Querétaro, 24 octubre 2024.- El diputado local del PVEM, Arturo Maximiliano García, se pronunció respecto a la reciente controversia en el Congreso de Querétaro, donde los legisladores Ulises Gómez de la Rosa (Morena) y Enrique Correa Sada han expresado su intención de declararse “independientes” con el fin de formar parte de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO).
Maximiliano García señaló que esta situación es consecuencia directa de los cambios a la Ley Orgánica del Congreso. “Esto no habría sucedido si no se hubieran aprobado las modificaciones.
La puerta se dejó abierta, y hoy tenemos legisladores que buscan la independencia solo para acceder a la JUCOPO”, criticó el diputado, subrayando que la reforma ha permitido que algunos utilicen la figura de “independientes” como estrategia política para ganar poder, sin que esto responda a una verdadera convicción ideológica.
El legislador también recordó que, antes de la reforma, la JUCOPO funcionaba de manera diferente. Anteriormente, cada representante de fracción tenía un peso proporcional al número de diputados en la Cámara.
Sin embargo, con los cambios recientes, cada grupo parlamentario, fracción o legislador independiente cuenta con un voto en la Junta, lo que, según García, ha generado una dinámica en la que “si tengo un voto, valgo lo mismo que un partido con 11 diputados”.
Finalmente, Maximiliano García consideró que la independencia legislativa debería estar motivada por razones ideológicas profundas, no por el simple deseo de influir en la JUCOPO.
La diputada Sully Mauricio Sixtos, presidenta de la Comisión de Desarrollo Agropecuario, durante la segunda mesa de trabajo en Tequisquiapan. 
Guillermo Vega Guerrero, coordinador del Grupo Legislativo del PAN, recibió los paquetes con 64 mil 497 firmas en la sede del Congreso de Querétaro. 
El acto reunió a cuatro legisladores panistas y al diputado independiente Enrique Correa Sada; el Frente calificó la entrega como la movilización ciudadana más amplia en el debate del aborto en la entidad. 
La propuesta plantea elevar el mínimo vital de agua de 50 a 100 litros por persona al día y establecer mecanismos de vigilancia ciudadana del servicio. 