Las recientes protestas feministas contra la violencia hacia las mujeres han demostrado la necesidad de tomar medidas de fondo en todos los ámbitos para garantizar una vida libre de violencia para todas. Muchas de las manifestantes que tomaron las calles en agosto y en la marcha del silencio del domingo 8, son jóvenes. Si bien en esta última la denuncia principal fue contra el feminicidio y la desaparición, lo que las une es la indignación ante las violencias machistas.
En este contexto, han salido a la luz graves casos de acoso y persecución en universidades públicas, que deberían ser espacios seguros para el desarrollo personal e intelectual y la libre discusión de las ideas.
La magnitud del acoso en las universidades no puede medirse con certeza. Lo evidente hoy es que menos estudiantes y académicas están dispuestas a tolerar el acoso sexual y laboral. Por eso han denunciado ante autoridades universitarias o gubernamentales o han recurrido a medios, internet y formas de expresión artística, como los “tendedores”, para dar a conocer sus casos.
Ante estas denuncias, la mayoría de las universidades han sido más o menos omisas, optando por una política de simulación consistente en hacer protocolos que no se cumplen, en derivar las denuncias a oficinas que las archivan y en proteger a los agresores.
Así, pese a protocolos y unidades de igualdad de género, persisten acoso y hostigamiento, a los que se añaden, en un backlash machista, amenazas y agresiones directas contra las denunciantes y quienes las apoyan. En una escalada inaudita en pleno siglo XXI, los agresores descalifican también la teoría feminista y la perspectiva de género, cuyo potencial crítico para analizar la realidad con rigor temen o ignoran. Lo que de hecho rechazan es el cuestionamiento al statu quo y a la normalización de las violencias machistas.
Dos casos recientes deberían alarmar a la ANUIES y a quienes defienden la libertad de pensamiento y de cátedra en las universidades públicas. El más grave es el de la UACM donde el 4 de septiembre, cumpliendo con medidas cautelares expedidas por la CEAV, cuatro estudiantes y su profesora feminista ingresaron al plantel de la colonia del Valle escoltadas por policías mujeres para continuar con su seminario con perspectiva de género sin ser agredidas por otros universitarios que unos días antes las obligaron a refugiarse en una oficina.
Como han documentado varios medios, el acoso laboral contra la profesora, que ella denunció formalmente, se convirtió en descalificación de la teoría feminista y de género por parte de académicos del programa de Derechos Humanos, seguida de agresiones contra las estudiantes por parte de sus compañeros.
De ahí el recurso extremo a la presencia policiaca que ni protege a las estudiantes fuera del plantel ni resuelve el ataque a la libertad de cátedra y pensamiento.
En la Universidad de Guanajuato, por otra parte, las estudiantes que denunciaron acoso por diversas vías, entre ellas un “tendedero”, han sido revictimizadas por docentes y compañeros. Ahí también se descalifica la teoría feminista y la inclusión de la perspectiva de género en programas de estudios. Los agresores, en una inversión cínica, han acusado a las académicas que apoyan a sus estudiantes de instigar las denuncias y de carecer de ética.
Estos casos revelan un preocupante patrón de estigmatización de las denunciantes, algunas de las cuales han sido acusadas a su vez de difamación o violencia. Se busca acallarlas y amedrentar a quienes las apoyan. Revelan también una reacción visceral contra la teoría crítica feminista que los agresores, por lo visto, consideran una amenaza a su autoridad, su canon y sus privilegios.
La mayoría de las universidades han optado por una política de simulación. Ya no son sólo omisas sino cómplices del acoso. Si hoy además toleran los ataques a la libertad de pensamiento, minarán su sentido más básico De no actuar con energía, contribuirán al aumento de la violencia y la intolerancia, contrarias al espíritu universitario. (Lucia Melgar)
