México, 29 de junio de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó este lunes el reportaje del periódico The New York Times en el que se señala que al menos una docena de gobernadores, legisladores y otros funcionarios del partido Morena habrían comenzado a cooperar con autoridades de Estados Unidos como presuntos informantes en investigaciones sobre posibles vínculos entre políticos mexicanos y el crimen organizado.
"¿Cómo puede haber una nota así en un periódico que se dice ser de los mejores del mundo? Básicamente dice: 'me dijeron, una fuente, quién sabe quién, que hay personas de Morena que están informando a Estados Unidos'", cuestionó Sheinbaum durante su conferencia matutina en Palacio Nacional.
La mandataria subrayó que su gobierno no cuenta con ninguna información que confirme los señalamientos. "No sabemos si es cierto porque no tenemos nosotros ninguna información de que nadie esté cooperando con el gobierno de Estados Unidos para proporcionar información.
El reportaje, publicado el 27 de junio, señala que la información proviene de entrevistas con más de una decena de personas que participaron o conocieron las conversaciones y solicitaron permanecer en el anonimato.
Entre los señalados se encuentran los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo, y de Tamaulipas, Américo Villarreal, a quienes el diario vincula con investigaciones por presuntos actos de corrupción y nexos con el crimen organizado. Ambos han negado estar bajo investigación alguna por parte de autoridades de EU.
Durazo respondió con una carta dirigida al periódico en la que solicitó rectificación: "Rectificar una publicación que carece de sustento verificable no constituye una concesión editorial; constituye una obligación ética inherente al ejercicio responsable del periodismo".
La dirigencia nacional de Morena, encabezada por Ariadna Montiel, calificó la información como parte de una narrativa de la ultraderecha destinada a desacreditar al movimiento, y sostuvo que el partido no encubrirá a nadie ante conductas ilícitas.
El reportaje llega en un contexto de creciente presión judicial estadounidense sobre funcionarios mexicanos. En mayo, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, fue señalado en una causa federal estadounidense por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York junto con otros nueve funcionarios sinaloenses —el primer precedente de este tipo contra un gobernador en funciones— lo que ya había agudizado las tensiones bilaterales en materia de seguridad.
