Nueva York, 18 de mayo de 2026. —El Departamento de Justicia de Estados Unidos instruyó a sus fiscales federales aplicar leyes antiterrorismo contra funcionarios mexicanos presuntamente vinculados al narcotráfico, una directiva interna que abre la puerta a penas de cadena perpetua y que tensa al límite la relación bilateral.
La orden fue comunicada por Aakash Singh, procurador general adjunto asociado, durante una llamada con los 93 fiscales federales del país, según reveló The New York Times el viernes 16 de mayo. Singh pidió textualmente "triplicar" las acusaciones contra servidores públicos mexicanos que protegen a los cárteles designados como Organizaciones Terroristas Extranjeras.
La directiva se conoce 15 días después de que la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York acusara al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otros nueve funcionarios y exfuncionarios sinaloenses de operar para la facción Los Chapitos a cambio de sobornos y protección política. La acusación, presentada el 29 de abril en Manhattan, fue la primera contra un mandatario estatal mexicano en funciones por delitos de narcotráfico.
El cerco ya comenzó a apretarse. Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa entre septiembre de 2023 y diciembre de 2024, fue detenido el 11 de mayo en Nogales, Arizona, por el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos tras cruzar la frontera desde Hermosillo.
Cuatro días después, el exsecretario de Finanzas sinaloense Enrique Díaz Vega se entregó en Nueva York. Mérida Sánchez, militar de carrera y exdirector de la Escuela Militar de Inteligencia, está acusado de recibir 100 mil dólares mensuales en sobornos de los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán a cambio de filtrar operativos contra laboratorios de drogas sintéticas, según el despacho de Reuters firmado por Luc Cohen.
Apoyo material al terrorismo: el cambio de doctrina jurídica
La nueva estrategia se construye sobre la Orden Ejecutiva 14157 firmada por Donald Trump el 20 de enero de 2025, su primer día en la Casa Blanca.
El 20 de febrero de ese año, el secretario de Estado Marco Rubio formalizó la designación como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO) y Terroristas Globales Especialmente Designados (SDGT) del Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel del Noreste, el Cártel del Golfo, La Nueva Familia Michoacana y Cárteles Unidos.
Con esa base, los fiscales pueden ahora acusar bajo la figura 18 U.S.C. §2339B de apoyo material al terrorismo, cuya pena máxima es cadena perpetua si la conducta deriva en muertes.
"Tenemos que tratar a estas personas como los terroristas que son", dijo Singh durante la teleconferencia interna, según la transcripción que difundió The New York Times. Y añadió una frase que sintetiza la doctrina:
"Si esto resulta desagradable para los funcionarios del gobierno mexicano y les ofende que estemos haciendo esto, no puedo pensar en nada que me importe menos".
¿Qué implica para México la doctrina de apoyo material al terrorismo?
El alcance jurídico es radical. La figura aplicable, vigente desde la Ley Patriótica de 2001, había sido reservada históricamente para casos de Al Qaeda, Estado Islámico y grupos islamistas. Su traslado a la cooperación bilateral con un socio comercial firmante del T-MEC marca un viraje sin precedente. Terrance Cole, director de la DEA, lo dijo ante el Senado el 12 de mayo:
"Este es solo el inicio de lo que está por venir en México".
El secretario de Guerra Pete Hegseth, en la misma comparecencia, exigió a México "dar un paso hacia el frente" o aceptar intervención directa estadounidense.
La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo el rechazo. En su conferencia matutina del 14 de mayo informó que Estados Unidos rechazó 36 solicitudes de detención provisional con fines de extradición enviadas por México por "falta de pruebas suficientes", e instruyó al subsecretario Roberto Velasco a presentar el expediente completo. "No somos un protectorado de Estados Unidos. No somos una colonia de Estados Unidos", declaró días antes la mandataria, quien también desmintió un reporte de CNN sobre un presunto operativo de la CIA cerca del AIFA contra un operador del narco.
Análisis: la frontera política que Trump está moviendo
El movimiento de Washington no es solo penal: es geoestratégico. Tres lecturas conviven en este ciclo. La primera es operativa: el indictment contra Rocha Moya, la detención de Mérida Sánchez y la entrega de Díaz Vega forman una cascada calculada para producir testigos protegidos que escalen la cadena hacia figuras políticas de mayor jerarquía.
Vanda Felbab-Brown, investigadora de la Brookings Institution especializada en grupos armados no estatales, lo planteó así al medio Al Jazeera: "Es ciertamente un cambio en la estrategia estadounidense ir tras un funcionario en funciones".
La segunda lectura es comercial. La doctrina de apoyo material al terrorismo, advirtieron despachos legales como WilmerHale y DLA Piper desde febrero de 2025, expone a empresas estadounidenses que operan en México a litigios civiles bajo la Anti-Terrorism Act por transacciones rutinarias con proveedores eventualmente vinculados con cárteles. La presión sobre el T-MEC se acumula en paralelo con los aranceles del 25% que Trump ha amenazado activar.
La tercera es política interna mexicana. Rocha Moya, militante histórico de Morena y cercano a Andrés Manuel López Obrador, fue acusado por fiscales estadounidenses de haber recibido apoyo de Los Chapitos en su campaña de 2021, incluyendo amenazas a candidatos opositores y robo de boletas.
La acusación toca, por elevación, al núcleo del partido en el gobierno. Sheinbaum lo defendió como caso de soberanía; los críticos lo leen como blindaje político.
Hasta el momento, ni el gobernador con licencia ni los nueve funcionarios señalados han presentado pruebas que desmonten las imputaciones del Distrito Sur de Nueva York, y la Casa Blanca no ha hecho pública la lista completa de objetivos que Singh pidió "triplicar".
La FGR mantiene abierto su expediente paralelo a la espera del paquete probatorio que Washington enviará por vía diplomática. El próximo movimiento, según fuentes citadas por The New York Times, será una segunda ronda de imputaciones en jurisdicciones federales fuera de Nueva York durante el verano boreal.
