Querétaro, 29 de julio de 2026.- No es necesaria una nueva ley para impedir que escuelas con registros de validez de otros estados operen en Querétaro, porque la normativa vigente ya las obliga a tramitar el permiso estatal, afirmó la secretaria de Educación, Martha Elena Soto Obregón, quien reconoció que existen instituciones que operan de manera irregular en la entidad y llamó a la ciudadanía a denunciarlas.
La funcionaria respondió así al planteamiento del delegado de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en Querétaro, Mauricio Ruiz Olaes, sobre la conveniencia de legislar contra planteles que llegan como franquicias con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (REVOE) de otras entidades, cuyos alumnos deben acudir al estado de origen cuando enfrentan problemas con sus certificados.
Soto Obregón explicó que cualquier institución educativa con establecimientos en distintos estados debe demostrar en Querétaro la existencia de su infraestructura y acreditar a su personal docente, exactamente igual que donde obtuvo su registro inicial. Contar con un REVOE federal, subrayó, no exime a ninguna escuela de cumplir los requisitos y exigencias de la normativa estatal.
La titular de la SEDEQ admitió que sí existen irregularidades: hay instituciones que se ostentan en su publicidad con el registro federal sin contar con la autorización del estado.
Describió como una práctica constante la de quienes buscan lucrar con la necesidad educativa de las personas, incluso con locales que se anuncian como universidades sin serlo. El fenómeno tiene antecedentes recientes en la entidad: la Fiscalía estatal ha actuado contra escuelas patito y la SEP detectó en 2025 casi un centenar de certificados falsos expedidos por planteles sin registro.
La funcionaria pidió el apoyo de la ciudadanía para identificar y denunciar estos casos ante la Dirección de Educación de la dependencia. Recordó que los padres de familia pueden verificar el registro de validez oficial de cualquier plantel mediante un código QR disponible en la página de la SEDEQ, que también remite a la consulta de registros federales.
La secretaria no precisó cuántos egresados podrían haber resultado afectados por cursar estudios en instituciones sin validez oficial.
