Washington, 1 Nov (Notimex).- El creciente uso de aviones no tripulados o drones para tareas militares y civiles en los países de las Américas abre la puerta a abusos debido a la falta de transparencia y regulación, denunciaron hoy organizaciones civiles.
Pidieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llamar a todos los países del continente, incluyendo a Estados Unidos, a que cumplan las normas internacionales, en particular a lo que se refiere a la protección de la privacidad.
También solicitaron que la CIDH inicie un proceso de clarificación sobre las obligaciones de los Estados en cuanto el uso de drones armados y no armados y que se elabore un informe al respecto.
"Si no se toman acciones inmediatas el día de mañana podemos realmente sufrir violaciones a los derechos humanos (por su uso) también en America Latina", indicó el el director para Derechos Humanos del Centro Robert F. Kennedy, Santiago Cantón.
Durante una audiencia ante la CIDH, Cantón dijo que la opacidad del tema evidencía el hecho de que existe falta de transparencia sobre el uso de esta tecnología, así como de regulación.
"Salvo los casos de Brasil, Estados Unidos y Canadá no existen ejemplos de regulaciones para uso interno y su uso internacional en ninguno de los países de América Latina. Es difícil medir la realidad por la falta de transparencia", acusó.
De acuerdo con el ex director ejecutivo de la CIDH, en la actualidad 14 países miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) "tienen o han utilizado drones".
La lista la componen Argentina, Brasil -el país con el mayor número drones de fabricación nacional y externa en Latinoamérica-, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú, Uruguay, Costa Rica, Uruguay, Belice, Trinidad y Tobago y Bahamas.
James Nelson, de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), dijo que el riesgo de abusos está presente aún en Estados Unidos,, donde existen regulaciones al respecto.
En particular refirió el empuje que existe para permitir que las policías puedan utilizar drones no armados para tareas de vigilancia, algo que ha encontrado resistencia debido a los temores sobre la invasión de la privacidad.
"Creemos que conforme las reglas se vayan relejando es posible anticipar que las policías vayan a empezar a usar drones. El mayor temor es que los drones se conviertan en una herramienta común para conducir tareas de vigilancia", expuso.
Pidieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llamar a todos los países del continente, incluyendo a Estados Unidos, a que cumplan las normas internacionales, en particular a lo que se refiere a la protección de la privacidad.
También solicitaron que la CIDH inicie un proceso de clarificación sobre las obligaciones de los Estados en cuanto el uso de drones armados y no armados y que se elabore un informe al respecto.
"Si no se toman acciones inmediatas el día de mañana podemos realmente sufrir violaciones a los derechos humanos (por su uso) también en America Latina", indicó el el director para Derechos Humanos del Centro Robert F. Kennedy, Santiago Cantón.
Durante una audiencia ante la CIDH, Cantón dijo que la opacidad del tema evidencía el hecho de que existe falta de transparencia sobre el uso de esta tecnología, así como de regulación.
"Salvo los casos de Brasil, Estados Unidos y Canadá no existen ejemplos de regulaciones para uso interno y su uso internacional en ninguno de los países de América Latina. Es difícil medir la realidad por la falta de transparencia", acusó.
De acuerdo con el ex director ejecutivo de la CIDH, en la actualidad 14 países miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) "tienen o han utilizado drones".
La lista la componen Argentina, Brasil -el país con el mayor número drones de fabricación nacional y externa en Latinoamérica-, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú, Uruguay, Costa Rica, Uruguay, Belice, Trinidad y Tobago y Bahamas.
James Nelson, de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), dijo que el riesgo de abusos está presente aún en Estados Unidos,, donde existen regulaciones al respecto.
En particular refirió el empuje que existe para permitir que las policías puedan utilizar drones no armados para tareas de vigilancia, algo que ha encontrado resistencia debido a los temores sobre la invasión de la privacidad.
"Creemos que conforme las reglas se vayan relejando es posible anticipar que las policías vayan a empezar a usar drones. El mayor temor es que los drones se conviertan en una herramienta común para conducir tareas de vigilancia", expuso.
