Este miércoles se celebra el Día Mundial del Agua con el lema "Aguas residuales, ¿por qué desperdiciar agua?", con el objetivo de poder mejorar la calidad del líquido, reducir la contaminación, eliminar los vertidos y minimizar la liberación de productos químicos y materiales peligrosos.
Sin embargo, a pesar de esta declaración de buenas intenciones, Greenpeace advirtió que España sigue sin cumplir con las Directivas Europeas al respecto.
En noviembre pasado, la Comisión Europea solicitó de nuevo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) sancionar a España por incumplir las normas comunitarias en materia de recogida y tratamiento de aguas residuales en 17 núcleos urbanos de Asturias, Galicia, Andalucía, Comunidad Valenciana y Canarias.
Esto supondría una multa de 46.5 millones de euros (unos 50.2 millones de dólares). Además, Bruselas propone también una sanción diaria de 171 mil 217 euros (unos 184 mil 840 dólares) si no se logra el pleno cumplimiento en la fecha en el que el alto tribunal europeo dicte su resolución.
El responsable de la campaña de Greenpeace, Julio Barea, sostuvo que "la contaminación del agua es el factor que más influye en la pérdida de recursos hídricos".
"Incluso basando la gestión hidrológica en un política de oferta ilimitada, la lucha contra la contaminación permitiría aumentar en mayor medida la disponibilidad de agua que seguir con la construcción de nuevos embalses o trasvases", sostuvo.
Greenpeace alertó de que tampoco se libran de la contaminación las aguas subterráneas, que son las reservas estratégicas de agua.
Precisó que los acuíferos pueden almacenar hasta seis veces más agua dulce que todos los embalses juntos que son cerca de mil 300.
Sin embargo, la contaminación procedente principalmente de la agricultura, la ganadería industrial y la sobreexplotación ponen en serio riesgo estas reservas para el futuro.
Todavía está por resolver por las administraciones los planes para cerrar los más de 500 mil pozos ilegales reconocidos, que están esquilmando y contaminando nuestras aguas subterráneas.
En este contexto, la pasada semana el Ministerio español de Medio Ambiente anunció en el Consejo Nacional del Agua conversaciones para lograr un nuevo Pacto Nacional, olvidando que la prioridad es cumplir urgentemente con los objetivos y compromisos recogidos en la Directiva Marco del Agua que España incumple reiteradamente.
Dicha Directiva se sustenta en la sostenibilidad y la protección de los ecosistemas acuáticos como garantía futura de los recursos hídricos.
Sin embargo, el nuevo Pacto del Agua, bajo una supuesta premisa de solidaridad y reparto territorial del vital líquido, es una apuesta clara por nuevos embalses y retomar la política de trasvases como el del Ebro y de paso promover nuevos desde el Tajo, el Duero o el Guadiana.
Greenpeace consideró que ello ancla a España en una política hídrica propia del pasado siglo, alejándose de las prioridades europeas y de la realidad del cambio climático.
La víspera, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) desveló que 2016 batió todos los récord de temperatura, llevando al planeta a "un territorio desconocido".
A pesar de ello, anotó, los planes del Gobierno siguen basados en una política hídrica de oferta ilimitada de agua, por insostenible e irreal que esta sea.
Aseguró que en un país donde este recurso es limitado y está sujeto a fuertes fluctuaciones como consecuencia de las sequías (y que se incrementará más aún debido al cambio climático), supone un error que está causando graves afecciones a los ecosistemas acuáticos y provoca también una gran tensión social.