Un tribunal de Argentina consideró a De Vido culpable de los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y estrago culposo seguido de muerte.
La decisión obedece a que, en su papel como ministro de Planificación que ocupó durante los 12 años del kirchnerismo, De Vido tenía que controlar que las empresas concesionarias del servicio de trenes cumplieran con las labores de mantenimiento necesarias para garantizar la seguridad de los pasajeros.
Antes de la lectura del fallo, el exfuncionario, que está detenido e imputado en múltiples causas por corrupción, aseguró que los procesos judiciales en su contra son una decisión política del presidente Mauricio Macri.
La mañana del 22 de febrero de 2012, un tren en el que viajaban más de mil personas, en especial trabajadores que viven en los alrededores de Buenos Aires, chocó al arribar a Once, una de las terminales ubicadas en el centro de esta capital.
En las horas posteriores a la tragedia se reportó el hallazgo de 50 personas fallecidas y centenares de heridos, pero los padres de Lucas Menghini, un joven de 20 años, denunciaron que él viajaba en el tren, pero no lo encontraban en ningún hospital.
El cuerpo de Menghini fue ubicado tres días después del choque atrapado entre dos vagones, lo que provocó una oleada de indignación por la ineficacia del trabajo realizado por los rescatistas bajo la orden del gobierno.
La reacción de las autoridades estuvo plagada de críticas, ya que osciló entre la indiferencia y la irresponsabilidad e incluso hubo funcionarios que llegaron a culpar a las víctimas de su propia tragedia por viajar apretujados en los dos primeros vagones del tren.
El gobierno encabezado por Cristina Fernández de Kirchner siempre negó cualquier responsabilidad en el siniestro y trató de culpar sólo al conductor del tren por no haber frenado al llegar a la estación.
A fines de 2015, el primer juicio por el choque ferroviario de Once culminó con condenas de entre cuatro y nueve años de prisión en contra de 21 acusados, entre ellos el exsecretario de Transporte, Ricardo Jaime, y los empresarios que tenían la concesión del servicio.
“Corrupción seguida de muerte”, fue la acusación central del caso que este miércoles culminó con otra condena que fue celebrada entre lágrimas por los familiares de las víctimas.