Querétaro, 23 de septiembre de 2024.— El futuro de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) en el Congreso local de Querétaro permanece en el aire, según informó Guillermo Vega Guerrero, diputado del Partido Acción Nacional (PAN) y actual presidente de la misma.
Esto se debe a la impugnación de Morena contra las reformas recientes a la Ley Orgánica del Poder Legislativo.
La LX Legislatura aprobó modificaciones que establecen que la JUCOPO debe ser presidida por el partido con mayor cantidad de votos en las elecciones, y no por el partido con más diputados, como se hacía anteriormente.
Aunque la reforma ya está en vigor, las acciones de inconstitucionalidad y juicios de amparo interpuestos por Morena han dejado el asunto sin una resolución definitiva.
“Dependemos de lo que determinen las autoridades jurisdiccionales, pero necesitamos trabajar en conjunto sin generar divisiones,” afirmó Vega Guerrero, quien hizo un llamado a evitar conflictos partidistas y a mantener el diálogo como la principal herramienta para avanzar.
El legislador subrayó la necesidad de que el PAN actúe con mesura y que la oposición asuma una postura responsable, con el objetivo de prevenir confrontaciones innecesarias en el proceso legislativo.
El foro reunió a representantes del IEEQ, del Centro de Prevención Social del Delito y organizaciones civiles en torno a la agenda de igualdad sustantiva. 
El foro reunió a representantes del IEEQ, del Centro de Prevención Social del Delito y organizaciones civiles en torno a la agenda de igualdad sustantiva. 
La diputada Sully Mauricio Sixtos, presidenta de la Comisión de Desarrollo Agropecuario, durante la segunda mesa de trabajo en Tequisquiapan. 
Guillermo Vega Guerrero, coordinador del Grupo Legislativo del PAN, recibió los paquetes con 64 mil 497 firmas en la sede del Congreso de Querétaro. 
El acto reunió a cuatro legisladores panistas y al diputado independiente Enrique Correa Sada; el Frente calificó la entrega como la movilización ciudadana más amplia en el debate del aborto en la entidad. 
La propuesta plantea elevar el mínimo vital de agua de 50 a 100 litros por persona al día y establecer mecanismos de vigilancia ciudadana del servicio.