Buenos Aires, 10 Jun (Notimex).- La detención de un comisario de la policía argentina por mantener presuntos vínculos con el narcotráfico reabrió el debate sobre la creciente presencia del crimen organizado en este país sudamericano.
El comisario Gustavo Pereyra fue detenido la semana pasada en Rosario, distante 300 kilómetros de Buenos Aires, tras una denuncia por un supuesto encubrimiento de actividades de una banda dedicada al tráfico de drogas y que estaría vinculada a varios asesinatos.
Su aprehensión desató un escándalo porque Pereyra es el segundo jefe policiaco de la provincia de Santa Fe que es imputado por una supuesta relación con narcotraficantes.
Hugo Tognoli, ex comisario provincial, se entregó a la justicia argentina en octubre del año pasado después de haber permanecido prófugo, pero su situación legal todavía no se ha resuelto.
Según el expediente, Tognoli recibía sobornos mensuales por casi ocho mil dólares por parte de una red de narcotraficantes que vendía drogas en los kioscos y que reclutaba adolescentes para que se unieran a la banda.
Esta es la primera vez que las imputaciones alcanzan a funcionarios públicos de alto rango, ya que hasta ahora había sido común la detención de subordinados de las fuerzas de seguridad a los que se detenía con cargamentos de drogas, sobre todo en el norte del país.
Además, las detenciones tienen un tinte fuertemente político, ya que Santa Fe es una provincia gobernada por el socialismo, partido rival del gobierno nacional que encabeza la presidenta Cristina Fernández.
De hecho, la detención de Tognoli impactó políticamente al ex gobernador de la provincia, Hermes Binner, quien fue candidato presidencial en las elecciones del año pasado y que buscará postularse nuevamente en los comicios generales de 2015.
Su figura y la del actual gobernador, el también socialista Antonio Bonfatti, han quedado afectadas porque los medios de prensa reportan de manera constante el creciente clima de violencia que asola la provincia.
Por eso es que la detención de Pereyra, el segundo comisario presuntamente vinculado con narcos, conmocionó a la clase política provincial ya que además de él están implicados varios oficiales de la Policía local.
El comisario Gustavo Pereyra fue detenido la semana pasada en Rosario, distante 300 kilómetros de Buenos Aires, tras una denuncia por un supuesto encubrimiento de actividades de una banda dedicada al tráfico de drogas y que estaría vinculada a varios asesinatos.
Su aprehensión desató un escándalo porque Pereyra es el segundo jefe policiaco de la provincia de Santa Fe que es imputado por una supuesta relación con narcotraficantes.
Hugo Tognoli, ex comisario provincial, se entregó a la justicia argentina en octubre del año pasado después de haber permanecido prófugo, pero su situación legal todavía no se ha resuelto.
Según el expediente, Tognoli recibía sobornos mensuales por casi ocho mil dólares por parte de una red de narcotraficantes que vendía drogas en los kioscos y que reclutaba adolescentes para que se unieran a la banda.
Esta es la primera vez que las imputaciones alcanzan a funcionarios públicos de alto rango, ya que hasta ahora había sido común la detención de subordinados de las fuerzas de seguridad a los que se detenía con cargamentos de drogas, sobre todo en el norte del país.
Además, las detenciones tienen un tinte fuertemente político, ya que Santa Fe es una provincia gobernada por el socialismo, partido rival del gobierno nacional que encabeza la presidenta Cristina Fernández.
De hecho, la detención de Tognoli impactó políticamente al ex gobernador de la provincia, Hermes Binner, quien fue candidato presidencial en las elecciones del año pasado y que buscará postularse nuevamente en los comicios generales de 2015.
Su figura y la del actual gobernador, el también socialista Antonio Bonfatti, han quedado afectadas porque los medios de prensa reportan de manera constante el creciente clima de violencia que asola la provincia.
Por eso es que la detención de Pereyra, el segundo comisario presuntamente vinculado con narcos, conmocionó a la clase política provincial ya que además de él están implicados varios oficiales de la Policía local.
