Ciudad de México.- Las consejeras sociales del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) se pronunciaron en contra de la falta de justicia y de medidas de protección para las víctimas del virtual candidato a la gubernatura de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, acusado penalmente por el delito de violación sexual.
Por medio de un pronunciamiento público, las actuales 14 consejeras y las ciudadanas que en años anteriores integraron este mecanismo de participación ciudadana calificaron de inadmisible lo que ocurre en Guerrero, donde hay una carpeta de investigación abierta desde 2016 contra Felix Salgado pero sin avances.
Es de recordar que en medio del periodo para que los partidos registren sus candidaturas a cargos de elección, a partir del 5 de enero, el exfiscal de Guerrero, Xavier Oléa Peláez, afirmó a diversos medios de comunicación que el candidato de Morena tenía una denuncia penal por el delito de violación en la Fiscalía estatal y una más en la Fiscalía General de la República (FGR). Oléa Peláez también reveló que en 2018 el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, le ordenó no detener a Félix Salgado.
Ante estas acusaciones penales –que se hicieron publicas en noviembre pasado y resurgieron por las declaraciones del exfiscal–, y luego de que el 30 de diciembre el presidente de Morena, Mario Delgado, anunció a Salgado Macedonio como candidato a la gubernatura de Guerrero, las consejeras del Inmujeres criticaron que se pretenda tratar el caso como un asunto político minimizando así la gravedad del delito de violencia sexual.
En entrevista con esta agencia, la consejera del Inmujeres, Alba Adriana Jiménez Patlán, expuso que la falta de justicia en este caso es una situación que las consejeras ven de forma cotidiana en sus estados, donde acompañan a víctimas. En muchas fiscalías, dijo, se hacen pactos patriarcales entre los acusados, los jueces y los ministerios públicos. En el caso del senador con licencia hubo un pacto entre altos funcionarios, incluido el gobernador, como lo reconoció el exfiscal Oléa Peláez en sus afirmaciones.
Al respecto, la defensora criticó las omisiones del entonces funcionario al no perseguir un delito que estaba en investigación. Por esta actuación, el pasado 7 de enero la Fiscalía del estado anunció que revisaría la acusación penal 12030270100002020117 que se encuentra en revisión en la Dirección General Jurídica Consultiva de la Fiscalía e informó que abrió otra indagatoria para deslindar la responsabilidad del exfiscal Oléa Peláez.
Jiménez Patlán señaló que también es necesario que las autoridades correspondientes tomen medidas de seguridad y protección para las víctimas, ya que hoy se está borrando lo que pasa con las mujeres. El caso, dijo, muestra que a las víctimas de violencia sexual no se les cree y por eso en este caso han pasado casi tres años sin que se sancione un delito que, incluso, está comprobado con videos y fotografías, como se asienta en la carpeta de investigación que está en la Fiscalía estatal.
Por otro lado, el pasado 21 de diciembre el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó por unanimidad los formatos de la declaración 3 de 3 contra la violencia de género. En estos documentos, las y los aspirantes a candidaturas deben declarar, bajo protesta de decir verdad, que no cuentan con condena o resolución firme por violencia familiar y/o doméstica, delitos sexuales o por ser deudor alimentario o moroso.
El acuerdo del organismo electoral, publicado el 31 de diciembre de 2021 en el Diario Oficial de la Federación, señala que una persona que aspira a una candidatura y fue sancionada por violencia contra las mujeres no podrá acceder a un cargo de elección popular “al no tener las cualidades que se requieren para representar los intereses de la sociedad mexicana”. En el caso de Salgado Macedonio, aunque hay dos denuncias penales, las carpetas de investigación no se han judicializado y aún no existe una condena por el delito del que se le acusa.
La Secretaría de Seguridad Pública Municipal reportó disminución en delitos patrimoniales con reducción de 33% en robo de autopartes y recuperación de 991 vehículos robados mediante despliegue operativo y coordinación interinstitucional.
La dependencia operará los días 25 de diciembre y 1 de enero con horario de 9:00 a 16:30 horas para garantizar atención ciudadana durante días festivos; pagos serán únicamente digitales.
Feministas exigen a congresos estatales cumplir sentencias sobre despenalización del aborto en México.
Cdad. de México, diciembre (SEMlac).- A dos semanas de terminar el año, el avance de la despenalización del aborto en México sumó 25 entidades, lo que ha sido gradual desde el inició en 2007 de la aprobación de la Interrupción Legal del embarazo en la Ciudad de México.
El estado más reciente fue Tlaxcala, que cumplió la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que eliminó barreras para el acceso a la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas de gestación.
El costo fue para las feministas de esa entidad, quienes fueron objeto de amenazas, hostigamientos y discursos de odio, por lo que en un comunicado del 11 de diciembre pasado exigen respeto al Estado laico y garantías de seguridad para las defensoras de derechos sexuales y reproductivos.
Hasta hoy son siete los estados donde no es oficial la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas de gestación; en dos de ellos, Morelos y Durango, sólo está pendiente que el Congreso respectivo aplique las sentencias de la SCJN.
En tanto, en Guanajuato, en la misma sesión del 4 de diciembre, las y los legisladores aprobaron el matrimonio igualitario, pero optaron por archivar las iniciativas sobre derechos reproductivos. En 2025, en tres ocasiones -mayo, junio y diciembre- rechazaran despenalizar en su Código Penal la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas.
Entonces, sigue penalizado el aborto en Guanajuato, Durango, Morelos, Querétaro, Nuevo León, Tamaulipas y Sonora, entidades que han sido gobernadas por diversos partidos políticos de derecha y de izquierda. En estas siete entidades, Guanajuato y Morelos tienen una gobernadora, Sonora tuvo una gobernadora en el sexenio anterior.
Guanajuato
La discusión para despenalizar el aborto en Guanajuato se ha dado en seis ocasiones en 25 años: la primera vez ocurrió en el año 2000; en 2008, 2021, 2024 y en 2025, en tres ocasiones; hasta hoy no ha sido posible.
Se mantienen las sanciones contra el aborto en Guanajuato, que de acuerdo con el Código Penal del Estado se castiga con sanción de seis meses a seis años de prisión, con las excepciones de casos de violación o riesgos de la salud para la mujer.
Guanajuato, ubicado en el centro del país, ha estado gobernado por la derecha, representada por el Partido Acción Nacional de forma constante desde inicio de la década de los noventa, con mayoría de diputados en esa corriente ideológica, condición que ha impedido que en estas seis ocasiones se apruebe el derecho de las mujeres a decidir, pese a llamados internacionales como los hechos por la ONU para respetar los derechos sexuales y reproductivos.
Pese a la decisión de los gobiernos de derecha, los colectivos feministas de Guanajuato continúan exigiendo la despenalización total del aborto y han condenado la decisión del Congreso local de rechazar las iniciativas presentadas en 2025 para reformar el Código Penal del estado.
Las feministas mantienen una postura firme a favor del derecho al aborto legal, seguro y gratuito, incluso mantienen un litigio estratégico y el activismo social, como la Red de Acompañantes de Aborto León y Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), que han presentado denuncias y amparos ante el Poder Judicial de la Federación contra el Congreso estatal, esperando que un fallo de la SCJN obligue finalmente a la despenalización en Guanajuato.
La Red de Acompañantes de Aborto León escribió, en su red social de Facebook, a propósito del reciente nuevo intento por la despenalización: "Ayer 4 de diciembre, por tercera vez el Congreso decidió darle la espalda a las mujeres, adolescentes y niñas del estado, archivando las iniciativas que promovían la despenalización del aborto. Pero este no es el fin de nuestra lucha".
Morelos y Durango tienen reformas pendientes En Morelos el aborto sigue penalizado en el Código Penal estatal, pese a que la Corte mexicana ordenó al gobierno local garantizar el acceso al aborto legal y seguro, así como impulsar la despenalización legislativa y exigir al poder ejecutivo implementar servicios y campañas de difusión, aunque el Congreso local aún no ha reformado la ley, generando una situación de obligación judicial frente a un proceso legislativo lento, según fallos de septiembre de 2025.
A diferencia de Guanajuato, desde los primeros años del siglo XXI, Morelos ha estado gobernado por el derechista partido Acción Nacional (PAN), en las tres últimas por el extinto Partido de la Revolución Democrática, el Partido Encuentro Social y por Morena.
En septiembre de 2025, la Primera Sala de la SCJN resolvió un amparo colectivo (Amparo en Revisión 570/2024) que ordena al gobierno de Morelos garantizar el acceso al aborto legal y seguro, declarando la inconstitucionalidad de su penalización y obligando al Poder Ejecutivo y Servicios de Salud a implementar el servicio sin importar la reforma legislativa, protegiendo a mujeres gestantes y personal médico de la criminalización, estableciendo precedentes para la despenalización total en el estado.
La decisión se basa en el amparo de 48 mujeres, resolviendo la inconstitucionalidad de artículos del Código Penal de Morelos que castigaban el aborto voluntario. Sin embargo, el Congreso del estado aún no ha aprobado la reforma correspondiente, pese a que ya existe un dictamen avalado en comisiones.
El primero de diciembre, la diputada de Morena, Melissa Montes de Oca Montoya, quien preside la Comisión de Equidad de Género, informó que el dictamen sobre la despenalización del aborto en Morelos fue aprobado en comisión por seis votos contra cinco, pero actualmente permanece detenido en la Conferencia para la Programación de Trabajos Legislativos, a la espera de un nuevo requerimiento del juez, antes de ser turnado al Pleno.
Durango
La misma situación se repite en Durango: el 18 de julio de 2025, el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito resolvió el Amparo en Revisión 116/2023 presentado por Sí hay mujeres en Durango y GIRE, y declaró inconstitucionales los artículos que prohíben de forma absoluta el aborto voluntario en el Código Penal de Durango; además, ordenó al Congreso local reformar la legislación penal.
En este siglo, Durango ha tenido cuatro gobernadores del PRI y un intermedio del PAN; sin embargo, no se ha logrado cumplir con la despenalización del aborto.
El 28 de septiembre, en conferencia de prensa, Julieta Hernández Camargo, presidenta de Si hay Mujeres en Durango, explicó que el 18 de julio, la Corte emitió un ordenamiento que obliga a los diputados a derogar del Código Penal el delito de aborto. En 2025, el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito resolvió un amparo en el mismo sentido: el Congreso estatal debe acatar y reformar la normativa, de lo contrario los legisladores se harán acreedores a sanciones que incluyen multas e incluso la inhabilitación de cinco a 10 años para ocupar cargos públicos.
La activista Hernández Camargo hizo un llamado al Congreso local y a la Secretaría de Salud de esa entidad a cumplir con lo ordenado por el tribunal, otorgar certeza jurídica a quienes decidan interrumpir un embarazo y garantizar la prestación del servicio en hospitales públicos. La exigencia es clara: que se respete la sentencia, se elimine la penalización y se garantice a las duranguenses el acceso libre, seguro y gratuito a este derecho.
Querétaro El Congreso de Querétaro rechazó en octubre de este año una iniciativa para despenalizar parcialmente el aborto, pese a que la Suprema Corte ha declarado inconstitucionales los artículos que lo criminalizan y otros estados ya lo han hecho. La decisión se tomó en una sesión criticada por falta de diálogo y transparencia.
Actualmente, solo permite el aborto en casos de violación o cuando el embarazo es resultado de un accidente, y a pesar de la inconstitucionalidad, el congreso se resiste a armonizar su Código Penal.
En Querétaro también han predominado los gobiernos encabezados por el PAN.
Nuevo León En la actualidad, el aborto en Nuevo León está penalizado por el Código Penal local hasta con un año de prisión para la mujer que aborte voluntariamente.
Sin embargo, existen ciertas razones por las que el aborto esta despenalizado en Nuevo León: cuando el embarazo sea producto de una violación, cuando de no realizarse el aborto la mujer corra peligro de muerte o de grave daño a su salud.
Esta entidad, considerada entre las más importantes financieramente, ha sido gobernada por el PAN, PRI, un independiente y por Movimiento Ciudadano.
Sonora El aborto de manera voluntaria por decisión propia de la mujer no es legal, pero su ley establece que las mexicanas tienen derecho a interrumpir un embarazo por tres causales; violación, aborto de manera voluntaria y peligro de muerte de la persona gestante.
El aborto en Sonora es un delito tipificado en el Código Penal y está reforzado por un "candado legal" en la Constitución local que protege la vida desde la concepción.
Las colectivas feministas han intensificado su lucha para exigir la despenalización y legalización inmediata de esta práctica y denuncian falta de voluntad política y misoginia por parte del gobierno del morenista Alfonso Durazo, quien le ha dado largas al tema desde que llegó al poder en 2021.
En el siglo XXI, los gobiernos de Sonora han sido en tres ocasiones del PRI, del PAN y de Morena.
Tamaulipas En Tamaulipas el aborto sigue siendo un delito con excepciones legales, si el embarazo es producto de una violación, si la vida de la mujer corre peligro, o por imprudencia de la mujer. Pero hay un proceso legislativo en curso para cambiar esta situación y las mujeres que buscan una interrupción voluntaria deben encontrar servicios en otros estados de México.
El presidente de la Junta de Gobierno de la diputación local, Humberto Prieto Herrera, declaró a Milenio el 30 de octubre pasado, que ya tienen casi lista una iniciativa sobre la despenalización del aborto y el proyecto legislativo será llevado a un parlamento abierto donde la ciudadanía pueda expresar sus puntos de vista sobre el tema.
Aunque no precisó cuándo. Señaló que, en su momento, la Comisión de Puntos Constitucionales habrá de dictaminar la propuesta, para posteriormente someterla a consideración del Pleno del Congreso Local, que decidirá si se aprueba. Tamaulipas ha sido gobernada en el presente siglo tres veces por el PRI, una vez por el PAN y ahora por Morena.
La Secretaría de Obras Públicas reportó ejercicio de 150 millones de pesos en obra pública con cierre al 90 por ciento del presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal Palabras: 30.
El Centro de Infracciones Municipales servirá lomo enchilado en Navidad y pollo cordon bleu en Año Nuevo a quienes pasen las fiestas arrestados por alcoholímetro.
El presidente municipal de Querétaro acompañó a Josué Guerrero Trápala en la colonia Los Olvera, donde refrendó compromiso de coordinación entre alcaldes para atender a población vulnerable.
Corte Interamericana emite sentencia histórica sobre caso de violencia contra mujer indígena en México. Foto: Corte IDH/flickr.
Cdad. de México, diciembre (SEMlac).- La decisión de la Corte IDH reviste una importancia histórica que permitirá abordar las múltiples barreras que enfrentan las mujeres indígenas en el acceso a la justicia frente a la violencia y discriminación por razones de etnia, género y exclusión económica, al declarar que las violaciones perpetradas por el Estado en perjuicio de las víctimas Ernestina Ascencio Rosario y Familia.
Así lo señalan en un comunicado la familia de doña Ernestina Ascencio Rosario y sus representantes, quienes afirman que las violaciones a derechos humanos de las que han sido objeto, tras casi 19 años, fueron resultado de la violencia institucional, la discriminación estructural y la violación del derecho a la verdad, que derivaron en la impunidad de los responsables y proponen que el Estado mexicano "proponga una hoja de ruta" para cumplir con la sentencia.
Por ello celebran la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que declaró la responsabilidad internacional del Estado mexicano por la violación sexual, tortura y muerte de doña Ernestina Ascencio Rosario, indígena nahua monolingüe de 73 años, agredida en febrero de 2007 por miembros del Ejército Mexicano en la Sierra de Zongolica, Veracruz.
La sentencia avanza en la protección de las personas mayores, al declarar que adquiere un carácter reforzado cuando la edad se cruza con otros factores de vulnerabilidad, como el género y el origen étnico, particularmente en contextos de militarización, donde se agravan las condiciones de violencia, exclusión y discriminación estructural, refieren en un comunicado firmado por seis organizaciones.
Destacan que en la notificación de la sentencia, informada el 16 de diciembre desde Costa Rica, la Corte IDH reiteró el reconocimiento de los obstáculos estructurales que enfrentan los pueblos y las personas indígenas en el acceso a la justicia, como resultado de las dinámicas históricas de discriminación, marginación y exclusión social, y ordenó al Estado adoptar medidas para su eliminación.
El análisis sistemático que realizó la Corte de los factores que garantizaron impunidad a los responsables, tales como las declaraciones públicas de altas autoridades, incluido el entonces presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, hace visible la manera en que la conducta estatal condujo a perpetuar la discriminación, la impunidad y a profundizar la situación de vulnerabilidad de la señora Ernestina y de su familia; en consecuencia, el Estado incurrió en violencia institucional.
Una nueva metodología De acuerdo con la familia de Ernestina Ascencio Rosario y sus representantes, con la sentencia se sienta un precedente en la forma de abordar y analizar la actuación del Estado y se ofrece a las fiscalías y a quienes imparten justicia, una metodología para asegurar una actuación en el marco de las garantías del debido proceso y la protección judicial, centrada en los derechos de las víctimas y las condiciones de vulnerabilidad que enfrentan por razones étnicas, de género y cualquier otro factor de discriminación.
En consecuencia, la Corte ordenó al Estado, entre otras medidas de reparación, realizar una investigación penal exhaustiva en un plazo razonable, de la violación, tortura y muerte de doña Ernestina, que derive en la sanción de los responsables.
Además, adoptar medidas de satisfacción y rehabilitación, como brindar atención médica y psicológica culturalmente adecuadas a sus familiares; hacer pública la sentencia y realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad; y otorgar becas de estudios básicos, técnicos y/o universitarios a nietos y nietas de doña Ernestina que así lo deseen.
También ordenó al Estado mexicano implementar un programa de formación y capacitación de servidores públicos en los aspectos señalados en la sentencia; a fortalecer el centro de salud ubicado en el municipio de Soledad Atzompa; a adoptar medidas en materia de salud y justicia con perspectiva de género, étnica y etaria; a atender las barreras lingüísticas que enfrentan las mujeres indígenas en el Estado de Veracruz y a elaborar un registro nacional de intérpretes de lenguas indígenas.
El Estado deberá informar dentro de un año sobre el cumplimiento de estas medidas y la Corte lo supervisará hasta su plena implementación.
"Estoy muy contenta porque nosotras solas no sabíamos qué íbamos a hacer y ustedes nos apoyaron. Ahora con la sentencia, ya sabemos que sí nos hicieron caso. A tres meses de cumplir los 19 años de la muerte de mi mamá, hoy escuché un poco de justicia de lo que hemos venido luchando, pero falta que el Estado cumpla con lo que le ordenaron", dijo Martha Inés Asencio, hija de doña Ernestina, tras conocer la sentencia.
Para Patricia Benítez Pérez, coordinadora del Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio Montesinos, "la sentencia de la Corte IDH honra la memoria de doña Ernestina Ascencio Rosario. La verdad acallada durante 19 años de la familia Inés Ascencio ha sido dignificada en el más alto Tribunal de justicia en la región, que respalda la verdad y las palabras que en vida expresó doña Ernestina: 'Pinomeh xoxokmeh nopan omotlahtlamotlakeh' (`Los hombres de verde se me echaron encima´)".
A su vez, Julia Marcela Suárez Cabrera, representante de Asesoría Jurídica y Defensa de los Derechos Humanos, señaló que "el reclamo que emprendimos para conocer la verdad sobre los agravios perpetrados contra doña Ernestina y su familia, posibilitó que la Corte IDH les brindara justicia y ordenara al Estado la implementación de medidas de reparación para las víctimas y de no repetición, que garanticen los derechos de las mujeres indígenas en México".
Las representantes de las víctimas consideramos que la jurisprudencia emitida por la Corte en este caso será una herramienta fundamental en la lucha contra el racismo estructural que, como en el presente caso, se manifiesta con la discriminación racial que enfrentan las mujeres indígenas y otros sectores históricamente discriminados que buscan protección judicial frente a las violencias ejercidas en su contra.
Casi dos décadas después
La sentencia llega luego de casi dos décadas de ocurridos los hechos, de búsqueda ininterrumpida de la verdad, la justicia y la reparación sin resultados, lo que llevó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a presentar el caso ante la Corte IDH en el 2023.
La prolongada falta de respuestas estatales adecuadas consolidó, hasta el día de hoy, un escenario de impunidad y violación del derecho a la verdad que la decisión de la Corte IDH busca corregir y que refleja las fallas estructurales del Estado en la garantía integral de los derechos humanos de las mujeres indígenas, en especial del derecho a una vida libre de violencia y discriminación, el derecho a una vida digna, así como a tener las garantías adecuadas de acceso a la verdad y la justicia.
El comunicado fue suscrito por las organizaciones Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos (AJDH), el Centro de Servicios Municipales Heriberto Jara A.C. (CESEM), Kalli Luz Marina A.C., la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas (CONAMI), el Robert and Ethel Kennedy Human Rights Center y el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos.
Como representantes de las víctimas, tras la notificación de la sentencia solicitaron formalmente al Estado mexicano que proponga una hoja de ruta para el cumplimiento pleno de la sentencia, lo cual le brinda la oportunidad de honrar la palabra empeñada al declarar el 2025 "Año de las Mujeres indígenas", cumpliéndola a cabalidad y sin mayor dilación.
Cuba: Inserción laboral, una clave para la inclusión social. Foto: Ilustrativa/ SEMlac Cuba.
La Habana, diciembre (SEMlac).- Potenciar y garantizar la inserción laboral de las personas en situación de discapacidad es un "pilar fundamental" para su plena inclusión social, coincidieron en La Habana representantes de las cuatro principales asociaciones que agrupan a este sector de la población en Cuba.
Más allá de cifras y marcos legales, es necesario un cambio cultural que posicione a las personas en situación de discapacidad como profesionales competentes y sujetos de derecho, argumentaron durante el panel "Cuba y la protección de los derechos de las personas con discapacidad", realizado el viernes 12 de diciembre en la Biblioteca Nacional "José Martí", en La Habana.
El encuentro reunió a directivos de la Asociación Cubana de Personas con Discapacidad Físico-Motora (Aclifim), la Asociación Nacional del Ciego (Anci), la Asociación Nacional de Sordos de Cuba (Ansoc) y la Asociación Cubana de Personas en Situación de Discapacidad Intelectual (Acpdi), organizaciones que agrupan a una comunidad de alrededor de 400.000 personas en la nación caribeña.
Según sus organizadores, el espacio sirvió para examinar, desde la perspectiva de las propias personas con discapacidad y sus organizaciones, la implementación en Cuba de los postulados de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, tratado internacional adoptado por las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006 y ratificado por la isla caribeña.
Ana María Mejías, en representación de la Ansoc, destacó la aprobación del Decreto-Ley 94/2024, "De la Lengua de Señas Cubana" como paso esencial para la integración sociolaboral de las personas sordas. "Ya no es un sueño, es una realidad. Este instrumento es fundamental para derribar la barrera de la comunicación en el ámbito laboral", afirmó.
Sin embargo, apuntó que se trata solo del primer paso: "necesitamos que se multipliquen los intérpretes, que las administraciones asuman la obligación de facilitar la comunicación".
Desde la Aclifim, que agrupa a más de 94.000 personas de las cuales unas 14.000 usan sillas de ruedas, su presidenta, la abogada Mabel Ballesteros López, recordó que el acceso al empleo es parte de sus principios fundacionales.
"Uno de nuestros primeros motores fue el deporte, pero inmediatamente después vino la demanda de empleo". Surgieron talleres especiales de formación y hoy más de 15.000 asociados están en empleo ordinario, explicó Ballesteros.
Lo más importante, dijo, es la realización personal y profesional. El objetivo es "que una persona en silla de ruedas, con una discapacidad compleja, pueda ser líder en su comunidad o un profesional destacado".
Un testimonio concreto de inclusión llegó desde la Acpdi. Richard Carlos Pérez Álvarez, joven con discapacidad intelectual y trabajador de la sede nacional de la asociación, compartió su experiencia guiada por el lema 'yo quiero, yo puedo, yo soy capaz'.
En opinión de Mayelín Oliva, presidenta de la Acpdi, una de las fortalezas fundamentales de su joven organización ha sido la inserción efectiva de sus miembros a la sociedad. Entre los éxitos más relevantes mencionó la expansión de su trabajo a nueve provincias y 24 municipios de Cuba.
Un hito significativo, explicó, ha sido la creación, de conjunto con el Estado, del Centro de Desarrollo de Habilidades y Cuidados para personas con discapacidad intelectual mayores de 18 años.
Incidir en las leyes, el camino al nuevo Código de Trabajo
Entre los aspectos más destacados por los representantes de las asociaciones estuvo su implicación en la elaboración del anteproyecto del nuevo Código de Trabajo.
"Hemos participado desde la base, recogiendo la experiencia de nuestros asociados en los territorios. No es una propuesta que se elabora desde un escritorio en La Habana", aseguró Jorge Luis Cala, presidente de la Anci.
En ese sentido, explicó que se ha logrado incorporar en las normativas nacionales principios clave de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, como los llamados "ajustes razonables" -implementar adaptaciones necesarias en el puesto de trabajo- y el "diseño universal".
Entre las novedades que esperan ver consolidadas están los incentivos fiscales para personas naturales y jurídicas que contraten a personas con discapacidad.
Cala también abordó el crucial tema de la tecnología. En su opinión, el manejo de las TIC y herramientas como la inteligencia artificial pueden ser un gran igualador. "Trabajamos para que nuestras personas se capaciten y para que el entorno digital cubano sea cada día más accesible, a pesar de las limitaciones que impone el bloqueo al acceso a ciertas plataformas y software", detalló.
Ante la pregunta de qué mecanismos existen para denunciar casos de discriminación laboral, las asociaciones fueron claras.
Recurrieron al texto constitucional cubano, que prohíbe tajantemente la discriminación por discapacidad, y enumeraron vías posibles: los tribunales laborales, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y los recursos previstos en el Código Civil y de las Familias.
"No podemos permitir que nadie se dé el lujo de violar un derecho. A veces, incluso, quien brinda un apoyo mal entendido puede transgredir la autonomía de la persona. Por eso capacitamos a nuestros asociados para que conozcan y defiendan sus derechos", afirmó Ballesteros.
La presidenta de la Aclifim recalcó que el enfoque debe ser multisectorial y que se requiere de una formación más intensiva para las personas cuidadoras y asistentes, en busca de asegurar que su labor sea de apoyo, nunca de sustitución.
El panel, realizado en forma de diálogo con la prensa, se produjo a pocas semanas de realizarse un primer encuentro nacional donde las cuatro asociaciones fortalecieron un plan de acciones conjuntas para que nadie quede excluido.
"Nos reunimos para decir: 'ante las dificultades económicas, el bloqueo y los desastres naturales, ¿cómo reajustamos nuestras estrategias sin traicionar los objetivos de inclusión?'", explicó Ballesteros.
Como ejemplo de soluciones, mencionó que lograron rehabilitar sillas de ruedas deportivas obsoletas, con apoyo solidario, para reanudar después de una década los juegos de baloncesto adaptado.
Trabajamos para que se entienda que la persona en situación de discapacidad "no es un objeto de caridad, sino un creador, un participante activo. Ese es el cambio cultural que seguiremos impulsando, desde las comunidades hasta la nación", concluyó Ballesteros.
Integrantes de GESMujer Rosario Castellanos durante la conmemoración de su 48 aniversario en Oaxaca. Foto: Gesmujer Rosario Castellanos.
Oaxaca, diciembre (SEMlac).- Son 48 años de acciones que transforman realidades, construyen igualdad y defienden la vida de quienes históricamente han sido excluidas, violentadas e invisibilizadas, resumen 48 años de trabajo ininterrumpido realizado por el Grupo de Estudios de la Mujer "Rosario Castellanos".
En un acto realizado la tarde del 11 de diciembre, María del Rosario Martínez Miguel, presidenta del GESMujer Rosario Castellanos; Soledad Vengas Nava, directora educativa, y Tania Melchor Gómez, directora de Innovación Social, leyeron un pronunciamiento que dedica cuatro puntos de exigencias urgentes al gobierno de Oaxaca: uno, justicia para todas las víctimas de feminicidio, de los 786 asesinatos violentos de niñas y mujeres a siete años de la declaratoria de la Alerta por Violencia de Género, 285 han ocurrido durante la administración de Salomón Jara.
Dos, garantizar la seguridad y la vida de las niñas y las mujeres en situación de violencia, que asuma la obligación de actuar con diligencia, sensibilidad y responsabilidad, a través de la aplicación de protocolos de atención desde una perspectiva de género y un enfoque intercultural; identificación de criterios que eviten la revictimización; una actuación preventiva en casos de riego de violencia feminicida, y una coordinación eficiente para acceder a órdenes de protección, peritajes profesionales, así como anticoncepción de emergencia en casos de violencia sexual.
Tres, implementar políticas públicas reales, con presupuesto suficiente y con mecanismos de vigilancia ciudadana; y cuatro, un alto a todas las formas de violencia hacia la sociedad civil organizada, "desde una narrativa que deslegitima nuestra labor, hasta la represión ante las demandas de justicia, como la ocurrida durante la marcha feminista del pasado 8 de marzo, cuando elementos de la Policía Estatal, desde el techo del Palacio de Gobierno, lanzaron gases lacrimógenos y disparos de balas de goma contra las manifestantes".
En el documento titulado "La memoria nos sostiene, la resistencia nos impulsa, 48 años de resistencia del GESMujer", afirman: seguimos creyendo en la esperanza como un acto político, que las mujeres que transforman sus vidas, que las niñas que sueñan y se atreven, que las defensoras que sostienen territorios y comunidades, y que las colectivas acuerpan.
María del Rosario Martínez Miguel, Soledad Vengas Nava y Tania Melchor Gómez (una segunda generación de mujeres al frente del GESMujer, una iniciativa que surgió de un grupo de estudiantes de sociología de la UABJO y que siguieron a su maestra Margarita Dalton en la década de los setenta), dijeron que, a pesar de la violencia, de las brechas y de la impunidad, siguen creyendo en la esperanza como un acto político.
"Seguimos creyendo en las mujeres que transforman sus vidas. En las niñas que sueñan y se atreven. En las defensoras que sostienen territorios y comunidades. En las colectivas que acuerpan. En la fuerza infinita de quienes luchan todos los días por vivir con dignidad".
Seguimos construyendo otro modo de ser humano
Y parafraseando a la escritora mexicana, cuyo nombre bautiza al Grupo de Estudios de la Mujer "Rosario Castellanos", las tres voceras del mensaje por el 48 aniversario reafirmaron su compromiso de "seguir construyendo otro modo de ser humano y libre", donde las mujeres y las niñas vivan sin miedo, con derechos, con justicia y con la libertad de trazar sus propios caminos.
En el recuento de casi cinco décadas de trabajo, se destacaron los principales objetivos de trabajo, como la educación para transformar destinos impulsando becas, apoyos escolares y procesos formativos que han permitido que niñas, adolescentes y jóvenes ingresen y permanezcan en la escuela, con lo que han cambiado la vida de cientos de mujeres.
Otra línea estratégica ha sido el acceso a la justicia como una respuesta directa a un sistema fallido que no protege a las mujeres.
Incluso, desarrolló una cartografía feminista que monitorea y documenta cada feminicidio, nombrando a cada mujer y señalando el lugar donde fue asesinada por el simple hecho de ser mujer, a manos de un hombre, y dónde su cuerpo fue encontrado.
GESMujer también ha fortalecido el liderazgo de mujeres indígenas, comunitarias y afromexicanas que, históricamente, han sostenido la vida de sus pueblos. Muchas ya ocupan cargos de decisión en sus municipios y comunidades, vigilando y exigiendo que las políticas públicas respondan a las necesidades reales de las mujeres.
La defensa de los derechos humanos implica fuerza, dignidad y resistencia. Por ello desarrollamos una línea estratégica de autocuidado y cuidado colectivo, lo que dio origen a la guía feminista "Gozosa y sin culpa" y desarrolló una aplicación móvil para dispositivos Android para que mujeres, jóvenes y estudiantes tengan acceso directo a herramientas de autocuidado, atención emocional, redes de apoyo y recursos básicos para salvaguardar su vida.
También impulsa la economía feminista como una apuesta por poner la vida en el centro. Acompañando a mujeres que, desde sus saberes -bordado, tejido, cocina, artesanía-, construyen proyectos colectivos que les permiten acceder a recursos, financiamientos y capacitaciones.
Imágenes, memoria y experiencias
Como parte de la conmemoración, se inauguró la exposición fotográfica Así se ve una vida libre de violencias, compuesta por imágenes, memorias y experiencias que celebran la dignidad, la fuerza y la diversidad de las mujeres que forman parte de la Red de Mujeres de Corazón Violeta.
La exposición recuerda que la violencia es una realidad; sin embargo, persisten la esperanza, la creatividad y la capacidad de las mujeres para transformar sus entornos. Cada fotografía representa un gesto de autonomía, de cuidado propio y colectivo, y de lucha por vivir libres de todas las violencias, dijeron en el acto.
Otra de las actividades fue el inicio de la construcción del mural colectivo "Así se ve una vida libre de violencias", donde las y los asistentes llevaron una fotografía, un dibujo o una palabra significativa para integrarla en una pieza colaborativa. Cada aportación individual se convierte en parte de un mensaje conjunto que reconoce la importancia de recordar a quienes ya no están, acompañar a quienes luchan y afirmar que todas las personas tienen derecho a una vida en digna libertad.
Además, se presentó la intervención gráfica mural realizada por el Colectivo Subterráneos, un proyecto que presenta piezas de dos series gráficas que sintetizan elementos de identidad, territorio, lucha social, sueños y resistencias de las mujeres de Oaxaca.
Este trabajo artístico permanecerá como un recordatorio permanente del compromiso de GESMujer con la transformación social y con la construcción de espacios seguros, equitativos y dignos para todas las personas.
Cuba: La violencia de género se expande en el mundo digital. Foto: Ilustrativa/ SEMlac Cuba.
La Habana, diciembre (SEMlac).- La violencia contra mujeres y niñas ha encontrado en los entornos digitales un nuevo escenario para reproducirse, amplificarse y, en muchos casos, volverse más difícil de denunciar y sancionar.
El anonimato, la velocidad de circulación de los contenidos y la escasa percepción de riesgo convierten a las redes sociales y plataformas digitales en espacios donde el control, el acoso, la humillación y las amenazas adquieren nuevas formas, pero conservan raíces profundamente machistas.
Ese fue uno de los consensos del espacio de intercambio Únete por la No Violencia de Género, celebrado el 8 de diciembre en la sede de la Asociación Cubana de las Naciones Unidas (ACNU), en La Habana, a propósito de los 16 Días de Activismo y de los 30 años de la Plataforma de Acción de Beijing.
El encuentro puso el foco en la urgencia de comprender la violencia digital como parte de la violencia de género. Para Etienne Labande, coordinador residente de Naciones Unidas en la nación caribeña, este no es un fenómeno aislado, sino "un medio más para ejercer violencia", con un alcance inédito.
"Tiene un acceso que nunca tuvo antes otro tipo de violencia y llega a muchas más mujeres y niñas", alertó, al tiempo que subrayó la dificultad de identificar responsabilidades, cuando las agresiones se esconden tras perfiles falsos.
Labande llamó a no naturalizar una problemática que ya mostraba cifras alarmantes: una de cada tres mujeres ha sufrido violencia a lo largo de su vida.
Emely Corcho Rosales, profesora de la Facultad de Psicología de la Universidad de La Habana, explicó que las violencias digitales no son ajenas a las dinámicas conocidas de la violencia de género, sino nuevas expresiones de las mismas lógicas de poder y control.
Corcho alertó sobre fenómenos emergentes en las relaciones de pareja, especialmente entre jóvenes, como el love bombing -un "bombardeo" acelerado de afecto que genera manipulación emocional- y el ghosting, marcado por la desaparición abrupta de la otra persona tras una fase de intensa cercanía.
De acuerdo con resultados preliminares de una investigación en curso, aplicada hasta ahora a 359 jóvenes y que prevé ampliarse a más de mil participantes, estos fenómenos presentan una incidencia superior al 50 por ciento en mujeres, frente a menos del 20 por ciento en hombres, detalló.
Aunque pueden afectar a ambos sexos, Corcho subrayó que las mujeres resultan más vulnerables, debido a construcciones socioculturales que refuerzan la búsqueda del amor ideal y la validación afectiva constante.
Estas dinámicas, advirtió, no solo impactan la autoestima y la seguridad, sino que también moldean las expectativas sobre lo que se considera una relación "normal" o "sana". "Influyen en cómo las jóvenes imaginan sus vínculos, qué modelos de pareja reproducen y qué prácticas llegan a tolerar", alertó.
Relató que el acoso suele iniciar con interacciones aparentemente inofensivas -un "me gusta", un comentario- y escalar hacia mensajes insistentes, alusiones al cuerpo, llamadas no solicitadas, envío de imágenes explícitas o amenazas veladas.
Más allá del contenido, subrayó el efecto de estas prácticas. "El objetivo es provocar miedo, limitarte, hacerte dudar de si debes seguir haciendo lo que haces", explicó.
Santiago insistió en la importancia de visibilizar estas violencias en el deporte, un sector donde aún persisten estereotipos de género y resistencias a reconocer el problema. Alertó que el hostigamiento digital no solo impacta la salud emocional, sino que puede empujar a muchas mujeres a abandonar espacios profesionales conquistados con esfuerzo, dijo.
Retos para el derecho y la justicia
Arlin Pérez Duharte, profesora titular de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, señaló que el derecho enfrenta hoy un desafío enorme para responder a violencias que ocurren en un espacio "sin fronteras claras", entre lo virtual y lo presencial.
Explicó que no toda violencia digital constituye un delito penal, pero sí puede vulnerar derechos constitucionales como el honor, la intimidad, la imagen o el derecho a una vida libre de violencia.
Pérez Duharte explicó que, aunque algunos delitos como la amenaza, el acoso o el ultraje sexual ya contemplan escenarios digitales, el legislador cubano incluyó una circunstancia agravante: si un delito se comete utilizando medios tecnológicos, la sanción puede acercarse al máximo previsto para la conducta.
Esta medida permite que las herramientas jurídicas se adapten a los nuevos escenarios, incluso cuando la normativa no cubre expresamente la violencia digital, precisó la jurista.
No obstante, advirtió sobre obstáculos recurrentes: la falta de denuncia, la dificultad para identificar al agresor y los complejos procesos de prueba digital. "Puedes tener una víctima, pero si no tienes un victimario identificable, no hay proceso", resumió.
A ello se suma la necesidad de mayor preparación de operadores jurídicos y el diálogo constante entre legisladores y sociedad civil, para comprender estas violencias con enfoque de género y derechos humanos y adaptar el marco legal frente a prácticas que evolucionan con rapidez en el mundo digital, dijo.
Educación, alfabetización y corresponsabilidad
Para Elena Nápoles, oficial del Programa de Comunicación e Información de la Oficina Regional de Cultura de la Unesco, la violencia digital no puede analizarse sin comprender la complejidad del ecosistema informacional actual. "Vivimos, nos relacionamos y nos enamoramos en línea. No hay una separación tajante entre lo virtual y lo real", sostuvo.
Frente a ello, defendió la alfabetización mediática e informacional como una tarea urgente que involucra a escuelas, familias e instituciones.
Esta alfabetización, explicó, no solo busca brindar herramientas técnicas para identificar y denunciar contenidos dañinos, sino que también ayuda a desarrollar criterios críticos para comprender cómo circula la información y la influencia de las dinámicas digitales en las relaciones y en la percepción del poder y la autoridad.
Nápoles subrayó que la responsabilidad no recae solo en los individuos, sino que es necesario fortalecer políticas públicas, protocolos educativos y acompañamiento institucional que articulen la prevención, la denuncia y la protección de las víctimas, evitando culpabilizarlas.
La especialista advirtió que la escasez de datos sobre estas violencias limita la capacidad de respuesta y subrayó la importancia de la investigación académica para generar evidencia.
Geydis Fundora, socióloga y directora de la filial cubana de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso Cuba), llamó a reconocer que la violencia digital no afecta a todas las personas por igual, sino que se cruza con el racismo, la discapacidad, el territorio y otras desigualdades.
Sobre esa mirada interseccional, que exige respuestas más complejas, también faltan datos, señaló.
Durante el intercambio emergió, igualmente, el papel de las masculinidades. El periodista Jesús Muñoz compartió su experiencia de más de una década en espacios donde los hombres reflexionan sobre sus masculinidades y trasladan esos aprendizajes a la comunicación, la academia, el deporte y otros ámbitos.
Muñoz reconoció avances en el activismo presencial y académico, pero señaló que en los espacios digitales persisten retos, ya que muchos hombres comprometidos con la igualdad temen el bullying, la exposición e incluso a las repercusiones profesionales.
El periodista subrayó que estas dinámicas reflejan cómo opera el patriarcado y los privilegios asociados al género. El desafío consiste en traducir el activismo de espacios controlados y seguros a un entorno global y expuesto, donde las propuestas de masculinidades emancipadoras compiten con discursos fundamentalistas y tradicionales, agregó.
