Cuba — 23 de marzo de 2026. —Con más de un tercio de la fuerza laboral cubana fuera del sector estatal, el gobierno aprobó en diciembre de 2025 el Decreto-ley 114/2025, el primer marco legal de la isla para regular alianzas público-privadas en Cuba entre entidades empresariales estatales y actores no estatales.
La norma, publicada en la Gaceta Oficial el 3 de marzo y vigente desde abril, busca dinamizar una economía que enfrenta décadas de problemas acumulados, aunque especialistas y emprendedores advierten que su impacto real dependerá de condiciones que hoy no están garantizadas.
El texto legal se sustenta en el artículo 22 de la Constitución de 2019, que reconoce la propiedad mixta, y establece cuatro modalidades de asociación: constitución de sociedades de responsabilidad limitada mixtas, adquisición de participaciones por una entidad estatal en una empresa privada existente, fusión por absorción y contratos de asociación económica con fondo común.
Las nuevas sociedades podrán exportar e importar directamente, operar cuentas en divisas con autorización del Ministerio de Economía y Planificación, y definir sus precios conforme a las reglas del Ministerio de Finanzas.
Desde el sector privado, la experiencia de Anibex Abreu ilustra cómo estas colaboraciones pueden funcionar cuando existe voluntad de ambas partes. Abreu, creadora de "Devuelta", un proyecto de reciclaje de envases de vidrio en el municipio capitalino del Cerro, firmó en 2024 un contrato de exclusividad con Habana Club S.A. para proveer piezas elaboradas con botellas vacías derivadas de ferias y eventos. "Valoran mucho el tiempo que una le dedica al trabajo", señaló la artesana sobre la relación con la empresa ronera.
Obstáculos estructurales frenan las alianzas público-privadas en Cuba
Sin embargo, no todos los encadenamientos funcionan con la misma fluidez. Ricardo Fernández, director de operaciones de Deshidratados Habana SRL, señaló que uno de los principales problemas es la distorsión en las tasas de cambio entre entidades estatales y privadas.
Explicó que cuando una empresa estatal adquiere su mercancía y la vende en divisas aplicando una tasa de 24 o 120 pesos por dólar, mientras su tasa real de mercado ronda los 400 pesos, el producto termina llegando al consumidor a un precio que nadie está dispuesto a pagar. "Ahí es donde empieza a ralentizarse absolutamente todo el sistema", precisó.
El economista Oscar Fernández reconoció que el objetivo de la norma es correcto, pero advirtió que "llega muy tarde". A su juicio, la centralización de todas las aprobaciones en el Ministerio de Economía y Planificación será el principal cuello de botella en la práctica.
"Aprobar una empresa de este tipo debería ser un proceso casi automático", sostuvo, y estimó que solo algunas pocas pymes con visión de largo plazo y mucha paciencia intentarán constituir sociedades mixtas.
La jurista Katia Pérez Díaz, coordinadora de la Red Cubana de Mujeres Emprendedoras, advirtió que para las emprendedoras los obstáculos son aún mayores, pues muchas operan en la informalidad, lo que limita su acceso a contratos formales, financiamiento y materias primas.
Indicó, no obstante, que las alianzas entre empresas estatales y privadas podrían contribuir a cerrar esa brecha si facilitan procesos de formalización. La norma entrará en vigor en abril, aunque quedan excluidas las personas naturales que realizan actividades mercantiles de manera individual.
