Ciudad de México.- Las consejeras sociales del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) se pronunciaron en contra de la falta de justicia y de medidas de protección para las víctimas del virtual candidato a la gubernatura de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, acusado penalmente por el delito de violación sexual.
Por medio de un pronunciamiento público, las actuales 14 consejeras y las ciudadanas que en años anteriores integraron este mecanismo de participación ciudadana calificaron de inadmisible lo que ocurre en Guerrero, donde hay una carpeta de investigación abierta desde 2016 contra Felix Salgado pero sin avances.
Es de recordar que en medio del periodo para que los partidos registren sus candidaturas a cargos de elección, a partir del 5 de enero, el exfiscal de Guerrero, Xavier Oléa Peláez, afirmó a diversos medios de comunicación que el candidato de Morena tenía una denuncia penal por el delito de violación en la Fiscalía estatal y una más en la Fiscalía General de la República (FGR). Oléa Peláez también reveló que en 2018 el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, le ordenó no detener a Félix Salgado.
Ante estas acusaciones penales –que se hicieron publicas en noviembre pasado y resurgieron por las declaraciones del exfiscal–, y luego de que el 30 de diciembre el presidente de Morena, Mario Delgado, anunció a Salgado Macedonio como candidato a la gubernatura de Guerrero, las consejeras del Inmujeres criticaron que se pretenda tratar el caso como un asunto político minimizando así la gravedad del delito de violencia sexual.
En entrevista con esta agencia, la consejera del Inmujeres, Alba Adriana Jiménez Patlán, expuso que la falta de justicia en este caso es una situación que las consejeras ven de forma cotidiana en sus estados, donde acompañan a víctimas. En muchas fiscalías, dijo, se hacen pactos patriarcales entre los acusados, los jueces y los ministerios públicos. En el caso del senador con licencia hubo un pacto entre altos funcionarios, incluido el gobernador, como lo reconoció el exfiscal Oléa Peláez en sus afirmaciones.
Al respecto, la defensora criticó las omisiones del entonces funcionario al no perseguir un delito que estaba en investigación. Por esta actuación, el pasado 7 de enero la Fiscalía del estado anunció que revisaría la acusación penal 12030270100002020117 que se encuentra en revisión en la Dirección General Jurídica Consultiva de la Fiscalía e informó que abrió otra indagatoria para deslindar la responsabilidad del exfiscal Oléa Peláez.
Jiménez Patlán señaló que también es necesario que las autoridades correspondientes tomen medidas de seguridad y protección para las víctimas, ya que hoy se está borrando lo que pasa con las mujeres. El caso, dijo, muestra que a las víctimas de violencia sexual no se les cree y por eso en este caso han pasado casi tres años sin que se sancione un delito que, incluso, está comprobado con videos y fotografías, como se asienta en la carpeta de investigación que está en la Fiscalía estatal.
Por otro lado, el pasado 21 de diciembre el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó por unanimidad los formatos de la declaración 3 de 3 contra la violencia de género. En estos documentos, las y los aspirantes a candidaturas deben declarar, bajo protesta de decir verdad, que no cuentan con condena o resolución firme por violencia familiar y/o doméstica, delitos sexuales o por ser deudor alimentario o moroso.
El acuerdo del organismo electoral, publicado el 31 de diciembre de 2021 en el Diario Oficial de la Federación, señala que una persona que aspira a una candidatura y fue sancionada por violencia contra las mujeres no podrá acceder a un cargo de elección popular “al no tener las cualidades que se requieren para representar los intereses de la sociedad mexicana”. En el caso de Salgado Macedonio, aunque hay dos denuncias penales, las carpetas de investigación no se han judicializado y aún no existe una condena por el delito del que se le acusa.
El Frente Nacional por la Familia registra la movilización ciudadana más amplia en el tema y exige que el pleno declare el 25 de marzo Día Estatal de la Vida.
La eliminación de la autonomía del Programa de Refugios en el Presupuesto de Egresos 2026 es el señalamiento central de la organización ante la comunidad internacional.
México — 16 de marzo de 2026.- La Red Nacional de Refugios A.C. (RNR) llevó a la sede de Naciones Unidas en Nueva York una exigencia puntual al Estado mexicano: garantizar presupuesto suficiente y autónomo para los espacios de protección a mujeres víctimas de violencia.
Durante el 70° período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW70), la organización alertó que la eliminación de la autonomía del Programa de Refugios en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 contradice compromisos internacionales asumidos por México ante la CEDAW y la Convención de Belém do Pará. En los últimos dos años, la red acompañó a 29,604 mujeres en más de 70 espacios de atención integral distribuidos en el país.
El contexto que rodea la denuncia es grave. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, cada tres horas una mujer es asesinada en México y diariamente 752 mujeres enfrentan violencia familiar.
Ningún país ha alcanzado aún la plena igualdad jurídica entre mujeres y hombres, según un informe reciente del Secretario General de la ONU presentado por ONU Mujeres. Hasta el momento, las autoridades federales no han emitido postura pública sobre los señalamientos de la organización respecto a la eliminación de la autonomía presupuestal del programa.
Wendy Figueroa Morales, directora de la Red Nacional de Refugios, precisó que sin recursos para proteger la vida de las mujeres, la justicia se queda en discurso, y que sin la participación de las organizaciones que sostienen la atención, la justicia queda incompleta. La organización opera alrededor del 60% de los refugios no gubernamentales del país, con más de 25 años de trayectoria ininterrumpida.
Refugios como mecanismos de justicia, no de asistencia
Para la RNR, los refugios no son programas asistenciales. Constituyen, según la organización, mecanismos de justicia y protección que representan para muchas mujeres la única posibilidad de denunciar y acceder a la justicia sin poner en riesgo su seguridad ni la de sus hijos. La directora de la red indicó que los espacios brindan protección inmediata y también acompañan procesos de restitución de derechos y reconstrucción de la autonomía económica de las mujeres.
La organización advirtió que cuando los Estados desfinancian o diluyen la autonomía de los programas de refugios, generan nuevas barreras estructurales que reproducen la violencia institucional. En paralelo a su presencia en Nueva York, la RNR realizó acciones de incidencia en México para reforzar el mismo mensaje: la defensa del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia no admite fronteras ni lagunas presupuestales.
Entre las demandas formales planteadas en el CSW70 figuran presupuesto suficiente, progresivo y oportuno para los refugios; autonomía institucional y reglas claras de operación del programa; y participación efectiva de organizaciones feministas en la toma de decisiones públicas sobre los espacios de protección. La red también señaló como preocupante que las organizaciones especializadas sean excluidas de los procesos de diseño de políticas, lo cual vulnera el principio de participación plena que la propia comisión reconoce como central.
Este medio solicitará postura de la Secretaría de Hacienda y de la Secretaría de las Mujeres sobre los señalamientos relacionados con la eliminación de la autonomía del Programa de Refugios en el presupuesto 2026.
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Delegaciones de 37 países aprobaron las Conclusiones Acordadas del CSW70 para reforzar el acceso a la justicia para mujeres y niñas a nivel global.
Foto: ONU Mujeres/Ryan Brown.
Nueva York — 16 de marzo de 2026. —Treinta y siete países aprobaron en la sede de Naciones Unidas un conjunto de Conclusiones Acordadas para reforzar el acceso a la justicia de todas las mujeres y niñas a nivel global, en el marco del 70° período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW70).
El acuerdo, adoptado por amplio consenso el pasado viernes, insta a los gobiernos a revisar y derogar leyes discriminatorias relacionadas con el matrimonio infantil, la violencia, el derecho de familia y los derechos de propiedad. Estados Unidos fue el único voto en contra, marcando la primera vez en la historia de la comisión en que un resultado no se aprueba por unanimidad.
El documento representa la culminación de semanas de negociaciones en las que un grupo reducido de países, entre ellos Arabia Saudita, Argentina y Rusia, intentó reabrir aspectos del texto ya pactados en ediciones anteriores. Un amplio bloque de delegaciones se opuso y logró preservar los compromisos previos, aunque con algunas concesiones menores. La directora ejecutiva de ONU Mujeres, Sima Bahous, celebró el resultado al señalar que las conclusiones representan un avance para poner fin a la impunidad y construir sistemas de justicia incluyentes.
Entre las disposiciones centrales figuran el reconocimiento formal de trabajadores comunitarios de justicia dentro de marcos legales nacionales, nuevos compromisos sobre justicia digital y gobernanza de inteligencia artificial, así como medidas para establecer sistemas con enfoque de género en contextos de conflicto. El acuerdo también llama a ampliar el acceso a asistencia jurídica y a fortalecer mecanismos nacionales contra la violencia.
Mujeres indígenas de México exponen barreras en el acceso a la justicia
En un foro paralelo sobre mujeres indígenas, representantes de México, Perú, Guatemala, Canadá y Australia expusieron que la interculturalidad en los sistemas de justicia va mucho más allá de contar con traductores.
Ingrid Gómez Saracibar, subsecretaria para una vida libre de violencias de la Secretaría de las Mujeres, informó que en el país existen alrededor de 12 millones de mujeres indígenas, 68 lenguas originarias y un 12% de mujeres que no habla español, lo que exige una mirada intercultural en el acceso a la justicia.
La representante de Equis Justicia para las Mujeres precisó que las mujeres indígenas reciben hasta seis años más de prisión que personas no indígenas en situaciones similares, además de enfrentar extorsiones y presiones para reconocer culpas que no les corresponden. Citó como referentes las sentencias de los casos Ernestina Ascencio e Inés Fernández, ambas resueltas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como hitos para incorporar el enfoque intercultural en la impartición de justicia.
Por su parte, Norma Don Juan Pérez, del Consejo Colegiado del Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas, indicó que sus pueblos poseen cosmovisión y saberes propios, y que se requiere incorporar a mujeres indígenas como abogadas y en espacios de la ONU para construir políticas interculturales que atiendan las violencias específicas que enfrentan niñas y mujeres originarias.
Según la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2022, el 40.8% de las mujeres indígenas en México considera que sus derechos humanos no se respetan, y el 92.7% de quienes experimentaron una negación de derechos no denunció, al estimar que las autoridades no les harían caso.
El CSW70 sesiona del 9 al 19 de marzo en Nueva York, con la participación de gobiernos, sociedad civil y organismos de la ONU, con el objetivo de impulsar políticas y financiamiento para la igualdad de género. ONU Mujeres hizo un llamado a alzar la voz por los derechos de las mujeres frente a un contexto global de retrocesos.
Ernestina Ascencio Rosario, mujer náhuatl monolingüe de 73 años, fue agredida sexualmente por militares en Tetlatzinga, Veracruz, en febrero de 2007 y murió sin recibir atención médica.
Foto: Ilustrativa.
México, 2 marzo 2026.- La Fiscalía General de la República (FGR) informó que atraerá el caso de Ernestina Ascencio Rosario, mujer indígena náhuatl monolingüe de 73 años agredida sexualmente por elementos del Ejército mexicano en febrero de 2007 en la comunidad de Tetlatzinga, en la Sierra de Zongolica, Veracruz, quien murió al día siguiente sin recibir atención médica.
La decisión se produce en cumplimiento de la sentencia emitida el 30 de septiembre de 2025 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que declaró la responsabilidad internacional del Estado mexicano por la vulneración de los derechos a la integridad personal, la vida y el acceso a la justicia de la víctima y su familia.
La investigación ocurre 19 años después de los hechos, luego de que la indagatoria realizada por la fiscalía local de Veracruz no se desarrolló conforme a los estándares internacionales aplicables, según reconoció la propia FGR. En diciembre pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo había anunciado que el Estado mexicano cumpliría con la sentencia de la Corte IDH, señalando que la agresión ocurrió durante el gobierno de Felipe Calderón, en el contexto de la llamada "guerra contra el narco".
Organizaciones de la sociedad civil que representan a la familia exigieron hace tres días al Estado presentar una hoja de ruta concreta para la implementación de las medidas ordenadas, ante la ausencia de propuestas claras desde la notificación del fallo en diciembre.
Las indagatorias estarán bajo la conducción del Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres (Fevimtra), con apego a los estándares internacionales en materia de derechos humanos. La FGR precisó que llevará a cabo una investigación exhaustiva sobre hechos posiblemente constitutivos de tortura sexual, así como sobre la pérdida de la vida de la agraviada, con diligencia reforzada y enfoque interseccional, tal como ordenó la Corte IDH.
Sentencia histórica por discriminación múltiple contra mujer indígena en Veracruz
El fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos constituye un precedente regional al reconocer las múltiples formas de discriminación que enfrentan las mujeres indígenas: por género, etnia y edad. La Corte determinó además que hubo intervención indebida de altas autoridades para garantizar la impunidad de los responsables, y que las barreras lingüísticas a las que se enfrentó la familia agravaron la negación de justicia.
Entre las medidas de reparación ordenadas destacan una investigación penal exhaustiva para identificar, procesar y sancionar a los responsables; tratamiento médico, psicológico y psiquiátrico para los familiares; un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional; programas de formación para funcionarios públicos, y la creación de un Registro Nacional de Intérpretes y Traductores en Lenguas Indígenas para los sistemas de salud y justicia.
Seis organizaciones nacionales e internacionales, entre ellas Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos (AJDH) y el Robert and Ethel Kennedy Human Rights Center, acompañan el proceso y mantienen vigilancia sobre el cumplimiento del fallo. Como ha expresado Martha Inés Ascencio, hija de la víctima: la sentencia debe servir para que lo que le ocurrió a su madre no se repita con ninguna otra mujer.
Cabe señalar que este medio buscará la postura de la Secretaría de la Defensa Nacional sobre los señalamientos relacionados con la participación de elementos castrenses en los hechos documentados por la Corte IDH.
El asesinato ocurrió el mismo día en que autoridades localizaron 14 cuerpos en fosas clandestinas en El Verde, a donde el colectivo tenía previsto acudir.
Foto: ONU México/Luis Arroyo
México, 2 Marzo de 2026.- Rubí Patricia Gómez Tagle, madre buscadora de 38 años integrante del colectivo Corazones Unidos por una Misma Causa en Mazatlán, fue asesinada en su domicilio el 27 de febrero, el mismo día en que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezaba una conferencia de prensa en esa ciudad acompañada por todo su gabinete de seguridad.
La Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó que la víctima presentaba lesiones en distintas partes del cuerpo, presuntamente producidas por arma punzocortante.
Rubí Patricia buscaba a su hijo Edgar López, quien desapareció en el puerto de Mazatlán el año pasado. Ese mismo día, su colectivo tenía previsto acudir a El Verde, donde autoridades habían localizado fosas clandestinas con un total de 14 cuerpos.
Las compañeras buscadoras, al no tener noticias de ella, se trasladaron a su domicilio, donde encontraron el cuerpo. Hasta el momento, la Fiscalía de Sinaloa no ha informado sobre líneas de investigación ni detenidos relacionados con el asesinato de la activista.
En la conferencia matutina desde Mazatlán participaron, junto a la presidenta y el gobernador Rubén Rocha Moya, la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez; el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch; el secretario de Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo; el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles; el comandante de la Guardia Nacional, Guillermo Briseño Lobera, y la secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, entre otros funcionarios.
Asesinato de madre buscadora en Mazatlán suma a patrón de violencia contra colectivos
El homicidio de Rubí Patricia Gómez Tagle se suma a otros casos documentados en México de madres buscadoras asesinadas, un patrón que organizaciones de derechos humanos han señalado como una forma de violencia dirigida contra quienes exigen verdad y justicia por sus familiares desaparecidos.
La coincidencia temporal con la presencia del gabinete completo de seguridad en Mazatlán fue señalada de inmediato por colectivos y activistas en redes sociales, quienes cuestionaron la capacidad del Estado para proteger a quienes buscan a sus desaparecidos en zonas de alta conflictividad.
Cabe señalar que este medio buscará la postura oficial de la Presidencia de la República y de la Fiscalía de Sinaloa sobre los señalamientos en torno al contexto en que ocurrió el asesinato y las medidas de protección existentes para integrantes de colectivos de búsqueda en el estado.
La tragedia reaviva las denuncias previas de maltrato y negligencia en albergues del DIF Oaxaca presentadas ante la Cámara de Diputados federal.
Foto: Ilustrativa/Gobierno del Estado de Oaxaca.
Oaxaca, 2 Marzo de 2026. —Dos niñas haitianas de seis años murieron al caer en una cisterna dentro del Centro de Asistencia Social Casa Pato, un centro de tránsito perteneciente al Sistema DIF Estatal en Oaxaca, donde estaban albergadas junto con su madre.
La Fiscalía General del Estado informó que las menores se encontraban jugando en inmediaciones del área donde se ubica una fosa séptica dentro del recinto cuando ocurrió la tragedia, y que las indagatorias se llevan a cabo con perspectiva de género y enfoque especializado en niñez, privilegiando el interés superior de la infancia.
El hecho ocurre en medio de denuncias previas contra el DIF Oaxaca por presuntos actos de maltrato, robo del dinero de tarjetas Bienestar a menores albergados y nepotismo, señalamientos que el gobernador Salomón Jara Cruz había descartado apenas horas antes de la tragedia, asegurando que se trataba de "desinformación de mala fe".
Hasta el momento, la institución no ha emitido una postura integral sobre la relación entre esas denuncias previas y el fatal desenlace.
En conferencia de prensa, el secretario de Gobierno, Jesús Romero López, anunció la separación inmediata de la directora general del DIF Oaxaca, Maribel Salinas Velasco, quien será investigada por presunta negligencia; de la coordinadora general de Albergues, Cristina Ramírez Vargas, y de la directora del centro Casa Pato, cuyo nombre no fue dado a conocer. Dos de las funcionarias fueron puestas a disposición del Ministerio Público para deslindar responsabilidades.
La procuradora estatal de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Yarib Hernández García, señaló que en la protección de menores no puede haber omisiones y advirtió que, si las hubo, habrá consecuencias. Por su parte, la secretaria de Honestidad, Transparencia y Función Pública, Leticia Elsa Reyes López, confirmó que su dependencia realizará las investigaciones administrativas y penales que se requieran. "Ningún servidor público puede quedar impune por no realizar sus facultades correspondientes", indicó.
Denuncias previas al interior del DIF Oaxaca
Las quejas contra el albergue infantil no eran nuevas. Las legisladoras del Partido del Trabajo Margarita García y Araceli Cruz las habían presentado incluso en la Cámara de Diputados federal, donde acusaron, según su versión, irregularidades en el manejo de los recursos destinados a los menores. A juicio de ambas legisladoras, la institución que preside Irma Bolaños Quijano arrastraba problemas de supervisión que el gobierno estatal minimizó.
La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca había realizado, según informó Jara Cruz, una investigación previa que no encontró ninguna irregularidad; sin embargo, este medio buscará la versión oficial actualizada de la dependencia sobre los señalamientos en el contexto de la tragedia.
No se ha determinado aún el motivo por el que las niñas y su madre se encontraban en el Centro de Asistencia Social Casa Pato, recinto al que se puede acceder por aseguramiento migratorio o de manera voluntaria. Tanto el gobernador Jara Cruz como el secretario Romero López asumieron la responsabilidad institucional del hecho y se comprometieron a esclarecer lo sucedido.
