Querétaro, 4 de agosto de 2026.- Una iniciativa que se presente como defensa de las audiencias puede terminar siendo el instrumento para silenciar la crítica periodística. Esa es la advertencia del diputado local de Movimiento Ciudadano, Paul Ospital Carrera, quien cuestionó el proyecto de ley de derechos de audiencias que se debate en el ámbito federal.
"Si la regla para defender a las audiencias termina silenciando la crítica, no ganamos ningún derecho, ganamos una nueva ley mordaza", señaló el legislador.
Ospital Carrera contextualizó el debate: el derecho de las audiencias quedó inscrito en la Constitución desde 2013. En 2017 se aprobaron leyes secundarias para regularlo, pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación las invalidó al determinar que la regulación debía recaer en un órgano autónomo. Desde entonces, el país carece de una ley secundaria en la materia.
Los promotores de la nueva iniciativa argumentan que busca empoderar a las audiencias, protegerlas de la desinformación, elevar los estándares periodísticos y establecer mecanismos de defensa para los ciudadanos.
Para Ospital, sin embargo, ese objetivo choca con un riesgo concreto: "hay una línea muy delgada entre proteger los derechos de las audiencias y abrir la puerta a la censura.
Obligar a periodistas y conductores a separar permanentemente el hecho de la opinión puede generar autocensura, porque el temor a sanciones terminará afectando la libertad con la que hoy se ejerce el periodismo".
El argumento central del diputado se sostiene en la ausencia del árbitro. Ante la falta de un órgano autónomo que regule la materia, quien decidiría si una crítica es válida o no sería el propio gobierno. "Eso elimina cualquier garantía de imparcialidad y representa un riesgo para la libertad de expresión y el ejercicio periodístico", advirtió.
El debate sobre la regulación de medios no es nuevo en Querétaro. En junio pasado, la diputada Claudia Díaz Gayou presentó una iniciativa para inscribir la protección a periodistas en la Constitución estatal, con el argumento de que agredir a un reportero lesiona el derecho de la sociedad a estar informada.
La pregunta que deja la posición de Ospital es si puede diseñarse una regulación de audiencias que fortalezca derechos sin convertirse en un mecanismo de control sobre los medios y sobre quienes ejercen el periodismo en México, debate en el que la exclusión de medios digitales críticos en espacios de acceso a la información ya mostró cómo el poder puede operar sin necesidad de una ley.
