En un informe difundido este lunes, HRW destacó que la campaña de represión contra los musulmanes de Xinjiang en China “presenta nuevas pruebas de la detención arbitraria masiva, la tortura y los malos tratos del gobierno chino y los controles cada vez más dominantes en la vida cotidiana”.
Añadió que en toda la región, la población musulmana túrquica de 13 millones está sujeta a adoctrinamiento político forzado, castigos colectivos, y restricciones al movimiento y las comunicaciones.
Titulado “Erradicar virus ideológicos”, el informe también asentó que los habitantes musulmanes túrquicos también enfrentan crecientes restricciones religiosas y vigilancia masiva en violación del derecho internacional de los derechos humanos.
“El gobierno chino está cometiendo abusos contra los derechos humanos en Xinjiang a una escala nunca antes vista en el país en décadas”, expresó Sophie Richardson, directora de China para HRW.
Richardson explicó que la campaña de represión en Xinjiang es una prueba clave para determinar si las Naciones Unidas y los gobiernos interesados sancionarán a una China cada vez más poderosa para que ponga fin a este abuso.
El informe se basa principalmente en entrevistas con 58 exresidentes de Xinjiang, incluidos cinco exdetenidos y 38 familiares de detenidos. Diecinueve de los entrevistados abandonaron Xinjiang en el último año y medio.
El gobierno chino inició en 2014 su campaña contra el extremismo violento en Xinjiang. El nivel de represión aumentó dramáticamente después de que el secretario del Partido Comunista, Chen Quanguo, se trasladó de la región autónoma del Tíbet para asumir el liderazgo de Xinjiang a fines de 2016.
Desde entonces, las autoridades intensificaron la detención arbitraria masiva, incluidos los centros de prisión preventiva y las cárceles, que son instalaciones oficiales, y en campamentos de educación política, que no tienen ninguna justificación en la legislación china, apuntó HRW.
Destacó que estimaciones creíbles indican que un millón de personas están detenidas en los campamentos, donde los musulmanes túrquicos son obligados a aprender chino mandarín, cantar alabanzas al Partido Comunista y memorizar reglas aplicables principalmente a ellos.
Aquellos que se resisten o se considera que no han podido “aprender” son castigados, resaltó HRW. Los detenidos en campos de educación política se mantienen sin ningún derecho al debido proceso, ni acusados ni enjuiciados, y no tienen acceso a abogados ni a familiares.
Se los mantiene por tener vínculos con países extranjeros, en particular los incluidos en una lista oficial de “26 países sensibles”, por utilizar herramientas de comunicación como WhatsApp, y por expresar pacíficamente su identidad y religión, nada de los cual constituye un delito, señaló HRW.
Además, fuera de estos centros de detención, las autoridades chinas en Xinjiang someten a los musulmanes túrquicos a tan extraordinarias restricciones a la vida personal que, en muchos sentidos, sus experiencias se asemejan a las de las personas detenidas, según el informe.
Una combinación de medidas administrativas, puntos de control y controles de pasaportes restringen arbitrariamente los movimientos. La población está sujeta a un adoctrinamiento político persistente, que incluye ceremonias para izar banderas, reuniones políticas o de denuncia, y clases de mandarín.
Con niveles de control sin precedentes sobre las prácticas religiosas, las autoridades efectivamente han prohibido el islam en la región, de acuerdo con HRW.
Asimismo, las autoridades también han sometido a personas en Xinjiang a una vigilancia constante. Las autoridades alientan a los vecinos a espiarse entre ellos, y emplean sistemas de vigilancia de alta tecnología que utilizan datos biométricos, inteligencia artificial y espionaje telefónico.
“El dolor y la angustia de las familias desgarradas, sin conocimiento de lo que le sucedió a sus seres queridos, contrasta con las afirmaciones de Beijing de que los musulmanes túrquicos son 'felices y 'agradecidos'”, enfatizó Richardson.