La Habana, octubre (SEMlac).- Anclada tenazmente en el trasfondo de muchas formas de maltrato, la llamada violencia estructural no es más que la manera en que normas legales, sociales, culturales o económicas, entre otras, se erigen sobre múltiples desigualdades de poder.
Comprenderla y visibilizarla es crucial para entender fenómenos entrecruzados como el edadismo, el clasismo, el racismo o el sexismo, por solo citar algunos ejemplos.
Para la psicóloga María del Carmen Zabala, profesora e investigadora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), "pese a los avances en la condición y posición de la mujer en la sociedad cubana, persisten un conjunto de desigualdades e inequidades que muestran las desventajas aún existentes, sobre todo para la población femenina".
"Estas desigualdades pueden constituir causas y efectos de la violencia de género", asevera Zabala, quien lleva muchos años estudiando la Interseccionalidad, la equidad y las políticas sociales en la nación caribeña.
¿Cómo se cruzan en Cuba las violencias de género con las desigualdades y de qué formas se manifiesta esa relación?
Por un lado, las desigualdades son factores o condiciones que limitan las posibilidades de desarrollo y autonomía de las mujeres y las colocan en riesgo de ser víctimas de violencia de género por parte de sus parejas, familiares, compañeros de trabajo o jefes; igualmente, las llevan a permitir y mantener esa situación, dada su posición subordinada o dependiente.
Por otro lado, la violencia tiene efectos negativos en la salud física, el bienestar psicológico, la posibilidad de participación en redes sociales, la disponibilidad de recursos y activos -físicos, humanos y sociales- y el despliegue de estrategias desarrolladoras. Por eso, es considerada como un pasivo para el aprovechamiento de oportunidades sociales.
Entre las principales desigualdades que pueden conducir a violencias diversas puede señalarse la división sexual del trabajo, que sobrecarga a las mujeres con las tareas domésticas y de cuidados, a la par que limita su acceso y desempeño en el empleo.
Pero también se encuentra la segregación ocupacional, vertical y horizontal; su limitada presencia en el sector no estatal -cooperativas, usufructos, trabajo por cuenta propia, mipymes-, en categorías ocupacionales y sectores económicos con mayor remuneración, o la aún insuficiente presencia de ellas como directivas.
Igualmente, puede constatarse desigualdad en la importante y ascendente proporción de cubanas jefas de hogares, en su mayoría monoparentales. Aunque constituye un reconocimiento del rol que desempeñan en las familias, esta realidad también se asocia con la vulnerabilidad ante la pobreza, junto a otras condiciones socioeconómicas y familiares.
En las edades más tempranas, el incremento del emparejamiento temprano y embarazo adolescente funcionan como interruptores de las trayectorias educativas, con implicaciones negativas para la posterior inserción laboral.
El análisis interseccional de estas desigualdades ha identificado la relevancia, para poder atenderlas, de las categorías de género y color de la piel, junto a otras como clase, edad y territorio.
A partir de sus investigaciones, ¿cuál sería una ruta posible para atender estas desigualdades?
Existe un camino definido a partir del Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres (Pam), cuyo propósito es el avance de las mujeres y la igualdad de derechos, oportunidades y posibilidades para ellas.
Este programa incluye diferentes tipos de acciones -educativas, formativas y divulgativas-; involucra a familias, comunidades, organizaciones sociales e instituciones y, de manera particular, en su plan de acción, contempla el enfrentamiento a la violencia y discriminación por razones de género.
Para el logro de estos propósitos, la ruta debe caracterizarse por la integralidad y el abordaje intersectorial.
Una primera cuestión sería la integración de las áreas de atención -empoderamiento económico, medios de comunicación, educación, prevención y trabajo social, acceso a la toma de decisiones, marco normativo, salud sexual y reproductiva, estadísticas e investigaciones- y la consideración de los factores estructurales y subjetivos/simbólicos involucrados.
La segunda sería la articulación de este programa con otros existentes que buscan equidad y justicia social, como el Programa nacional contra el racismo y la discriminación, las políticas de atención a la vulnerabilidad social y a las infancias, adolescencias y juventudes, entre otros. Todos ellos contienen un análisis transversal de género -algunos también interseccional-, que puede constituir una entrada para la atención a la violencia de género.
Desde las investigaciones que he realizado, considero esencial lograr la interrupción de los mecanismos de trasmisión familiar e intergeneracional de las situaciones de pobreza y vulnerabilidad, que constituyen un riesgo de consideración en cuanto a la violencia de género.
¿Fortalezas, debilidades, brechas?
Entre las fortalezas está la existencia de instrumentos legales, como la Constitución de la República y el Código de las Familias entre los más importantes, que propician el desarrollo integral de las mujeres y las protegen de la discriminación y violencia de género en cualquiera de sus manifestaciones; así como de un programa nacional que identifica la problemática y formula acciones para su enfrentamiento.
También incluiría los avances en cuanto a educación y la permanencia -aún con algunos retrocesos- de cultura y valores que sustentan la igualdad de género.
Entre las debilidades o brechas se cuentan esa insuficiente integralidad, intersectorialidad y colaboración interinstitucional en las políticas, programas y proyectos existentes, junto a la también escasa formación en los temas de género de decisores, funcionarios, operadores de política, profesionales y técnicos.
En otro orden, no existe un control efectivo de la discriminación de género en el sector no estatal de la economía y persisten insuficiencias en la implementación local de las políticas y en la inclusión de estos asuntos en las estrategias de desarrollo municipales.
También se identifican inconsistencias entre la política diseñada y los valores promovidos desde la cultura y los medios de comunicación. Por otro lado, la profunda crisis económica que vive el país supone importantes limitaciones de recursos y prioridades para determinadas acciones, lo que puede constituir un riesgo para la implementación de las políticas aprobadas.