Querétaro, 8 de junio de 2026.- La coordinadora de la fracción del Partido del Trabajo en la LXI Legislatura, Claudia Díaz Gayou, presentó una iniciativa para reformar el artículo 2 de la Constitución Política del Estado de Querétaro e incorporar de forma expresa la protección a periodistas y personas defensoras de derechos humanos.
La legisladora sostuvo que agredir a una periodista o intimidar a un reportero no lesiona solo a un individuo: golpea a la democracia y vulnera el derecho de la sociedad a estar informada. Con ese argumento, planteó que la seguridad de quienes ejercen el periodismo debe quedar inscrita en la ley máxima del estado y no depender de políticas temporales.
La reforma propone que la Constitución reconozca la obligación del Estado y de los municipios de proteger la vida, la integridad, la libertad y la seguridad de las personas periodistas y defensoras, un compromiso que hoy carece de rango constitucional en la entidad.
¿Qué propone la reforma para proteger a periodistas en Querétaro?
Díaz Gayou explicó que el artículo 2 de la Constitución local sería el punto donde se ancle esa protección, por tratarse del máximo ordenamiento jurídico del estado, con la intención de convertir la garantía en un deber permanente de las instituciones públicas.
El planteamiento coincide con un reclamo que organismos como la Defensoría estatal han colocado en la agenda pública.
La diputada acompañó la propuesta con un mensaje frontal:
"Ningún, repito, ningún periodista debe ser objeto de campañas de linchamiento digital o campañas negras, como las que se han estado haciendo desde los sótanos del Poder en nuestro estado.
La libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos no son concesiones del gobierno. Son derechos fundamentales reconocidos por nuestra Constitución y por los tratados internacionales suscritos por México", advirtió.
La presión económica también es violencia
La petista apuntó a una práctica que, según dijo, ha golpeado históricamente a la libertad de expresión: castigar a las voces críticas mediante el retiro de publicidad oficial o la exclusión de espacios institucionales. Sobre ese punto fue tajante:
"Ningún medio de comunicación debe verse obligado a elegir entre informar con libertad o garantizar su viabilidad financiera. La crítica al poder nunca debe responderse con un veto al bolsillo. La presión económica también es violencia y así debe ser reconocida", señaló.

El planteamiento llegó días después de la denuncia pública de María José González, integrante del Frente Queretano por el Derecho a la No Discriminación y el Estado Laico, quien dijo haber sido víctima de un presunto acto de intimidación por su participación en la discusión de la Ley de Identidad de Género, el mismo debate que pasó por el dictamen de identidad en comisiones y derivó después en el respaldo al veto del Ejecutivo. Díaz Gayou enmarcó el caso al margen de las posturas sobre esa ley:
"Independientemente de las posturas que cada persona pueda tener sobre ese tema, existe algo en lo que debemos coincidir todas y todos: ninguna persona debe ser amenazada, intimidada o agredida por defender una causa, una idea o un derecho", afirmó.
Parlamento abierto rumbo a la ley secundaria
La iniciativa apenas abre el proceso. La legisladora adelantó que se promoverá un parlamento abierto durante junio para enriquecer la reforma y, después, construir la ley secundaria que la reglamente. La convocatoria, dijo, se extiende a los medios de comunicación y a la sociedad civil.
Díaz Gayou ligó esa ruta a los tiempos presupuestales: busca que la reforma quede lista para que, en octubre, cuando municipios y estado envíen sus proyectos de egresos, exista margen para etiquetar recursos destinados a la protección de periodistas y defensores.
El objetivo de fondo, expresó, es "hacer de Querétaro un referente nacional de Libertades".







