González Yánez denunció que durante cinco meses fue víctima de humillaciones, intimidaciones y discriminación por parte de la Directora General de Gestión, Planeación y Política en Ciencia, Tecnología e Innovación de la Seciti, Mayra Quiñonez González, quien finalmente ejecutaría su despido sin justificación en abril de 2018.
Los hechos de violencia laboral contra Yessica González que incluían gritos, humillaciones en público hasta peticiones degradantes ya los está investigando la Contraloría Interna de la Secretaría y la Comisión de Derechos Humanos capitalina (CDHDF).
No obstante a la sanción a la que pueden ser acreedores los servidos públicos por lo que determinen estas instancias, González Yánez busca su reinstalación en la Seciti alegando que no existen elementos para su despido, expone la demanda que presentó ante Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de la que Cimacnoticias tiene copia.
La demanda fue tramitada el pasado 16 de julio de 2018, contra el encargado de la Seciti, el Secretario David García Junco Machado, quien supuestamente daría la orden de despedir a Yessica; la servidora pública Mayra Quiñonez, acusa de violentarla; y otros tres funciones públicos que participaron en el despido de Yessica y la amedrentaron.
La quejosa pide su reinstalación forzosa como Jefa de Unidad Departamental de Gestión Interinstitucional (JUD), el último cargo que desempeñó en la Seciti donde laboró desde 2015, además del pago de salarios caídos, horas extras que laboró y no le fueron remuneradas (su jefa la obligaba a laborar otras extras), entre otras prestaciones.
Asimismo, la víctima externa en la demanda que los actos de violencia psicológica, laboral, y discriminación por su tono de piel y condición de madre que recibió de parte de Quiñonez González, pueden ser la causa de su despido, ya que en ningún momento se le indicó a Yessica las razones por las cuales se les retiraba de su cargo.
Por el contrario, la presionaron a firmar su renuncia y documentos que no le permitieron leer, mientras la mantenían privada de su libertad en las oficinas de la Seciti, dependencia del gobierno de la Ciudad de México.
La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia capitalina define la violencia laboral como “aquella que ocurre cuando se presenta la negativa a contratar a la víctima o a respectar su permanencia o condiciones generales de trabajo; la descalificación del trabajo realizado, las amenazas, la intimidación, las humillaciones, la explotación y todo tipo de discriminación por condición de género”; y puntualiza que las dependencias de la administración pública de la ciudad les corresponde fomentar un ambiente laboral libre de discriminación, riesgo y violencia laboral, así como establecer mecanismo para detectar y atender estos casos. (Hazel Zamora Mendieta)