México, diciembre (SEMlac).- Organizaciones defensoras de derechos humanos llamaron para avanzar en el reconocimiento jurídico de la identidad sexo-genérica, la reinserción escolar, el acceso a los servicios de salud acordes con sus necesidades, la reinserción laboral que incluya la capacitación y el incentivo de empresas incluyentes para las poblaciones o grupos vulnerables.
Como parte de las acciones emprendidas el Día Internacional de los Derechos Humanos, la defensora de derechos humanos independiente Kenya Cytlaly Cuevas Fuentes y las organizaciones Centro de Identidades Trans A.C., Letra S y Equis Justicia para las Mujeres A.C., también solicitaron la conformación de un observatorio nacional de crímenes contra mujeres trans.
Datos de la organización Centro de Apoyo a las Identidades Trans A.C. señalan que de 2007 a 2015 ocurrieron 283 asesinatos de personas trans en México. El estado que registró más homicidios en este período fue Chihuahua, con 29 casos, seguido de Guerrero y el Estado de México con 23 casos, respectivamente.
Respecto a la ocupación de las personas asesinadas, 53 eran trabajadoras sexuales, 18 estilitas y 13 recamareras o meseras, y tres activistas. Del resto se desconoce. Las causas de muerte, 70 casos por disparo de arma de fuego, 39 por puñaladas y 35 por golpes.
El año en el que más asesinatos tuvieron lugar fue el 2015 con 52 casos.
Durante 2016 se han registrado 16 homicidios. Los casos más difundidos fueron los de Paola y el de la activista Alessa Flores, ambas en la Ciudad de México.
La activista Kenya Cytlaty Cuevas Fuentes, quien ha trabajado durante décadas de manera voluntaria en la defensa de los derechos de mujeres y mujeres trans, trabajadoras sexuales y portadoras de VIH en prisiones, en la CDMX y actualmente en Chimalhuacán, señala que la discriminación que vive la comunidad trans es constante y se traduce diariamente en malos tratos, rechazo, falta de acceso a servicios educativos, de salud, de libre tránsito y en homicidios.
Una de las primeras situaciones que enfrentan quienes forman parte de la comunidad trans es la invisibilización de la violencia en su contra, lo que fomenta la impunidad y la falta de acceso a la justicia.
Por ello, es urgente que las instituciones del Estado protejan los derechos de las personas trans y que hagan efectivo el marco normativo vigente como el Artículo 1 de la Constitución, que prohíbe toda discriminación y la Ley Federal para Prevenir y Erradicar la Discriminación.
Once estados sin implementar modificaciones
Deben implementarse en el país las modificaciones legislativas como la aprobación de las leyes estatales para Prevenir y Erradicar la Discriminación ya que actualmente solo 21 de 32 entidades cuenta con ella. Faltan Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Tabasco, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Veracruz y Quintana Roo.
Es también necesaria la tipificación de los crímenes de odio en los códigos penales estatales y la modificación a la Ley de Salud del Distrito Federal para implementar un programa de atención especializada a la salud de las personas transgénero y transexual, mediante, en su caso, el suministro de hormonas, apoyo psicoterapéutico y la realización de acciones preventivas y de tratamiento médico correspondiente en materia de ETS y VIH/sida.
El marco legislativo a nivel federal, aunque no está enfocado a la población trans, no es suficiente para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos humanos. Las legislaciones locales representan avances, aunque no tienen una visión integral de aspectos como el acceso a la salud y el empleo, entre otros.
En cuanto al caso de Paola, la Fiscalía de Homicidios de la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México continúa investigando e integrando la carpeta acerca del homicidio. Solicitamos paciencia para poder proporcionar más información y no obstruir la investigación.
Es importante resaltar que en el marco de la investigación se han otorgado medidas de protección a diversas personas, pero lo anterior es insuficiente ya que el problema de la violencia en contra de la comunidad trans es estructural y requiere medidas no sólo para unas cuentas personas.
En este sentido, Kenya Cytlaly Cuevas Fuentes, quien ha sido pieza clave en el caso de Paola, señala que no descansará hasta que se haga justicia.
Por Gabriela Ramirez
([email protected])
Organizaciones abogan por derechos humanos de grupos vulnerables
21
de Diciembre
de
2016
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