Trabajadoras migrantes en México sin protección de sus derechos

De 2011 a julio de 2014, el Instituto Nacional de Migración (INM) emitió en Chiapas, 153 permisos para contratar a trabajadoras del hogar extranjeras, pues se estima que un tercio de quienes se quedan a laborar en esta entidad, son de origen guatemalteco (1,402).

Estas son las cifras que brindan las expertas del Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi), Gabriela Díaz Prieto y Gretchen Kuhner en el artículo “México y la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares: Protegiendo a las trabajadoras migrantes”.

En él aseguran que a pesar de que el gobierno mexicano ha generado una serie de mecanismos para garantizar los derechos de las personas que migran a México en búsqueda de oportunidades laborales, las mujeres quedan fuera de estas políticas.

Las investigadoras señalan que cerca de un 20 por ciento de las 40 mil personas migrantes que cruzan anualmente de forma irregular son mujeres y que la migración femenina se incrementó a partir de 2012(12 mil 500) alcanzando su punto más alto en 2014 (aproximadamente 25 mil) por el incremento de la violencia en Centroamérica.

No obstante, lejos de brindarles protección y garantizarles el derecho a la salud, educación y empleo, en un año aumentó al doble el número de mujeres migrantes detenidas en las estaciones migratorias (de 2013 a 2014) en México; de 13 mil 975 casos se incrementó a 28 mil 639 casos en 2014 y la deportación de niñas se triplicó de mil 800 a 5 mil 500 en el mismo período.

Esto a pesar de que México fue el primer país en signar la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares de Naciones Unidas en 1991; y el año pasado, en respuesta al tercer informe que rindió el Estado mexicano el Comité, pidió al gobierno mexicano garantizar que las mujeres laboren en espacios seguros, con contrato y servicios de salud, así como ratificar el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo.

El hecho de que la mayoría de las centroamericanas que por estatus migratorio irregular se emplean en el trabajo del hogar y las industrias del entretenimiento, hace que se enfrenten a abusos y constantes violaciones a sus derechos, precisan en el texto la directora de Imumi, Gretchen Kuhner y la investigadora Díaz Prieto.

Las expertas muestran que cada año la persecución contra las mujeres migrantes es mayor. Comparan que mientras el número de hombres migrantes detenidos en la frontera de Estados Unidos incrementó un 15 por ciento entre 2013 a 2014, en el mismo periodo el número de mujeres migrantes detenidas aumentó un 74 por ciento.

Asimismo se agravó la detención de la niñez migrante: tan sólo en 2014 se concedió el estatus de refugiado a 12 de las más de 23 mil niñas y niños que fueron detenidos en México.

Este contexto resulta preocupante si se considera que la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados (Acnur) en 2014 presentó pruebas qué más del 50 por ciento de la infancia que huye de Centroamérica tienen necesidades de protección internacional.

Pero la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) carece de la capacidad de examinar a la niñez migrante que cruza el país en búsqueda de protección internacional ya que cuenta únicamente con tres oficinas en todo el país y 15 funcionarios, indican las expertas en migración.

Las autoras consideran que en temas migratorios México aún no cumple los estándares que refiere el Comité porque en “general la aplicación de leyes y políticas que promueven los derechos de las mujeres migrantes es limitado por un Estado de derecho débil, corrupto, impune y la falta de perspectiva de género”.