San Juan del RÃo, 29 Junio 2026.- El número de personas registradas como deudoras alimentarias morosas en San Juan del RÃo mostró un incremento durante el primer semestre de 2026, de acuerdo con datos relacionados con el seguimiento judicial y administrativo de obligaciones alimentarias en el estado de Querétaro.
Al cierre del primer trimestre del año se contabilizaban 15 casos en el municipio; sin embargo, para el término del segundo trimestre la cifra alcanzó los 20 registros, situación que mantiene la atención de autoridades y organismos encargados de la protección de derechos de niñas, niños y adolescentes.
En Querétaro, el fortalecimiento de este mecanismo tomó mayor relevancia a partir del 27 de septiembre de 2024, cuando comenzó la implementación del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (RNOA) a través del Sistema Nacional DIF. La plataforma tiene como finalidad concentrar información de personas que incumplen con el pago de pensiones alimenticias y facilitar la coordinación entre instituciones judiciales y administrativas.
Desde entonces, el padrón estatal ha mostrado crecimiento, mientras el Poder Judicial y organismos de asistencia social mantienen acciones orientadas a garantizar el cumplimiento de responsabilidades familiares.
Además del seguimiento legal, las medidas contemplan restricciones para quienes permanezcan dentro del registro, particularmente en trámites y procesos administrativos vinculados con cargos públicos y procedimientos oficiales.
En años recientes, el tema ha cobrado mayor visibilidad en Querétaro debido al incremento de denuncias y procesos relacionados con incumplimiento alimentario. Especialistas en derecho familiar consideran que esto también refleja una mayor disposición de madres y tutores para acudir ante instancias judiciales y exigir el cumplimiento de obligaciones económicas destinadas al bienestar de menores de edad.
Aunque San Juan del RÃo no cuenta con un padrón municipal independiente, los casos son integrados dentro de los registros estatales y nacionales que actualmente operan mediante coordinación institucional.
Autoridades han reiterado que el objetivo principal de estas medidas no es únicamente sancionar, sino garantizar el acceso a condiciones básicas de alimentación, educación y desarrollo para niñas, niños y adolescentes.
