Aquel día, la reportera fue víctima de una agresión sexual, por lo que llamó al 911 para realizar la denuncia. Minutos después llegaron policías municipales de Morelia, quienes la arrestaron y privaron de su libertad.
Durante la detención arbitraria Mitzi fue agredida física y verbalmente, para luego llevarla a los separos donde fue procesada, acusada de alterar el orden público.
Para las organizaciones las agresiones contra Mitzi ponen de manifiesto acciones y omisiones de las autoridades que vulneran el Derecho Humano a la vida, a la seguridad e integridad personal.
De la misma forma aseguraron en un comunicado que es evidente la ausencia de garantías para que las mujeres vivan una vida libre de violencia. En este caso señalaron que la criminalización de Mitzi tuvo como causas fundamentales que fuera mujer y su labor como periodista.
“Nos parece alarmante que el gobernador Silvano Aureoles Conejo considere la posibilidad de levantar la Alerta de Violencia de Género (AVG) en el estado, no sólo por este caso, sino por el contexto nacional de violencia contra las mujeres”.
Desde junio de 2016, 14 municipios de Michoacán tienen activada la AVG, pero para estas agrupaciones hay una falta de voluntad política de las autoridades para cumplir con medidas de la Alerta, como fortalecer a las agrupaciones municipales y crear células de reacción inmediata con perspectiva de género.
También criticaron las acciones y omisiones en las que incurrió la Fiscalía General del estado en el caso de la periodista, pues ante la denuncia, Mitzi no recibió asesoría jurídica, tampoco se integró la carpeta de investigación correspondiente ante el Ministerio Público, con lo que resultó vulnerado su derecho de acceso a la justicia.
“Expresamos nuestro extrañamiento a Raúl Morón Orozco, presidente municipal de Morelia, quien ha hecho declaraciones que no abonan a las investigaciones y comprometen el derecho de Mitzi al debido proceso, revictimizándola al cuestionar públicamente la credibilidad de su denuncia”.
Las organizaciones expresaron que, ante los altos índices de impunidad, el combate a la violencia contra las mujeres debe ser un tema prioritario para los gobiernos. Ello, dijeron, debe traducirse en estrategias y acciones concretas. Es obligación de las autoridades actuar de forma preventiva, así como garantizar el acceso a la justicia para todas las víctimas de violencia sexual.
En lo que va del año 2019, el programa de Libertad de Expresión y Género de Comunicación e Información de la Mujer A. C. (CIMAC) ha documentado 104 agresiones contra mujeres periodistas, un aumento comparado con el año 2018 cuando se documentaron 101 casos.