Ciudad de México.- Las consejeras sociales del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) se pronunciaron en contra de la falta de justicia y de medidas de protección para las víctimas del virtual candidato a la gubernatura de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, acusado penalmente por el delito de violación sexual.
Por medio de un pronunciamiento público, las actuales 14 consejeras y las ciudadanas que en años anteriores integraron este mecanismo de participación ciudadana calificaron de inadmisible lo que ocurre en Guerrero, donde hay una carpeta de investigación abierta desde 2016 contra Felix Salgado pero sin avances.
Es de recordar que en medio del periodo para que los partidos registren sus candidaturas a cargos de elección, a partir del 5 de enero, el exfiscal de Guerrero, Xavier Oléa Peláez, afirmó a diversos medios de comunicación que el candidato de Morena tenía una denuncia penal por el delito de violación en la Fiscalía estatal y una más en la Fiscalía General de la República (FGR). Oléa Peláez también reveló que en 2018 el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, le ordenó no detener a Félix Salgado.
Ante estas acusaciones penales –que se hicieron publicas en noviembre pasado y resurgieron por las declaraciones del exfiscal–, y luego de que el 30 de diciembre el presidente de Morena, Mario Delgado, anunció a Salgado Macedonio como candidato a la gubernatura de Guerrero, las consejeras del Inmujeres criticaron que se pretenda tratar el caso como un asunto político minimizando así la gravedad del delito de violencia sexual.
En entrevista con esta agencia, la consejera del Inmujeres, Alba Adriana Jiménez Patlán, expuso que la falta de justicia en este caso es una situación que las consejeras ven de forma cotidiana en sus estados, donde acompañan a víctimas. En muchas fiscalías, dijo, se hacen pactos patriarcales entre los acusados, los jueces y los ministerios públicos. En el caso del senador con licencia hubo un pacto entre altos funcionarios, incluido el gobernador, como lo reconoció el exfiscal Oléa Peláez en sus afirmaciones.
Al respecto, la defensora criticó las omisiones del entonces funcionario al no perseguir un delito que estaba en investigación. Por esta actuación, el pasado 7 de enero la Fiscalía del estado anunció que revisaría la acusación penal 12030270100002020117 que se encuentra en revisión en la Dirección General Jurídica Consultiva de la Fiscalía e informó que abrió otra indagatoria para deslindar la responsabilidad del exfiscal Oléa Peláez.
Jiménez Patlán señaló que también es necesario que las autoridades correspondientes tomen medidas de seguridad y protección para las víctimas, ya que hoy se está borrando lo que pasa con las mujeres. El caso, dijo, muestra que a las víctimas de violencia sexual no se les cree y por eso en este caso han pasado casi tres años sin que se sancione un delito que, incluso, está comprobado con videos y fotografías, como se asienta en la carpeta de investigación que está en la Fiscalía estatal.
Por otro lado, el pasado 21 de diciembre el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó por unanimidad los formatos de la declaración 3 de 3 contra la violencia de género. En estos documentos, las y los aspirantes a candidaturas deben declarar, bajo protesta de decir verdad, que no cuentan con condena o resolución firme por violencia familiar y/o doméstica, delitos sexuales o por ser deudor alimentario o moroso.
El acuerdo del organismo electoral, publicado el 31 de diciembre de 2021 en el Diario Oficial de la Federación, señala que una persona que aspira a una candidatura y fue sancionada por violencia contra las mujeres no podrá acceder a un cargo de elección popular “al no tener las cualidades que se requieren para representar los intereses de la sociedad mexicana”. En el caso de Salgado Macedonio, aunque hay dos denuncias penales, las carpetas de investigación no se han judicializado y aún no existe una condena por el delito del que se le acusa.
30 emprendedoras cubanas se capacitan en formalización y comercio electrónico en La Habana.
Foto: SEMlac Cuba
La Habana, abril (SEMlac).- Las redes de apoyo y la formación en derechos son tan importantes para las mujeres decididas a emprender como lo es la capacitación técnica; y no basta con que las políticas públicas estén bien diseñadas, hay que materializarlas en los espacios más pequeños.
Así lo asegura la jurista Sara Ida Hernández Valdés, una de las coordinadoras de esta iniciativa, impulsada por la Red Cubana de Mujeres Emprendedoras (RCME) y la Embajada del Reino Unido en La Habana. La también líder del proyecto DoyDas conversó con SEMlac sobre las lecciones y resultados de la experiencia formativa, así como las brechas que persisten para impulsar políticas inclusivas en un contexto económico complejo.
¿Por qué hacer un proyecto como este? Este es un proyecto en el que ha participado la Red Cubana de Mujeres Emprendedoras usando espacios de formación de capacidades de cara al empoderamiento. Hemos contado con el apoyo y la colaboración de la Embajada del Reino Unido en La Habana. También se han acercado el Jardín Botánico de La Habana Quinta de los Molinos, que nos cedió sus áreas, y el Instituto Nacional de Investigaciones Económicas (INIE), una institución que, por lo general, siempre impulsa las acciones de la Red.
Creemos en la importancia y el tremendo significado que tienen estos espacios. De otra manera no podemos impulsar el empoderamiento y colocarlo como una de las herramientas fundamentales para alcanzar la autonomía. No hay autonomía económica si no existe una fuente de ingresos estable.
El emprendimiento es una de esas fuentes y podemos contribuir desde esta formación a ese objetivo, que al final redunda en el empoderamiento de las mujeres y es, además, uno de los objetivos esenciales del Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres en Cuba.
Entre sus líneas de trabajo, la red se mantiene identificando demandas y necesidades de formación; no solo de las mujeres que emprenden, sino de aquellas que se acercan para conocer cómo emprender, cómo empezar un proyecto económico para su vida.
A partir de esa identificación surge este proyecto, que en un inicio no tenía quizás la visión o el alcance que ha logrado, pero sí se propuso siempre establecer momentos de formación de capacidades que sirvieran de base para consolidar proyectos ya hechos y también para que se iniciaran nuevos proyectos económicos.
¿Quiénes participaron? Nos satisface mucho saber que han participado 30 mujeres emprendedoras de diversa formación, extracción y origen e, incluso, de diferentes territorios de la capital.
También se benefician, indirectamente, otras mujeres del país que tienen acceso a los materiales producidos, a partir del programa formativo confeccionado.
Creo que el proyecto ha sido un crisol para que podamos ver los intereses de las mujeres cubanas en el establecimiento de negocios sólidos y sostenibles. Pero, por sobre todas las cosas, su confianza en la posibilidad de tener este tipo de proyectos a partir de la formación de capacidades que han recibido.
¿Cuáles han sido los principales resultados? Los resultados que esperábamos se han logrado. Hemos alcanzado un espacio, primero, para que las mujeres entiendan la importancia de la formalización de sus negocios, por pequeños que sean.
Que muchas comprendan que el comercio electrónico es también comercio y que, por tanto, visibilizar y situar sus emprendimientos y negocios en las actuales plataformas del comercio es un paso adelante en lo que, tradicionalmente, hemos estado haciendo.
El posicionamiento en las redes sociales ha sido otro resultado, toda vez que cada una de las mujeres ha ido encontrando esos espacios, especialmente a raíz de las mentorías que se han diseñado.
Otro elemento importante es que las mujeres han entendido que sus derechos van de la mano de su participación en la vida social y esto también ha sido un logro que consideramos que podrá incluso contribuir a réplicas del proyecto a nivel comunitario.
¿Qué aprendizajes se llevan y qué necesidades no previstas lograron identificar durante su desarrollo? Uno de los mayores aprendizajes ha sido, primero, comprobar la existencia de una cantidad de mujeres que sueñan con tener emprendimientos y no han encontrado un cauce, un impulso o apoyo. Porque no basta con que tengamos bien diseñadas las políticas públicas. Tenemos que ser capaces de materializarlas, precisamente, en los espacios más pequeños.
Otro aprendizaje ha sido reconocer y ratificar el valor de emprender en red. No se trata únicamente de crear espacios para la realización económica. Este proyecto ha visibilizado la importancia que tienen las redes de apoyo, en todos los órdenes, para las mujeres.
Cada una de las participantes se ha mostrado interesada en una o en varias de las áreas de las conferencias que se impartieron y que abordaron temas relacionados con aspectos legales y de propiedad intelectual; las herramientas de marketing, redes sociales y comercio electrónico, entre otras.
De cara a los derechos, uno de los aprendizajes mayores no está solamente en la necesidad de formalizarse para alcanzar la seguridad jurídica de un negocio, sino en el enfoque de derechos que ha recibido cada una de las beneficiarias.
Siempre hemos estado compartiendo lo que se necesita para tener jurídicamente acceso a determinados espacios y, por sobre todas las cosas, sostener que los derechos de las mujeres son derechos humanos y que, por supuesto, a partir de ahí tienen que ser capaces de ejercitarlos adecuadamente. Pero no se ejercita lo que no se conoce.
¿Cómo este proyecto colocó en la agenda el tema del diseño de políticas inclusivas y políticas públicas, y cómo contribuye a su implementación? A partir de esta experiencia, encontraremos algún espacio en el cual podamos expresar no solamente los resultados, sino lo que pudiera hacerse de cara a que las políticas públicas sean realmente efectivas en materia de emprendimiento.
Hablamos de la flexibilización, sobre todo; del acceso a oportunidades para las mujeres; la manera en que ellas son examinadas a los fines de poder tener su negocio; y el necesario soporte estatal para que realmente puedan no solo emprender, sino consolidar sus negocios, hacerlos crecer y, por supuesto, garantizar su sostenibilidad. De otra manera las mujeres no podrían tener un completo empoderamiento sobre la base de sus negocios propios.
¿Qué brechas crees que se mantienen? Se siguen manteniendo a nivel social, del imaginario popular, las brechas de género y los sesgos interseccionales. Las mujeres continúan en desventaja para el acceso a las autorizaciones, a los créditos, incluso para esperar respuestas de espacios estatales a los que se dirigen con esa finalidad. Esas brechas son las que redundan en la falta de formalización, e incluso en la voluntad de no formalizarse.
Ciertamente, después de más de cinco años formando a mujeres emprendedoras, siento que, pese a que tenemos políticas públicas que pudieran impulsar más la participación social de las mujeres en este sentido, todavía nos resta su concreción en los espacios decisores. Esa concreción pasa, además, por la necesaria preparación de quienes deben dirigir estas acciones.
Entonces, hace falta formar capacidades también en quienes ocupan puestos de decisión en las instituciones, porque son quienes determinan si una mujer puede o no convertirse formalmente en emprendedora.
¿Qué valor ha tenido este proyecto para el trabajo de la RCME? Para la Red ha sido un desafío, pero también un momento de crecimiento, no solamente en el número de sus integrantes, sino también en la significación que va adquiriendo la RCME a nivel de país y entre las personas que buscan un cauce, un espacio seguro para aprender a emprender.
Con este proyecto, la red ha fraguado un espacio de formación de capacidades múltiples y, por sobre todas las cosas, para todas las mujeres que quieren emprender sin distinción.
Ahora mismo la RCME se encuentra en un momento en que no solo está creciendo como red, sino que también lo hace por el significado de su trabajo en pro -siempre digo lo mismo- de la participación social de las mujeres.
Porque las mujeres no pueden participar si no tienen una autonomía económica, si no logran un desarrollo económico; porque, además, cargan todavía con los cuidados, con determinadas responsabilidades que es muy posible que tarden un poquito más en estandarizarse a nivel familiar. Pero por la autonomía económica se puede empezar y la Red lo está logrando.
La Red ha estado desarrollando y continuará fomentando varios espacios para compartir saberes. Sin embargo, esta iniciativa nos exigió organización, preparación y tomar un grupo de acciones que generalmente no habíamos desarrollado de manera orgánica.
Luego de esta experiencia, la RCME está en condiciones de asumir desafíos mayores y de continuar trabajando como un gran equipo, una clave esencial en los resultados que hoy podemos exhibir.
Para Sara Ida Hernández, el proceso de estos meses impulsando este proyecto muestra que el camino hacia el empoderamiento femenino existe: se construye en red, se sostiene con formación y se expande cuando las mujeres descubren que su autonomía económica es, ante todo, un derecho.
Claudia Licea Cortés citó a medios para el miércoles 22 de abril en el Portal de Reyes con documentos que, dice, acreditan irregularidades ministeriales en el caso de la odontóloga asesinada.
La Habana, abril (SEMlac).- El embarazo adolescente sigue siendo un problema social en Cuba, se vincula estrechamente con la ruralidad o las brechas de escolaridad y compromete no solo los proyectos futuros de muchas jóvenes, sino el derecho a decidir sobre sus cuerpos y sus vidas.
Desde esa certeza se construyó el Programa Conjunto "Prevención y atención al embarazo y la fecundidad adolescente en Cuba", que se implementará durante 36 meses, en 10 municipios de la zona oriental del país, a partir de una acción común del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y el de Población (Unfpa), con financiamiento de la Unión Europea (UE).
La elección geográfica no es casual. La fecundidad adolescente se resiste a descender en la nación caribeña. En el caso de las niñas menores de 15 años, lejos de disminuir ha experimentado aumentos en diferentes localidades, especialmente en la zona oriental, explicó la psicóloga y demógrafa Daylin Rodríguez Javiqué durante la presentación de la iniciativa conjunta, el 14 de abril en La Habana.
Camagüey, Las Tunas, Holguín y Granma -provincias pilotos de la intervención, ubicadas en el oriente- están justamente entre las de mayores tasas de embarazo adolescente, todas superiores a la media nacional en 2024, de 47,1 nacimientos por cada 1.000 mujeres, confirmó Rodríguez Javiqué, profesora del Centro de Estudios Demográficos (Cedem), de la Universidad de La Habana.
Ubicados a más de 600 kilómetros al este de La Habana, se trata de territorios que, además, han sido afectados por fenómenos naturales recientes, como el huracán Melissa, lo que agravó las condiciones de vida y aumentó los riesgos de violencia y desprotección para niñas y adolescentes.
"En un contexto de crisis energética agravada y de difícil recuperación después del huracán Melisa, queremos contribuir a frenar desigualdades", afirmó Jens Urban, Embajador de la Unión Europea en Cuba, según la nota de prensa oficial de la presentación.
En los territorios afectados por Melissa, el programa contempla acciones de protección, resiliencia y recuperación, que incluyen apoyo sicosocial y servicios comunitarios, promoción de prácticas higiénicas y de gestión menstrual digna, así como iniciativas de empoderamiento económico, con participación activa de adolescentes, refiere la nota.
"Nuestro énfasis en la salud sexual y reproductiva busca asegurar que cada joven pueda decidir sobre su cuerpo y su vida y proteger su derecho a elegir incluso en contextos de emergencia", afirmó Marisol Alfonso de Armas, jefa de la oficina del Unfpa en Cuba.
Alfonso de Armas destacó que la elección de los municipios para el proyecto responde a criterios de "inteligencia demográfica", una herramienta que permite analizar las estadísticas para priorizar las intervenciones en los territorios y en las personas que más lo necesitan.
"La utilizamos para convertir datos en derechos, a través de políticas que garantizan el acceso a servicios de salud de calidad, a la educación integral de la sexualidad y la igualdad de género, trabajando siempre junto a las juventudes como protagonistas de su propio desarrollo", añadió.
Números complejos En Cuba, el embarazo adolescente tiene que enfocarse como un problema social, no solo de salud pública, insistió la también psicóloga y demógrafa del Cedem Matilde de la Caridad Molina Cintra.
Para Rodríguez Javiqué, es necesario valorar de manera particular el aumento de la contribución de las adolescentes a la fecundidad total del país. Si bien las tasas han disminuido lentamente, "aumenta su peso en la estructura del comportamiento de la fecundidad", precisó.
El embarazo adolescente constituye una desarticulación de la fecundidad cubana y genera múltiples brechas en el desarrollo psicosocial, precisa el artículo "Fecundidad adolescente en Cuba, un problema social", publicado en 2025 en la revista Novedades en Población.
De hecho, los municipios seleccionados -Jobabo (Las Tunas), Cacocum (Holguín), Najasa y Jimagüayú (Camagüey), y Manzanillo, Pilón, Río Cauto, Jiguaní, Buey Arriba y Cauto Cristo (Granma)- se encuentran entre los 20 con mayor tasa de fecundidad adolescente en el país.
Las especialistas del Cedem advirtieron que las madres adolescentes tienen más probabilidades de sufrir discriminación y violencia de género, experimentar estigma cultural o permanecer atadas a roles femeninos tradicionales, lo que a su vez pone en riesgo su inserción y logro escolar, así como su incorporación al mercado laboral.
Apuesta por la transformación cultural Bajo el lema "¡Dale impulso a lo que te hace crecer!" y con una inversión total de un millón de euros, el programa conjunto articula tres ejes fundamentales que rompen con la visión meramente asistencialista del embarazo adolescente.
Si bien se contempla la mejora de la calidad de los servicios integrales de salud sexual y reproductiva, incluida la provisión de anticonceptivos, la iniciativa pone foco en la transformación de normas y patrones socioculturales e institucionales que generan brechas de género y limitan la autonomía corporal.
De acuerdo con estudios realizados como parte del proyecto "Implementación de Estándares de calidad en los servicios de salud para adolescentes", desarrollado entre 2021 y 2023 por el Ministerio de Salud Pública (Minsap) y el Unfpa, 65,8 por ciento de los adolescentes encuestados desconoce los implantes subdérmicos (método anticonceptivo de larga duración); 38,3 por ciento, los inyectables y 34,1 por ciento, los dispositivos intrauterinos (DIU).
Los métodos más reconocidos son el condón y las píldoras orales, mientras que los de larga duración y la anticoncepción de emergencia son grandes ausentes en el conocimiento juvenil.
En tanto, la Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados (MICS, por sus siglas en inglés), desarrollada en 2019, indica que si bien más del 40 por ciento de las adolescentes encuestadas usó algún método en su primera relación sexual, más del 30 por ciento no los emplea.
En opinión de Sunny Guidotti, representante en funciones de Unicef en Cuba, se trata de "una oportunidad para promover la participación, los derechos y el empoderamiento de las adolescencias, sobre todo de las niñas. Nos permitirá incidir en las normas sociales y de género que impactan su bienestar en zonas más vulnerables".
Bufete especializado en La Habana atiende 15 casos en cinco meses, con descuento del 50% obligatorio.
Foto: SEMlac Cuba.
La Habana, abril (SEMlac).- Que cualquier mujer golpeada, amenazada o humillada pueda llegar a un espacio seguro donde alguien la escuche, oriente y comprenda, sin cuestionamientos ni juicios, ha sido durante mucho tiempo un reclamo al sistema jurídico cubano, tanto del lado de las víctimas como de muchos profesionales del Derecho.
Hoy, a cinco meses de su creación, la Oficina Especializada para la Atención de Casos de Violencia Basada en Género (VBG), radicada en el Bufete Especializado en Recursos de Casación, en La Habana Vieja, apuesta por saldar, paso a paso, esa deuda. Esta es la primera oficina de este tipo en la Organización Nacional de Bufetes Colectivos (ONBC) y sus impulsoras lo dicen sin eufemismos: no es un punto de llegada, es el inicio de un camino.
El servicio surgió como pate del proyecto "Apoyo a la Respuesta Nacional a la Violencia Basada en Género en Cuba", liderado por la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), con el acompañamiento del Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa) y el financiamiento del gobierno de Canadá, y donde la ONBC es una de las nueve instituciones involucradas, por su rol en el aseguramiento del acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva.
Un servicio necesario Desde su apertura, el pasado 25 de noviembre, la oficina ha atendido a 15 mujeres, en su mayoría jóvenes, víctimas de violencia física y psicológica, cuyos casos han sido derivados hacia procesos penales y familiares. También han llegado mujeres adultas atrapadas en situaciones de violencia asociada a litigios de vivienda, explica Yenisei Rodríguez Méndez, directora del bufete.
"La violencia de género no es solo un problema penal. Toca también el Derecho familiar, civil y administrativo; por ejemplo, cuando la pareja comparte una vivienda y la violencia ocurre en ese espacio", explica la especialista.
El 73,7 por ciento de esos crímenes ocurrió dentro del hogar, a manos de parejas o exparejas, dejando además un saldo de 70 menores sin amparo materno. Las víctimas eran predominantemente mujeres de entre 20 y 44 años.
Uno de los nudos que la oficina intenta desatar es el del desconocimiento. Muchas mujeres no denuncian porque no saben a dónde ir, señala Rodríguez Méndez, quien reconoce que el servicio necesita llegar a más personas, "que las víctimas sepan que no están solas".
Igualmente, "que quienes ejercen violencia entiendan que no hay impunidad, y eso también se logra en la medida en que se conozca de procesos penales en curso, que las denuncias tienen consecuencias", apunta.
Quienes llegan a la oficina son recibidas por un equipo de al menos dos especialistas: uno en materia penal y otro en derecho de familia y civil, porque los casos rara vez caben en una sola esfera del Derecho, indica Ana Isabel Zamora Sorí, abogada penalista y especialista de Derecho Penal del bufete.
"Lo primero es escucharlas. Permitir que se desahoguen, que nos muestren todo lo que necesitamos para comenzar con una labor de asesoría", describe.
Esa orientación es completamente gratuita, apunta. Si el proceso deriva en representación jurídica, el contrato se establece con una rebaja obligatoria del 50 por ciento para las víctimas de VBG. Y si la persona no tiene ingresos suficientes, el director de la unidad puede establecer un contrato exento de pago, aclara la directora del bufete.
El espacio físico también fue pensado con intención. El proyecto se ocupó de crear un entorno más acogedor, con privacidad, que transmitiera desde la entrada que ese es un lugar seguro. "Es gratificante ver que esas mujeres llegan aquí en una situación de vulnerabilidad y cómo agradecen la orientación jurídica y la ayuda desde el punto de vista emocional", dice la especialista.
Ver el proceso con otros lentes Con ella coincide Yamilka Xiqué Pérez, abogada penalista y profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, quien pone en perspectiva histórica lo que representa esta oficina.
"Este servicio ha sido una demanda histórica, incluso de los propios abogados, porque por mucho tiempo vimos que la víctima en el proceso penal era víctima del delito y del proceso, este último diseñado en función de mayores derechos para los acusados y donde se revictimizaba a la persona perjudicada", afirma.
Con la Constitución de 2019 y la nueva Ley del Proceso Penal, por primera vez, la víctima pasó a ser parte en el proceso penal y puede designar, incluso, sus propios abogados. Pero ese cambio legal solo se traduce en protección real si quien la acompaña sabe cómo hacerlo, advierte.
"En sentido general, los juristas no estamos familiarizados con los términos y las formas de tratar, ni incluso con el lenguaje corporal necesario para atender a una víctima de violencia de género", reconoce Xiqué.
La especialización, dice, cumple un propósito que va más allá de lo técnico: "que ellas puedan saber que llegan a un lugar donde van a ser atendidas, comprendidas, orientadas y vistas, sobre todo, como mujeres, como seres humanos que requieren ayuda y no como la ?pobrecita? que ha sido golpeada".
Para la experta, hay que mirar el proceso penal con lentes de género. "Ni siquiera la actividad probatoria ocurre de igual manera que en otro proceso penal. La forma de llevar a cabo la representación técnica es diametralmente diferente, incluso, al resto de las víctimas de delitos de otras tipologías", señala.
Esa mirada entrenada permite identificar violencia donde antes se naturalizaban ciertos comportamientos que pueden constituir actos de violencia y antesala de formas más graves de ejercerla, explica Zamora Sorí.
Agrega dos claves. Primero, "como todo proceso legal, este también requiere pruebas. Hay que enseñar a la víctima cómo buscarlas, obtenerlas legalmente e incorporarlas al caso". Segundo: evitar la revictimización. Ella no debe declarar delante del acusado ni repetir su historia cada vez que cambie el instructor, fiscal o abogado. Incluso puede quedar exenta del juicio oral.
La abogada subraya que esta protección se extiende con especial énfasis a las víctimas menores de edad.
El eslabón que falta Un consenso entre quienes sostienen el proyecto es que la respuesta jurídica no puede ir sola. El mayor desafío está en la articulación interinstitucional, con actores como la policía y la fiscalía, organismos que determinan si una víctima queda protegida o expuesta en las primeras horas críticas.
En 2024, los tribunales cubanos juzgaron 230 casos de delitos sexuales, de acuerdo con datos del Observatorio. Pero llegar a ese punto del proceso supone antes una cadena de respuestas que deben funcionar de manera coordinada, rápida y sensible.
"Cuando una persona está sometida a un régimen de violencia de género, lo primero que hay que hacer es protegerla. El proceso penal tiene concebido medidas cautelares que son de seguridad. Si no tenemos una efectividad de manera inmediata, con la policía y la fiscalía, se pierde esa protección a la vida, a la integridad física de la víctima, de sus hijos", advierte Zamora Sorí.
La jurista aclara que no se trata de recibir trato preferencial, sino de entender la lógica propia de estos casos. "No puede ir por el mismo camino que va un hurto ni robo con violencia, por graves que también sean esos delitos. La violencia de género tiene que tener una respuesta diferenciada", destaca.
Rodríguez Méndez sitúa esa articulación como el mayor reto del servicio. "Quisiéramos que avanzara más, para que los frutos del trabajo de la oficina sean más visibles y efectivos en la realidad concreta", dice.
Zamora Sorí añade que las alianzas requieren coherencia interna. "Cada institución debe tener su propio protocolo y luego articularlos entre sí", dice.
El otro desafío está en las propias víctimas. "Muchas mujeres sufren violencia durante años y no denuncian, ya sea porque no conocen el sistema legal, sienten miedo o no se sienten con fuerzas para cambiar su realidad", afirma.
Marisol Alfonso, jefa de la Oficina del Unfpa en Cuba, comparte esa lectura y señala el horizonte. "Lograr la articulación con otras instancias del ámbito jurídico, con el sector de la salud, con el sector social comunitario, para que estas respuestas sean mucho más articuladas y efectivas, es parte de los compromisos que hemos establecido en este proyecto", subraya.
Una respuesta que crece Este bufete especializado es la punta visible de algo mayor. Su rol metodológico lo convierte en centro de referencia nacional: los especialistas del bufete emiten criterios técnicos, elaboran dictámenes y orientan la tramitación de asuntos de VBG en todos los bufetes del país, apunta su directora.
Han redactado el Protocolo de actuación para la defensa de los intereses de las víctimas de VBG, que unifica procedimientos y estandariza el trabajo técnico. Construyen, además, un fondo bibliográfico especializado y recopilan sentencias clave que ayuden a entender cómo aplicar la ley, tomando en cuenta no solo el género sino otras condiciones que hacen más vulnerable a una mujer: su edad, si tiene alguna discapacidad, su situación económica.
El proyecto opera en las 15 provincias del país. Pero la aspiración va más lejos. "Aunque el proyecto está en 40 municipios, este bufete, con su rol metodológico, es capaz de ofrecer asesoría al resto del país", dice Marisol Alfonso y apunta que en todas las provincias hay al menos un municipio con capacidades instaladas.
Yasnari Pérez Rodríguez, jefa del Departamento de Prevención y Trabajo Comunitario de la FMC, sitúa este servicio dentro del marco más amplio del Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres y de la Estrategia integral de prevención y atención a la violencia de género y en el escenario familiar.
Para ella, el principal desafío está en el acompañamiento a las víctimas en el ámbito comunitario y en la responsabilidad que tiene la propia organización de divulgar el servicio en esos espacios.
Cinco meses después de su inauguración, la oficina no es, aún, la respuesta completa que las víctimas de violencia de género en Cuba necesitan y merecen.
Pero quienes hoy laboran allí consideran que es un paso clave en el camino hacia la erradicación de barreras institucionales y a favor de un sistema jurídico que responda a las necesidades de las sobrevivientes a la violencia machista.
México, 13 de abril de 2026. —Una mujer nahua de 36 años originaria de la comunidad de Ayotzinapa, en el municipio guerrerense de Tlapa, comenzó a cortar verduras chinas en campos agrícolas de Sinaloa cuando tenía 14 años. Su hija mayor, de 15, ya la acompaña en los surcos.
El testimonio de Obdulia Marcos Ramírez, difundido este mes por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan a través de la agencia SEMlac, expone cómo la explotación laboral en los campos agrícolas mexicanos se transmite de una generación a la siguiente entre las familias jornaleras indígenas del sur del país.
Marcos Ramírez nació en agosto de 1989 en una choza de adobe y zacate en la Montaña de Guerrero, una de las regiones con mayor rezago social de México. Su trayectoria laboral arrancó en el campo Chapo, en Sinaloa, donde llegó como adolescente para alcanzar a una hermana mayor que ya trabajaba en el corte de verduras shanghai destinadas al mercado de exportación.
Las condiciones que describe son las que organizaciones civiles han documentado durante años en los enclaves agroexportadores del noroeste mexicano: jornadas que arrancan antes del amanecer, pago por caja cortada, mayordomos que castigan el bajo rendimiento y ausencia de servicios básicos para las familias migrantes.
"Los mayordomos me golpeaban y maltrataban porque no rendía", relata Marcos Ramírez en el testimonio recogido por Tlachinollan.
Tres de sus cuatro hijos nacieron durante temporadas de trabajo en Sinaloa. El cuarto nació en los surcos. La jornalera describe que cuando sus hijas se enfermaban en las primeras etapas, la guardería de la empresa agrícola se negaba a recibirlas hasta que se recuperaran, lo que dejaba a una sola persona del núcleo familiar generando ingresos durante días o semanas.
La movilidad geográfica de la familia ha seguido el calendario agrícola del país. En los últimos años, Marcos Ramírez y su esposo, también jornalero, dejaron de viajar a Sinaloa por los episodios de violencia armada que han afectado a campos de cultivo. La última temporada en el campo Sánchez Celis, según narra, se interrumpió por balaceras. La familia migró entonces a Guanajuato, donde trabajan principalmente en el campo Jamaica.
El salario actual reportado por la jornalera es de 308 pesos diarios. Una caja de verdura asiática se paga entre 22 y 43 pesos, según el producto. Su hija Alicia, de 15 años, llega a cortar 15 cajas en un día.
La propia Marcos Ramírez corta 12. La adolescente comenzó a acompañarla en los surcos a los 14, sin haber podido continuar su educación formal. "Quise darle estudios, pero como trabajadora agrícola es imposible", reconoce la madre en el testimonio.
El esposo de Marcos Ramírez intentó migrar a Estados Unidos. Fue deportado tras un proceso de detención que la jornalera describe en términos de maltrato físico. La familia regresó al circuito agrícola interno, donde el trabajo infantil opera como una necesidad económica estructural ante la ausencia de redes de cuidado y de educación accesible para las familias jornaleras migrantes.
El testimonio fue producido y difundido por Tlachinollan, organización con sede en la Montaña de Guerrero que documenta desde 1994 violaciones a derechos humanos de pueblos indígenas. Hasta el momento, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social no ha emitido postura sobre los señalamientos de explotación laboral y trabajo infantil que se desprenden del testimonio.
Cd. de México, marzo (SEMlac).- Organizaciones y colectivas mexicanas llaman en un pronunciamiento al Estado a que las leyes contra el feminicidio se cumplan. Entre las agrupaciones demandantes se encuentran Aquelarre Feminista, Justicia Pro-Persona y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio luego de que esta semana la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, la Secretaría de las Mujeres y la Fiscalía General de la República presentaran el proyecto de Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio.
Las organizaciones y colectivos llaman a la presidenta mexicana a abrir el proceso y a reconocer el papel que las organizaciones de la sociedad civil, colectivas y familias han tenido en el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de la política pública existente, así como a integrar la ley en una estrategia más amplia, con presupuesto suficiente, fortalecimiento institucional y mecanismos efectivos de rendición de cuentas.
Puntualmente, exponen que ante el contexto grave de violencia contra mujeres, niñas y adolescentes en México, en los distinto ámbitos, también marcado por la violencia vinculada al crimen organizado, que incrementa los riesgos y profundiza las condiciones de vulnerabilidad, es fundamental contar con políticas públicas más amplias, coordinadas y sostenidas, que atiendan la complejidad del fenómeno y fortalezcan la capacidad del Estado para dar una respuesta efectiva ante los diversos contextos en los que ocurren los feminicidios.
Tras una larga explicación histórica de las sentencias emitidas por organismos internacionales y la Corte mexicana, explican que en México la prevención es el "eslabón más débil", porque el país carece de una política nacional efectiva que proteja a las mujeres de todo tipo de violencia, en particular de la violencia feminicida.
Salvo las órdenes de protección, no hay acciones claras que se enfoquen a la prevención del feminicidio, sobre todo para aquellos que ocurren en contextos de crimen organizado.
Plantean la necesidad de realizarlas, con debida diligencia reforzada, perspectiva de género e intercultural, con análisis de los contextos de violencia, tanto en los ámbitos privados como públicos, como aquellos casos vinculados con violencia ejercida por el crimen organizado presente en los territorios ante la persistencia de investigaciones deficientes en los casos de feminicidio.
Todo ello acompañado con el fortalecimiento de capacidades técnicas y económicas de las instituciones encargadas de las investigaciones, que permitan la acreditación del delito de feminicidio y el acceso a la justicia para las víctimas. Señalan que en México la precariedad de los servicios periciales es un obstáculo para la justicia.
La falta de personal especializado, la pérdida o contaminación de indicios y la limitada infraestructura científica derivan en investigaciones débiles que favorecen la impunidad. Se suman prácticas graves, como necropsias deficientes y el uso indebido de "necropsias psicológicas" para descartar la violencia feminicida, incluso frente a evidencia material.
Estas fallas impactan directamente en las investigaciones y en las familias, que enfrentan errores reiterados y, en muchos casos, procesos como exhumaciones o impunidad que prolongan el dolor. El cuarto reto planteado por las organizaciones y colectivas es la reparación del daño, que sigue sin materializarse y deja a las víctimas indirectas en total indefensión.
La gran mayoría de los casos nunca se reparan, los impactos son por sí mismos graves para las familias de las víctimas y pocos casos reciben una sentencia condenatoria. En muy pocos feminicidios se establecen medidas de reparación acordes al hecho delictivo.
Son prácticamente escasas las posibilidades de que el responsable del feminicidio repare el daño. Además, no es integral la atención a las víctimas, que es obligación del Estado y suele ser escasa o nula.
Es frecuente que el Estado no se haga cargo de las medidas de satisfacción y de no repetición, como recientemente lo estableció la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo directo en revisión 5363/2023 en el caso de Fátima Varinia Quintana Gutiérrez.
Para que la normatividad vigente tenga impacto real, es fundamental que en su implementación y evaluación se garantice la participación de la sociedad civil, defensoras de derechos humanos, familiares de víctimas o víctimas de tentativa, quienes conocen de primera mano las fallas del sistema y han sido fundamentales para visibilizar y enfrentar esta problemática.
México necesita leyes que se cumplan En el pronunciamiento señalan que México cuenta con un conjunto amplio de leyes, protocolos, mecanismos y estándares de investigación y sanción que buscan que el acceso a la justicia para las víctimas de feminicidio sea una realidad; sin embargo, el gran reto sigue siendo que el marco normativo se aplique de manera adecuada y que realmente funcione.
La atención a la problemática del feminicidio fue ordenada por las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, desde el caso de Campo Algodonero (2009) hace 17 años, hasta las últimas sentencias emitidas contra el estado mexicano en los casos de Digna Ochoa (2021), Ernestina Ascencio Rosario (2025) y Lilia Alejandra García Andrade (2026).
Desde 2011, ante la demanda de la sociedad civil, la tipificación del feminicidio fue una respuesta estatal para dar cumplimiento a la sentencia Campo Algodonero y la activación del mecanismo de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM).
Contar con un tipo penal de feminicidio tiene por objetivo establecer en el marco jurídico la perspectiva de género para la investigación y sanción de las muertes violentas de mujeres y evitar la discriminación y la impunidad ante esta violencia generalizada. Sin embargo, persisten las investigaciones deficientes, la respuesta tardía, revictimización y falta de reparación oportuna y acorde a la dimensión de los daños.
Las organizaciones y colectivos argumentan que el país necesita asegurar que las normas existentes se implementen con eficacia para acreditar correctamente los feminicidios, se garanticen sanciones y se repare el daño.
También se debe garantizar atención integral a las familias de las víctimas, incluidos programas específicos para atender a las niñas, niños y adolescentes que han sido impactados por la violencia; evitar la revictimización constante durante las investigaciones y los procesos, como cuando se difieren las audiencias, se prolonga el procedimiento o se reponen los juicios por violaciones al debido proceso; además de prácticas de coacción a las víctimas para aceptar el procedimiento abreviado.
La Ley General para prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño por el delito de feminicidio podría contribuir a articular esfuerzos y mejorar la coordinación institucional, pero debe elaborarse con la participación de la sociedad civil que, con base en la experiencia acumulada, conoce los desafíos que siguen sin ser atendidos en materia de prevención, atención a las víctimas, investigación, sanción y reparación integral del daño del feminicidio en nuestro país.
En su llamado para que se abra el debate, afirman que ante la gravedad del feminicidio en México, el país necesita tomar en cuenta el camino recorrido e impulsado por la sociedad civil, las organizaciones y víctimas; esto hará lograr que lo que ya se ha construido, funcione.
El debate que se abre con esta propuesta de iniciativa, es una oportunidad para, antes de aprobar ninguna reforma, realizar una evaluación profunda que incluya responsables, obligaciones y acuerdos para su cumplimiento, en relación con el marco normativo vigente relacionado al feminicidio y la violencia feminicida en México, respecto de cada una de las obligaciones constitucionales: prevención, atención, investigación, sanción y reparación del daño, puntualizan en el pronunciamiento.
