala, un contexto adverso para el periodismo
De acuerdo a la organización Reporteros Sin Fronteras, Guatemala es uno de los países más peligrosos del continente para ejercer el periodismo. Tanto desde la administración del ahora ex presidente Jimmy Morales (2016 – 2019) como en la actual gestión de Alejandro Giammattei, las y los periodistas se enfrentan a un contexto hostil que combina la persecución a comunicadores que denuncian actos de corrupción por parte del gobierno, la impunidad y la presencia del crimen organizado en el país.
Por su parte, la organización Front Line Defenders manifestó su preocupación por el evidente incremento de la violencia tanto en contra de periodistas como de personas defensoras de Derechos Humanos, la cual se cristaliza en campañas de desprestigio, amenazas y asesinatos, provocando la autocensura.
En un contexto en el que la libertad de expresión está desprotegida debido a que no está tipificado como delito atentar en contra de ésta, se realizan muy pocas investigaciones que atiendan delitos en contra de periodistas.
“Hay un uso del derecho penal para inhibir la labor periodística y criminalizar el ejercicio informativo de mujeres periodistas y defensoras, lo cual, atenta contra el derecho a la libertad de expresión y el derecho humano de las mujeres a comunicar”.
Por otra parte de acuerdo al informe especial sobre la libertad de prensa en Guatemala que publicó el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) en marzo de este año, se reconoció que las y los periodistas rurales e indígenas corren un mayor riesgo de ser atacados por grupos criminales y funcionarios, además de ser víctimas de actos de discriminación por género, raza e identidad étnica”
Piden protección y debido proceso para Anastasia y Petrona
Las organizaciones, comunicadoras y redes de periodistas. exigieron la liberación inmediata de la periodista Anastasia Mejía Tiriquiz y de la defensora Petrona Siy Castro así como el inicio de una investigación sobre las violaciones a sus Derechos Humanos y la emisión de medidas cautelares para proteger y garantizar su debido proceso.
Instaron al gobierno de Guatemala a adoptar las recomendaciones de los Tratados y Convenciones Internacionales como la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, con el fin de generar medidas de carácter estructural para erradicar todo tipo de violencia en contra de las mujeres en Guatemala.