México, 5 de mayo de 2026. —La Casa Blanca presentó el lunes 4 de mayo una estrategia antidrogas para 2026 que institucionaliza la persecución de precursores químicos, formaliza la presencia de inteligencia estadounidense en operativos contra cárteles y endurece el condicionamiento de la cooperación bilateral a resultados concretos: arrestos, extradiciones y sanciones.
La directora de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas (ONDCP), Sara Carter, presentó el documento cinco días después de que la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York imputara al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por presunta colaboración con Los Chapitos.
El fact sheet de la Casa Blanca detalla ocho ejes que combinan inteligencia operativa contra Organizaciones Terroristas Extranjeras designadas, sanciones financieras a lavadores, interdicción de precursores químicos y manufactura, además de la designación del fentanilo como arma de destrucción masiva.
La Determinación Presidencial de septiembre de 2025 ya había advertido que México debía mostrar esfuerzos adicionales y agresivos para perseguir a líderes del narco, sus laboratorios clandestinos y sus cadenas de precursores.
El componente más sensible de la estrategia ya operaba en territorio mexicano. El 19 de abril, dos oficiales de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) murieron en un accidente vehicular en Chihuahua tras participar en un operativo contra un laboratorio clandestino de drogas, según confirmó el Washington Post el 21 de abril y reportó posteriormente The Intercept.
La presidenta Claudia Sheinbaum exigió explicación a Washington y al gobierno estatal después de declarar que su gabinete de seguridad desconocía la coordinación, en línea con la ola de operativos federales que en marzo intervinieron 15 estados.
La acusación de Nueva York contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios sinaloenses, revelada el 29 de abril, sentó precedente bilateral: nunca antes un mandatario estatal mexicano en funciones había sido imputado en una causa federal estadounidense por narcotráfico.
El indictment se incorpora a la causa 1:23-cr-1800 conocida como USA vs. Guzmán Salazar y plantea penas de 40 años a cadena perpetua.
Rocha Moya solicitó licencia el 1 de mayo y permanece en Sinaloa, según informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien aclaró que el exgobernador perdió fuero al separarse del cargo.
FGR pide pruebas adicionales antes de procesar a Rocha Moya
Sheinbaum rechazó la víspera que su gobierno hubiera recibido pruebas suficientes para proceder y reiteró su política de colaboración sin subordinación, postura que la mandataria ha sostenido tras meses de presión arancelaria de Trump y de declaraciones públicas del propio mandatario sobre eventuales ataques en territorio mexicano.
La Fiscalía General de la República solicitará a Washington pruebas adicionales vía Cancillería antes de definir si procede una eventual solicitud formal de extradición.
¿Qué cambia con la estrategia antidrogas 2026?
El documento de la ONDCP no fija plazos ni metas explícitas de extradición, pero acompaña el endurecimiento sancionatorio del Departamento del Tesoro: el 23 de abril, OFAC sancionó a 23 personas y empresas vinculadas al Cártel de Sinaloa y a sus redes asiáticas de precursores, incluida Karina Carrillo Torres, ligada por parentesco a Los Chapitos.
El nuevo marco también blindó las reacciones violentas que en febrero detonaron tras el abatimiento de El Mencho como riesgo previsible ante futuros operativos de alto impacto.
