#ConlasOSCsí! Pero…

Allá por 2015 un grupo de organizaciones de la sociedad civil, colectivos, asociaciones y grupos feministas, organizaron en el seno de una reunión de Indesol, en el Estado de México, una protesta contra el feminicidio; la respuesta institucional fue reprimirlas lo más que se pudo revisándoles bolsas y tratando de impedir que se exhibieran carteles de protesta pero esto no sirvió pues el reclamo se realizó. Extrañamente las poquísimas organizaciones que recibían fondos por su valioso trabajo nunca más volvieron a recibirlo.

De hecho, pocas, poquísimas organizaciones feministas fueron beneficiadas y al contrario, se implementó aquel discurso que amenazaba que las que participaran en acciones de aborto no recibirían recursos de Indesol ¿o ya se les olvidó? Lo cierto es que sí, hubo un uso “extraño” -por llamarlo de alguna forma- de los recursos que se destinaban a la sociedad civil e incluso nacieron organizaciones que pudieran recibir los fondos que se dejaban de dar a las asociaciones que realmente estaban trabajando en comunidad pero eran feministas, eran críticas y en consecuencia “incómodas”.

Incluso se crearon asociaciones para que las instancias de las mujeres pudieran controlar los fondos destinados a los refugios, y utilizaban este “control” en forma discrecional que es conocida mucho mejor por el personal que trabaja en los propios refugios muchas veces resolviendo situaciones extraordinarias por vocación.

Si algo se podría pedir o decir al Presidente es reconocer que la sociedad civil que trabaja es y ha sido la menos favorecida por fondos públicos, y por el contrario, es la que ha trabajado muchísimo en favor de las poblaciones en situación de vulnerabilidad.

Podemos revisar, por ejemplo, cuántas de las organizaciones o grupos que han trabajado e impulsaron el tipo penal del feminicidio, monitorearon registros periodísticos, han recibido fondos del Estado para ello, la respuesta podría darla de manera específica por cada entidad, pero no se trata de eso.

Las organizaciones de la sociedad civil que se constituyeron con el único objetivo de agruparse para trabajar están hechas por mujeres que pusieron y han puesto su salario, cada peso y recurso que tienen para hacer algo que nadie estaba haciendo. Contar casos de feminicidio no era popular, impulsar los derechos de las mujeres no era popular, acompañar a mujeres que deseaban interrumpir su embarazo era y sigue siendo muchísimo menos popular pero una realidad.

Muchas de las organizaciones más fuertes en Derechos Humanos por ejemplo, jamás han recibido un peso de los fondos públicos del Estado y aún así subsisten y continúan trabajando por la defensa de los derechos de todas las personas.

Esto no quiere decir que se haga una defensa a “rajatabla” de las organizaciones, existe una herencia de éstas que se crearon regidas bajo su propio interés y ética y que colaboraron con instancias de las mujeres bajo los requisitos y condiciones que servidores públicos les pedían, y otras que sí trabajaron defendiendo el uso racional y objetivo de los fondos para realmente ejercerlos en lo que se debía.

Es de todas las consultoras y mujeres que trabajan en sociedad civil conocido el “moche” que les pedían por otorgarles contratos para realizar acciones, al punto que se les hacía casi imposible alcanzar las metas por el porcentaje que les retenían los municipios, los contratos “sugeridos” de consultores que resultaban ser familiares de quienes los proponían y un sinfín de situaciones que está de más exponer porque ya son sabidas y conocidas.

Para nadie es un secreto. El fin de semana platicaba con una destacada feminista en el estado de Jalisco y en la conversación coincidíamos, sabemos y conocemos las condiciones en las que funcionan muchas instancias, pero como en los refugios, las IMEF no deben ser desaparecidas; esa no es la solución sino transparentar sus procesos.

El verdadero reto es limpiar, depurar y abrir convocatorias que sean calificadas realmente sin dar beneficios por otras condiciones que no sean los méritos y propuestas presentadas, establecer mecanismos que impidan a autoridades municipales y estatales controlar los fondos destinados a la prevención de la violencia contra las mujeres por complicidades criminales que trajeron como resultado que en enero hayan asesinado a 10 mujeres diariamente, asesinatos que les empañan las manos de sangre porque son resultado de que no se utilizaran los recursos públicos para lo que eran destinados.