Ciudad de México, 18 de mayo de 2026. —La Secretaría de Hacienda y Crédito Público confirmó este lunes que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) aplicó medidas preventivas de inmovilización de cuentas a Personas Políticamente Expuestas de Sinaloa, tras recibir reportes de instituciones bancarias mexicanas que mantienen corresponsalía con entidades financieras de Estados Unidos. La medida se ejecutó mediante la incorporación de los nombres a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB), instrumento administrativo previsto desde 2014 en la legislación financiera mexicana.
Los reportes bancarios que detonaron la acción derivaron de los señalamientos formulados el 29 de abril por fiscales del Distrito Sur de Nueva York contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios y exfuncionarios, por presuntos vínculos con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa. Los bancos mexicanos, por sus obligaciones de cumplimiento con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, emitieron alertamientos automáticos al detectar coincidencias con clientes considerados Personas Políticamente Expuestas (PEP).
La UIF detalló en el comunicado 39 que las adiciones a la LPB tienen "carácter estrictamente preventivo" y que se llevaron a cabo con base en los reportes bancarios denominados LPB 24 Horas, mecanismo que permite congelar operaciones de forma inmediata para proteger la integridad del sistema financiero nacional. La dependencia, encabezada por Omar Reyes Colmenares, precisó que las medidas no constituyen determinación definitiva ni acreditan responsabilidad de los afectados.
La UIF acota el alcance jurídico de la medida
La autoridad financiera subrayó que las personas incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas conservan los medios de defensa previstos en la legislación, entre ellos la Garantía de Audiencia ante el titular de la UIF, con un plazo de 10 días hábiles para solicitarla a partir de la notificación. Las disposiciones también contemplan recursos administrativos y jurisdiccionales para impugnar la inclusión, conforme a las Disposiciones de Carácter General en materia de Prevención de Lavado de Dinero.
El comunicado oficial añade que la dependencia analiza información y documentación relacionada con las PEP incluidas en la lista bajo los mismos criterios técnicos aplicados a cualquier otro reporte del sistema financiero. La acción ocurre en paralelo a la revisión que la Fiscalía General de la República inició desde el 30 de abril sobre la documentación remitida por autoridades estadounidenses, para determinar si existen elementos probatorios que sustenten eventuales solicitudes de extradición.
¿Qué efectos tiene la Lista de Personas Bloqueadas?
La inclusión en la LPB obliga a bancos, Sofomes y centros cambiarios a suspender de forma inmediata cualquier operación, contrato o servicio con las personas listadas. La medida se distribuye a las instituciones financieras a través del portal SITI PLD/FT y opera con efecto preventivo mientras la autoridad analiza el caso. Las afectaciones cubren cuentas de cheques, inversiones, créditos, tarjetas y cualquier instrumento bajo el sistema financiero mexicano.
La acción se suma a la operación que la propia UIF ejecutó en abril, cuando incorporó a 23 personas físicas y morales a la lista por vínculos con el Cártel del Pacífico y la Nueva Familia Michoacana, en coordinación con designaciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense. Hasta el cierre de esta nota, los afectados por la medida anunciada este lunes no habían difundido posicionamiento público sobre la inmovilización preventiva.
