Por medio de un pronunciamiento público, las actuales 14 consejeras y las ciudadanas que en años anteriores integraron este mecanismo de participación ciudadana calificaron de inadmisible lo que ocurre en Guerrero, donde hay una carpeta de investigación abierta desde 2016 contra Felix Salgado pero sin avances.
Es de recordar que en medio del periodo para que los partidos registren sus candidaturas a cargos de elección, a partir del 5 de enero, el exfiscal de Guerrero, Xavier Oléa Peláez, afirmó a diversos medios de comunicación que el candidato de Morena tenía una denuncia penal por el delito de violación en la Fiscalía estatal y una más en la Fiscalía General de la República (FGR). Oléa Peláez también reveló que en 2018 el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, le ordenó no detener a Félix Salgado.
Ante estas acusaciones penales –que se hicieron publicas en noviembre pasado y resurgieron por las declaraciones del exfiscal–, y luego de que el 30 de diciembre el presidente de Morena, Mario Delgado, anunció a Salgado Macedonio como candidato a la gubernatura de Guerrero, las consejeras del Inmujeres criticaron que se pretenda tratar el caso como un asunto político minimizando así la gravedad del delito de violencia sexual.
En entrevista con esta agencia, la consejera del Inmujeres, Alba Adriana Jiménez Patlán, expuso que la falta de justicia en este caso es una situación que las consejeras ven de forma cotidiana en sus estados, donde acompañan a víctimas. En muchas fiscalías, dijo, se hacen pactos patriarcales entre los acusados, los jueces y los ministerios públicos. En el caso del senador con licencia hubo un pacto entre altos funcionarios, incluido el gobernador, como lo reconoció el exfiscal Oléa Peláez en sus afirmaciones.
Al respecto, la defensora criticó las omisiones del entonces funcionario al no perseguir un delito que estaba en investigación. Por esta actuación, el pasado 7 de enero la Fiscalía del estado anunció que revisaría la acusación penal 12030270100002020117 que se encuentra en revisión en la Dirección General Jurídica Consultiva de la Fiscalía e informó que abrió otra indagatoria para deslindar la responsabilidad del exfiscal Oléa Peláez.
Jiménez Patlán señaló que también es necesario que las autoridades correspondientes tomen medidas de seguridad y protección para las víctimas, ya que hoy se está borrando lo que pasa con las mujeres. El caso, dijo, muestra que a las víctimas de violencia sexual no se les cree y por eso en este caso han pasado casi tres años sin que se sancione un delito que, incluso, está comprobado con videos y fotografías, como se asienta en la carpeta de investigación que está en la Fiscalía estatal.
Por otro lado, el pasado 21 de diciembre el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó por unanimidad los formatos de la declaración 3 de 3 contra la violencia de género. En estos documentos, las y los aspirantes a candidaturas deben declarar, bajo protesta de decir verdad, que no cuentan con condena o resolución firme por violencia familiar y/o doméstica, delitos sexuales o por ser deudor alimentario o moroso.
El acuerdo del organismo electoral, publicado el 31 de diciembre de 2021 en el Diario Oficial de la Federación, señala que una persona que aspira a una candidatura y fue sancionada por violencia contra las mujeres no podrá acceder a un cargo de elección popular “al no tener las cualidades que se requieren para representar los intereses de la sociedad mexicana”. En el caso de Salgado Macedonio, aunque hay dos denuncias penales, las carpetas de investigación no se han judicializado y aún no existe una condena por el delito del que se le acusa.