Querétaro, 29 Ene 2025.- Más del 70% de las mujeres con discapacidad han sido víctimas de algún tipo de violencia, y en muchos casos, los agresores provienen de su propio entorno. La violencia psicológica alcanza un 58.2%, la física un 44.6%, la sexual un 48.7% y la económica o patrimonial un 34.9%.
A pesar de estas cifras alarmantes, no existen datos específicos sobre violencia política hacia este sector, lo que dificulta generar estrategias efectivas para garantizar su participación en espacios de toma de decisiones.
Este panorama fue parte del análisis en el foro “Mujeres queretanas electas sumando esfuerzos para consolidar esquemas de paridad en el Congreso local”, donde se hizo un llamado a impulsar una paridad con enfoque interseccional que incluya a mujeres con discapacidad, de la comunidad LGBT+ y otros grupos históricamente excluidos.
“Los derechos son integrales, pero especialmente para quienes aún encuentran obstáculos para acceder a espacios públicos. Muchas veces ni siquiera vemos a las mujeres con discapacidad porque siguen estando invisibilizadas”, señalaron las participantes.

El evento, financiado por ONU Mujeres a través de un programa de pequeñas subvenciones para la participación política, reunió a lideresas y activistas que han trabajado en la construcción de una agenda inclusiva.
Cecilia Toledo, una de las ponentes, destacó que el proyecto fue seleccionado por su innovación y por su énfasis en visibilizar a mujeres con discapacidad y diversidades de género en la política.
Durante el foro, se presentaron testimonios que reflejan las dificultades que enfrentan las mujeres con discapacidad en la política, desde la falta de accesibilidad en los procesos electorales hasta la violencia política que las subestima o las usa solo para cumplir cuotas de representación.
“Las mujeres con discapacidad hemos sido las olvidadas. Muchas veces ni siquiera aparecemos en los datos oficiales. Si no nos escuchan, no sabrán qué políticas públicas necesitamos”, señalaron algunas ponentes.
El foro concluyó con un llamado a fortalecer la representación de todas las mujeres en la política y garantizar que la paridad sea una realidad, no solo una cifra en la legislación.



















La reforma contempla la creación de nuevos órganos de administración y disciplina para el Poder Judicial estatal.