El Salvador reconoce sentencia sobre aborto pero "falta voluntad política"

San Salvador, 10 ene (EFE).- El Gobierno de El Salvador reconoció una sentencia que la CorteIDH emitió en 2021 sobre el caso de Manuela, una mujer ya fallecida que sufrió una emergencia obstétrica y que fue condenada a 30 años de prisión por aborto, lo que es "positivo" aunque "falta voluntad política", según dijo a EFE la activista Morena Herrera.

El 30 de noviembre de 2021, la CorteIDH, con sede en Costa Rica, notificó la sentencia en la que declaró responsable internacionalmente al Estado salvadoreño por las violaciones a la libertad personal, las garantías judiciales, igualdad ante la ley, el derecho a la vida, a la integridad personal, a la vida privada, y a la salud, en perjuicio de Manuela.

Así como la violación al derecho a la integridad personal, en perjuicio de los familiares de esta mujer.

EL GOBIERNO RECONOCE A FAMILIA COMO VÍCTIMAS

Herrera, presidenta de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto en El Salvador que acompañó a los familiares de Manuela en el proceso ante la Corte, comentó en una llamada telefónica con EFE que "el Gobierno reconoce a la familia de Manuela como víctimas de violaciones a derechos humanos y reconoce la sentencia, más allá de que aún no la ha publicado y no ha pedido perdón a la familia".

La activista explicó que la comunicación con el Gobierno tras darse a conocer la sentencia fue "relativamente pronta", "nos comunicamos con la Cancillería y se realizó una reunión y dejamos comisiones especificas" en materia de acciones en salud y educación, amplió.

Indicó que, como primeras medidas de reparación, "han iniciado la atención en salud, le han dado prioridad a la mamá y al papá de Manuela en atenciones (de salud) y les han trasladado a hospitales" cuando es necesario.

También, apuntó, "se ha establecido la búsqueda de alternativas de educación para los hijos de Manuela".

"Hasta ahí llegan las medidas de reparación, falta la reparación material y simbólica que es la publicación de la sentencia y pedir perdón", enfatizó.

"FALTA VOLUNTAD POLÍTICA"

Morena dijo que el reconocimiento de la sentencia por parte del Gobierno es "positivo", pero aseguró que "falta voluntad política".

"Van cumpliendo lo que es menos difícil para ellos (las autoridades del Gobierno) y les falta voluntad política para hacer los aspectos de reparación simbólica que son muy importantes para la familia", subrayó.

Recordó que "las sentencias de la Corte son de obligado cumplimiento por los Gobiernos, no pueden negarse a cumplir pero depende de la voluntad política con la cerelidad que las cumplan".

En la sentencia, la CorteIDH señala como víctimas a la madre, padre y dos hijos de Manuela.

En febrero 2008, cuando se encontraba lavando ropa en el río, Manuela sufrió una fuerte caída en la que tuvo una lesión que derivó en un leve sangrado pélvico. Luego tuvo una hemorragia producto de un aborto espontáneo e ingresó al Hospital Nacional San Francisco Gotera, al que llegó casi desangrada. Se le detectó preeclampsia grave.

A Manuela se la detuvo en el hospital "por el delito de homicidio en perjuicio de su hijo recién nacido" y esposada a la camilla donde se encontraba. Meses más tarde, en agosto, el Tribunal de Sentencia de San Francisco Gotera condenó a Manuela a 30 años de prisión por el delito de homicidio agravado.

Manuela falleció en 2010 debido a un linfoma de Hodgkin. La Corte afirma que recibió tratamiento de forma tardía e irregular mientras estaba privada de su libertad.

En El Salvador, las mujeres que sufren complicaciones del embarazo que dan lugar a abortos espontáneos y mortinatos son habitualmente sospechosas de haberse practicado un aborto, prohibido en todas las circunstancias y son procesadas bajo el cargo de homicidio agravado.