México, 8 de mayo de 2026. —"Si no van a hacer el trabajo, nosotros lo haremos." Con esa frase dirigida al gobierno de Claudia Sheinbaum, el presidente Donald Trump anunció el miércoles desde la Casa Blanca el inicio de una fase terrestre en su estrategia antinarcótica, mientras el fiscal general interino, Todd Blanche, advirtió en entrevista con News Nation que vendrán más acusaciones penales contra funcionarios mexicanos presuntamente ligados al narcotráfico.
La cadena de declaraciones cierra una semana de máxima tensión bilateral tras la imputación del gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya.
Trump habló durante un evento en la Oficina Oval por el Día de las Madres, donde aseguró que el ingreso de drogas por mar cayó 97 por ciento y que Washington enfocará ahora operaciones más sencillas en tierra.
El mandatario adelantó que su gobierno tomará cualquier acción necesaria cuando perciba gobiernos cómplices, lenguaje incorporado a la nueva Estrategia Nacional Antiterrorismo firmada el mismo miércoles.
La advertencia escala la presión sobre la estrategia antidrogas 2026 que la directora de la ONDCP, Sara Carter, presentó días antes con las extradiciones como condición central.
Blanche anticipa más imputaciones tras cooperación de capos
Horas antes, Blanche —exabogado personal de Trump y relevo de Pam Bondi al frente del Departamento de Justicia— dijo a News Nation que la imputación contra Rocha Moya no será la última.
Anticipó que ya se han acusado a múltiples funcionarios mexicanos y a un juez, y que esa línea continuará. El fiscal sostuvo que la cooperación de los 96 líderes criminales entregados por México durante el último año, procesada bajo la Regla 35 de las Reglas Federales de Procedimiento Penal, ha generado evidencia suficiente para fincar nuevos cargos.
La acusación del 29 de abril, presentada como superseding indictment ante el Distrito Sur de Nueva York, alcanza a diez funcionarios y exfuncionarios sinaloenses por presuntos nexos con la facción de Los Chapitos. Además de Rocha Moya figuran el alcalde de Culiacán con licencia, Juan de Dios Gámez Mendívil; el vicefiscal estatal con licencia, Dámaso Castro Saavedra; el senador de Morena, Enrique Inzunza Cázarez; el exsecretario de Seguridad Pública estatal, Gerardo Mérida Sánchez, y cinco exmandos policiales. Las penas previstas van de 40 años a cadena perpetua.
¿Cómo respondió México a la amenaza terrestre?
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo replicó este jueves desde Palacio Nacional. "México está actuando", declaró al exhibir cifras del gabinete federal: reducción cercana al 50 por ciento en homicidios dolosos y destrucción de más de 2,500 laboratorios clandestinos.
La mandataria reiteró los cuatro principios de la cooperación —respeto a la soberanía, responsabilidad compartida, confianza mutua y cooperación sin subordinación— y exigió reciprocidad a Washington: la extradición de seis personas que México ha solicitado, cuatro vinculadas al huachicol y dos al caso Ayotzinapa. La FGR pidió pruebas adicionales vía Cancillería antes de resolver sobre la solicitud formal de extradición.
Yeraldine Bonilla Valverde rindió protesta el sábado 2 de mayo como primera gobernadora interina en la historia de Sinaloa. Inzunza Cázarez se aferró a su escaño y descartó solicitar licencia.
Ninguno de los diez imputados ha sido detenido. La postura de rechazo a intervención militar que Sheinbaum sostiene desde noviembre quedó otra vez en juego.
