Ciudad de México. Después de dos meses de mantener la toma de las instalaciones del Congreso de Quintana Roo, colectivas feministas llamaron a las y los diputados locales a incluirlas en las mesas de trabajo que se organizarán en febrero para analizar la despenalización del aborto en la entidad.
En conferencia de prensa virtual, este 27 de enero, integrantes de la Red Feminista Quintanarroense llamaron al presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso, Gustavo Miranda García, a revisar las iniciativas y presentar y votar un dictamen en abril como se comprometió.
El 18 de enero Miranda García presentó un calendario y ruta de trabajo en torno a las iniciativas sobre derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. De acuerdo con este plan, el 15 y 17 de febrero y el 6 de abril se realizarán las sesiones de comisiones para el análisis y estudio; y el 24 de febrero y el 10 de marzo se llevarán a cabo foros de análisis. Se prevé que en abril se vote un dictamen.
Desde el 27 de noviembre colectivas feministas tomaron la sede del Poder legislativo local, en Chetumal, en protesta por la falta de discusión de una serie de iniciativas, entre ellas para despenalizar el aborto; crear un padrón estatal de agresores sexuales; incluir el feminicidio infantil y transfeminicidio en el Código Penal del Estado, entre otros temas.
Hasta ahora hay cinco iniciativas relacionadas con la despenalización del aborto. De estas destacan las propuestas de la diputada Ana Pamplona Ramírez, del Partido del Trabajo, y del legislador José Luis Guillén López, de Movimiento Auténtico Social, para permitir el aborto hasta las 12 semanas de gestación.
Las mujeres expresaron la urgencia de que las iniciativas se discutan en comisiones y se voten en el pleno en este periodo de sesiones. Señalaron que aunque hay diputados que están en contra del aborto, la exigencia es que la Legislatura haga su trabajo de revisión, sesione, organice los foros y debata las reformas.
Defensoras como Ariadne Song, del Colectivo Feminista Xtabay; Yunitzilim Rodríguez Pedraza, del Marea Verde Quintana Roo; Vanesa González-Rizzo Krasniansky, de Derechos, Autonomías y Sexualidades (DAS) y de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Ddeser), expusieron que las y los diputados no han abierto canales para dialogar con la sociedad civil.
Destacaron que en el caso del aborto es necesario que los diputados reciban información científica y laica y si después de ello deciden votar en contra, el movimiento feminista seguirá informado sobre el aborto y la salud reproductiva de las mujeres. Sin embargo, mencionaron que hoy buscan que el Congreso deje de aplazar el tema.
Agregaron que aunque existe un cronograma en torno al análisis de las reformas sobre aborto, en las otras nueve peticiones presentadas en noviembre por la red en una reunión de trabajo con el gobernador, Carlos Joaquín González, no hay avance ni ruta de trabajo.
Por otro lado, denunciaron que desde el 21 de noviembre el Congreso ordenó el corte de los servicios de electricidad y agua, vulnerando así el derecho a la libre manifestación de las mujeres que mantienen la toma pacífica, hechos que ya denunciaron ante el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
México: Aumenta 10.5% las desapariciones con Sheinbaum.
Foto: Presidencia de la República.
Cd. de México, abril (SEMlac).- El Informe Anual 2025/26 de Amnistía Internacional destaca un deterioro profundo de los derechos humanos en México, marcado por un aumento de 10.5 por ciento en desapariciones con respecto al año anterior, con 133.500 casos; continúan los feminicidios y una impunidad estructural del 99.6 por ciento.
El reporte subraya la crisis de violencia, el riesgo para buscadoras y defensores, periodistas, migrantes y mujeres y la persistente militarización de la seguridad pública.
En la presentación del informe, el martes 21 de abril por Edith Olivares Ferreto, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional, sección México, se indicó que el gobierno de Claudia Sheimbaun Pardo se encuentra ante una oportunidad histórica de aceptar la solicitud del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, porque incluye asistencia internacional, financiera y técnica para trazar el camino que finalmente lleve justicia a las familias de las personas desaparecidas.
Asimismo, se recomienda revertir la reforma al poder judicial y la seguridad pública debe recaer en un mando federal de carácter civil; reconocer pública e institucionalmente el fenómeno de los feminicidios en México, así como las deficiencias en las investigaciones, transmitir un mensaje de que no se tolerarán ni quedarán impunes.
Además, reconocer pública e institucionalmente a las mujeres buscadoras como defensoras de derechos humanos e incluirlas en los mecanismos de protección federal o local.
Olivares Ferreto reconoció que la Jefa del Ejecutivo recibió un país con una profunda crisis de derechos humanos, pero también se observaron algunas medidas que podrían afectar aún más esa delicada situación.
Entre esas decisiones está la profundización de la militarización de la seguridad pública, la decisión de mantener la figura del arraigo y de la prisión preventiva oficiosa, así como seguir negando la crisis de desapariciones y feminicidios. Todo ello en un contexto en el que la impunidad por crímenes comunes sigue siendo motivo de alarma.
También señala el Informe que disminuyeron los mecanismos de protección de la población y las garantías de los derechos humanos. Quienes defendían los derechos, ejercían el periodismo o buscaban a personas desaparecidas continuaban siendo objeto de amenazas, criminalización, asesinatos y desapariciones.
Las autoridades no reconocían la labor de las mujeres buscadoras, pese a las recomendaciones formuladas por organismos internacionales. La policía seguía reprimiendo las protestas, como las del 8 de marzo en 2025. La tortura continuó siendo una práctica generalizada. El aborto permanecía despenalizado en la mayoría de los estados. Las autoridades continuaron negando derechos y protección internacional a la población migrante. Aumentó el número de personas desplazadas internamente.
El gobierno de México reconoció que las mujeres enfrentan un contexto histórico de violencia, desigualdad y exclusión. Ante ello, el Congreso aprobó la iniciativa de la presidenta Sheinbaum de crear una Secretaría de las Mujeres. Sin embargo, persisten en el país actitudes y estereotipos patriarcales profundamente arraigados, que socavan la condición social de la mujer, tal como concluyó en julio de 2025 el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer.
Asimismo, pese a que el feminicidio es un problema de larga data en México, las estadísticas y documentación sobre este crimen son inadecuadas, las investigaciones penales deficientes y la mayoría de los casos quedan en la impunidad.
Hasta noviembre, las fiscalías habían iniciado 2.589 expedientes de investigación sobre asesinatos de mujeres, de los cuales 672 estaban tipificados como posibles feminicidios. Estas cifras reflejaban una disminución del 24,16 y el 21,2 `por ciento, respectivamente, en comparación con 2024.
Por otra parte, las autoridades registraron durante el año 3.637 casos de mujeres desaparecidas, de los cuales 1.745 correspondían a menores de 19 años. Estas cifras reflejaban un aumento del 11,5 y el 29,4 por ciento, respectivamente, en comparación con 2024.
En julio, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer manifestó su preocupación por el aumento de la violencia de género cometida por actores estatales y no estatales, incluidas organizaciones delictivas; así como respecto al aumento de la participación de personal militar en la seguridad pública, entre otras esferas, que había dado lugar a un incremento de las denuncias de violencia de género cometida contra mujeres por militares.
Al cierre del periodo analizado, el aborto era legal en 24 de las 32 entidades federativas. Sin embargo, en la práctica persisten obstáculos para el acceso al aborto, por ejemplo, porque personal de instituciones de salud no brinda la atención de forma adecuada y pronta, o intenta imponer requisitos no contemplados en la ley.
En todas las entidades federativas es posible el matrimonio entre personas del mismo sexo. Sin embargo, las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales siguen enfrentando obstáculos para el disfrute de sus derechos, en particular por barreras motivadas por prejuicios sociales, discriminación cotidiana y por omisiones legales. Además, sufren crímenes violentos vinculados a odio y discriminación en su contra y al menos 137 fueron asesinadas entre 2024 y 2025.
Protestas de mujeres En septiembre, el gobierno de la Ciudad de México intentó retirar el vallado que rodeaba la Glorieta de las Mujeres que Luchan, lugar del que un grupo de mujeres se había apropiado en 2021 para colocar una estatua como símbolo de las que exigían justicia por los feminicidios, las que buscaban a sus familiares desaparecidos y las que habían desempeñado un papel destacado en la historia.
La retirada de las vallas se detuvo después de que diversos colectivos, activistas y organizaciones de la sociedad civil se pronunciaran al respecto.
En el quinto aniversario de la represión policial de la protesta feminista celebrada el 9 de noviembre de 2020 en el municipio de Benito Juárez (estado de Quintana Roo), representantes del gobierno local develaron un monumento conmemorativo; sin embargo, no ofrecieron una disculpa pública, con lo que no se cumplió con la reparación integral del daño.
En al menos 14 entidades federativas del país, las autoridades continuaron cometiendo violaciones de derechos humanos durante las manifestaciones. En Puebla, la policía reprimió dos protestas encabezadas por mujeres que tuvieron lugar en agosto y septiembre.
Las autoridades no han tomado las medidas suficientes para que las personas ocupen sin restricciones indebidas el espacio cívico, para expresar sus opiniones de manera libre y pacífica. Si bien las manifestaciones no son prohibidas por el Estado, en éstas se efectúa un despliegue masivo de policías que, en ocasiones, dispersan manifestaciones pacíficas sin justificación y sin cumplir los requisitos del derecho internacional de los derechos humanos.
También se llegaron a registrar detenciones arbitrarias de personas manifestantes, como en las protestas del 8 de marzo de 2025 en Chihuahua, Coahuila e Hidalgo, de acuerdo con informes de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos.
Pese a que la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza regula de manera deficiente el uso de armas y de la fuerza por los cuerpos policiales en manifestaciones, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reconoció la validez de los artículos 27 y 28 relacionados con esos temas y el Congreso no ha modificado esa ley para adecuarla a las normas del derecho internacional y estándares internacionales de derechos humanos.
Defensoras y periodistas De acuerdo con un informe publicado en mayo por la organización Front Line Defenders, México continuaba ocupando el segundo lugar a nivel mundial en asesinatos de defensores y defensoras de derechos humanos, con 32 casos registrados en 2024, lo que suponía un aumento respecto a los 30 de 2023.
Asimismo, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental alertaba en un informe publicado en abril sobre un aumento del número de personas asesinadas por proteger el medioambiente, que ascendía a 25 casos en 2024 frente a los 19 registrados en 2023.
Según Reporteros Sin Fronteras, México continuaba siendo uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. La organización ARTICLE 19 denunció que siete periodistas habían sido asesinados durante el año en represalia por su labor informativa.
También alertó sobre el aumento de la utilización de los marcos normativos como herramientas de censura en el país y registró entre enero y julio 51 casos de acoso judicial contra el gremio periodístico, que afectaban a 39 profesionales (28 hombres y 11 mujeres) y 12 medios de comunicación, cifra que más que duplicaba la del año anterior.
Entre junio y septiembre, el Congreso aprobó diversas leyes sobre vigilancia masiva que ponían información confidencial a disposición de instituciones públicas, entre ellas las fuerzas armadas. Desaparición forzada
La cifra de personas desaparecidas aumentó 10,5 por ciento respecto al año anterior. En diciembre, el número de casos de personas desaparecidas y no localizadas ascendía a 133.500.
Ante la respuesta deficiente de las autoridades, familiares de las personas desaparecidas -en su mayoría mujeres organizadas en colectivos- realizaron labores de búsqueda por su cuenta y encontraron cientos de restos humanos, algunos de ellos calcinados, y fosas clandestinas. Esas búsquedas entrañaban un alto riesgo y quienes las llevaban a cabo eran objeto de amenazas, extorsiones, desaparición y asesinato. Durante el año fueron asesinadas seis personas buscadoras (cuatro mujeres y dos hombres).
En 2025 no se actualizaron los datos oficiales sobre el número de fosas clandestinas localizadas. Los colectivos de búsqueda encontraron fosas en al menos 10 estados del país.
En marzo, el grupo Guerreros Buscadores de Jalisco halló en el municipio de Teuchitlán (estado de Jalisco) un campo de reclutamiento forzado -que podía haber sido también un campo de exterminio- en el que había indicios de asesinatos, lo que conmocionó a la sociedad mexicana.
En el lugar aparecieron también cientos de artículos personales tales como zapatos, mochilas y credenciales. Las autoridades habían tenido conocimiento de la existencia del campo seis meses antes de que el colectivo lo hiciera público, pero no habían iniciado investigaciones inmediatas sobre las posibles personas desaparecidas, ni indagado sobre la posible existencia de fosas.
La presentación del Informe se llevó a cabo en Casa Creatura-Pensamiento Crítico. Además de Edith Olivares Ferreto, participaron Roberto Miguel Sánchez Campos, Codirector de Kanan Derechos Humanos; María Antonia Márquez, madre de Nadia Muciño, víctima de feminicidio. La señora Beatriz Zapoteco Neri, mujer buscadora de la comunidad Nahua en Zitlala, Guerrero, quien busca a su esposo Santiago Tixteco Cosme.
Cuba: Juntas, Zaida Capote Cruz y la Avellaneda en la Academia Cubana de la Lengua.
Foto: SemLAC Cuba.
La Habana, abril (SEMlac).- El pasado 23 de abril ingresó formalmente a la Academia Cubana de la Lengua, como miembro de número, la reconocida ensayista y crítica literaria Zaida Capote Cruz, quien dedicó su discurso de ingreso a la novelista, dramaturga y poetisa Gertrudis Gómez de Avellaneda (1814-1873), en un acto de reparación histórica.
"Quiero traerla aquí hoy, entre nosotros, no solo por justicia, sino porque Avellaneda hubiera merecido muchos más honores de los que consiguió y porque, aun para quienes no podremos nunca emular su talento, su ejemplo de perseverancia y dedicación al trabajo sigue siendo provechoso", dijo Capote Cruz en la ceremonia celebrada en La Habana.
Pese a sus probados valores intelectuales y literarios, a Gómez de Avellaneda se le negó la entrada a la institución lingüística por el hecho de ser mujer. Siglos después, Capote Cruz la trae de vuelta a la institución académica, para poner en el centro a la que considera como "la más grande de las autoras cubanas", una intelectual que aún suscita interés en la investigación literaria, el teatro y el cine.
En su conferencia titulada "Querida Tula. Un Álbum de autógrafos de Gertrudis Gómez de Avellaneda", Capote Cruz presentó brevemente su trabajo de transcripción, edición, prólogo y notas de 105 cartas de Avellaneda, que abracan 30 años, de 1840 a 1870. La colección fue recuperada por el Ministerio de Cultura de Cuba en 2016 y resguardada por la Biblioteca Nacional.
La edición comentada por Capote Cruz saldrá a la luz en forma de libro en 2026, publicada por la Editorial del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España. Además de la versión impresa, se prevé una versión digital de acceso libre.
Para la ensayista, la colección de cartas es una prueba de la capacidad de interpelación pública de Tula, como también se le conocía a la escritora camagüeyana; da testimonio del afecto y admiración de colegas y contemporáneos; muestra además su carácter y deja ver sus contradicciones y complejidades humanas.
Entre los manuscritos aparecen cartas de aristócratas, políticos, artistas e intelectuales con quienes Avellaneda mantuvo diversos grados de colaboración, amistad y también enemistad.
"En justicia, la compilación la hizo Avellaneda. Ella guardó las cartas, las ordenó, las anotó, les hizo un índice y las mandó a encuadernar en un solo volumen. Yo he tenido la suerte de hacer el trabajo de transcripción, escribir el prólogo y añadir las semblanzas de sus corresponsales. Es una suerte de colaboración imaginaria, un modo de hacer públicas las palabras que, evidentemente, escribió para quienes las leeríamos en el futuro", comentó la especialista a SEMlac.
Justicia es una palabra que junta a ambas escritoras cubanas, más allá de la literatura y el tiempo.
"Las feministas cubanas solemos considerar a Avellaneda nuestra madre simbólica... La diafanidad de su ejercicio intelectual, así como su interés en crear redes intelectuales femeninas, proveer a sus congéneres de modelos a seguir, invitarlas a pensar su situación social en un entorno patriarcal de múltiples opresiones, no tiene parangón en nuestra historia literaria", afirmó Capote Cruz, quien además coordina la Cátedra Gertrudis Gómez de Avellaneda del Instituto Cubano de Literatura y Lingüística. En el acto también se reconoció la altura intelectual de Zaida Capote Cruz y su militancia feminista.
Leonardo Sarría, miembro de número de la Academia Cubana de la Lengua, le dio la bienvenida y destacó su labor como investigadora e integrante en los equipos de "dos de los proyectos de mayor alcance y amplitud dentro del panorama literario cubano de los últimos 20 años": La Historia de la literatura cubana (2002,2003 y 2008) y el Diccionario de obras cubanas de ensayo y crítica (2013 y 2018), este último bajo su dirección.
El escritor y académico cubano resaltó diversas virtudes que distinguen el ejercicio crítico de Capote Cruz, entre ellas: su fino olfato para la elección del tema de investigación; su método riguroso; su solvencia en la búsqueda de archivos; su mesura en la evaluación y en la discusión sin huir de la polémica; su honestidad intelectual y su compromiso en la enmienda y reparación de olvidos y silencios. Compromiso intelectual que atraviesa su trabajo intelectual, su vida y militancia feminista.
Sarría recordó, como ejemplos de su preocupación y revisión del canon cubano, el ensayo La doncella y el minotauro, donde asume una "crítica del encuadre patriarcal en antologías del cuento cubano" y el libro La nación íntima (2008), en el cual indaga sobre las tensiones entre la escritura de mujeres y el canon literario.
"Con su ingreso a esta academia ´no barbada´ de la lengua, se cumple un acto de elemental justicia, se le da sitio entre nosotros a quien lo merecía ya desde hace tiempo", afirmó Sarría en sus palabras de bienvenida.
A la pregunta de si persisten las barreras patriarcales en el ámbito cultural, Capote Cruz responde a SEMlac: "No creo que se hayan superado del todo las resistencias y prejuicios frente al feminismo, pero han amainado y eso se lo debemos a la labor continua y consistente de nuestras antecesoras y a lo que hayamos podido hacer cada una de nosotras".
"En el ámbito cultural, el ejercicio cotidiano del feminismo es un hecho y mantener esa discusión activa, recuperar las voces acalladas, trabajar por más justicia es la tarea a la cual no podemos renunciar", concluye.
Cd. de México, abril (SEMlac).- La desaparición de niñas y adolescentes en México --se maneja una cifra diaria de 19 niñas desaparecidas--, es un fenómeno que no se quiere ver, abandonado por las políticas públicas y por el gobierno; por lo cual no existe diálogo y, cuando se da, es muy selectivo, en espacios limitados de participación, cuestionan el trabajo que hacen las organizaciones de la sociedad civil acompañantes de las familias, señala la defensora de derechos humanos Omaira de Jesús Ochoa Mercado.
Así lo expresó en charla con Sara Lovera López para el podcast "Feminismo desde cero", que realiza la periodista y es producido por la Organización Editorial Mexicana, con el tema "Niñas desaparecidas: la crisis que nadie está frenando".
La defensora de los derechos humanos de las mujeres advierte que hay que ser muy cautelosos con las cifras, que son apenas un acercamiento, porque la desaparición de niñas y adolescentes está conectada con algo más grande a escala nacional e internacional, como la trata de personas que maneja diversas formas de explotación.
De la gravedad del fenómeno da cuenta la desagregación por sexo en grupos etarios. Cuando se trata de personas adultas, 70 por ciento son hombres y 30 por ciento son mujeres. Pero cuando se habla de niñas, niños y adolescentes desaparecidos, la proporción cambia: las niñas y adolescentes ocupan el 51 o 52 por ciento en contraste con el 48 o 49 por ciento de hombres, lo que da una pista de cómo ocurren las desapariciones asociadas a redes criminales con la diversificación de fines.
Las personas adultas que privan de la libertad a hombres y mujeres son las mismas que cometen delitos contra la salud, como el narcotráfico. Pero en el caso de las niñas y adolescentes, existe una diversificación en negocios ilícitos de trata con fines de explotación sexual, prostitución y matrimonios forzados.
Las niñas y adolescentes son principalmente desaparecidas para ser vendidas para la explotación sexual, mientras las niñas y niños para matrimonios forzados.
Sin respuesta institucional Omaira de Jesús Ochoa Mercado, integrante de Justicia Pro Persona y del equipo técnico de Nuestros Desaparecidos en México, señala con "desilusión, dolor y enojo" que en la presente administración no hay respuesta institucional a la gravedad del problema.
"No lo quieren ver", afirma y sostiene que las instituciones tienen una actitud muy crítica con el trabajo que hacen las organizaciones acompañantes de las familias, cuando éstas tienen más de dos décadas de experiencia y promovieron la primera Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los delitos en Materia de Trata de Personas.
Las familias lo han señalado en los diversos foros y espacios, pero ha sido un diálogo muy selectivo, muy limitado los espacios de participación.
Duelo que no termina La feminista especialista en este tema sostuvo que la desaparición de una persona es un duelo que no se cierra. La prolongación del daño, la vulneración de derechos en la desaparición es cotidiana, en tanto la persona desaparecida no es restituida.
A diferencia de otras violaciones a los derechos humanos, la desaparición está actualizando el daño, no se limita a la salud emocional de las personas, a la incertidumbre de no saber qué paso, las condiciones en qué está o pudo estar, lo que merma la salud física de las mujeres, quienes mayoritariamente sostienen la búsqueda.
Madres que suplen al Estado Además del interminable duelo, estas familias, principalmente madres, se ven en la necesidad de suplir al Estado en la búsqueda de sus familiares y por eso pierden las posibilidades de sostén; de ahí que la desaparición de una niña o adolescente trastoca a toda la familia.
Es común que renuncien al trabajo o al estudio para volcarse en la búsqueda de sus hijas e hijos y, por otra parte, hay una afectación a esas infancias y adolescencias que son separadas de sus familias, hay orfandad de su entorno familiar.
Ochoa Mercado señala que las redes de trata funcionan de manera internacional. Así, México es considerado un país de expulsión, tránsito y destino de estas infancias y adolescencias y existe la posibilidad de que estas niñas sean sustraídas del país con diversos fines, como la explotación sexual, explotación laboral, prostitución y los matrimonios forzados.
Denunció que, ante el contexto internacional de este fenómeno delincuencial, las acciones que se emprenden no han sido pensadas seriamente; la respuesta es temporal, no se busca que las acciones tengan resultado a largo plazo, lo que deriva en una "mínima respuesta institucional".
Aunado a que la prevención no existe y no tiene ningún resultado trasladar la prevención a la ciudadanía, con carteles dirigidos a las adolescentes de "no hables con extraños en internet".
Ante el contexto de violencia en todo el país, de conflicto interno, considera que se requiere una estrategia integral de paz que, primero, restituya el tejido social. Apuntó que el Estado de México es peligroso para las niñas y adolescentes; los municipios de Ecatepec y Nezahualcóyotl se han mantenido como los más riesgosos para las infancias y adolescencias.
Cd. de México, abril (SEMlac).- A 19 años de la aprobación de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en la Ciudad de México, la capital del país se mantiene como un referente nacional y regional en el acceso a servicios de salud reproductiva seguros.
Desde su implementación, la ILE no solo ha transformado la vida de miles de personas en la capital, sino que ha evidenciado una realidad estructural: el acceso al aborto seguro en México sigue dependiendo del lugar donde se vive, de los servicios de salud disponibles, de los recursos económicos y de si la legislación local aún no se ha actualizado y continúa criminalizándolo.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México (Sedesa), aproximadamente 40 por ciento de las interrupciones legales del embarazo realizadas en la CDMX corresponden a niñas, mujeres y personas con la posibilidad de gestar, provenientes de otras entidades del país. Esto muestra que la ILE en la capital ha funcionado como una red de atención nacional, ante las desigualdades en el acceso a servicios de salud reproductiva.
"Desde que se despenalizó el aborto en la CDMX, se han registrado cero muertes maternas en las más de 300.000 interrupciones legales del embarazo realizadas. Esto nos muestra que cuando existen servicios seguros, con personal capacitado y sin estigma, las mujeres no tienen por qué poner en riesgo su vida con procedimientos inseguros.
"Desafortunadamente, esta no es la realidad para todas en el país, ya que seguimos viendo estados con regulaciones restrictivas y prohibitivas. Esto, además de ponerlas en riesgo, se convierte en un problema de desigualdad nacional, ya que el aborto debe ser un servicio de salud esencial para cualquier mujer, independientemente del lugar donde viva", señaló Sandra Karina Gaspar Martínez, médica ginecobstetra que ejerce en la CDMX y en el Estado de México.
De acuerdo con el colectivo de profesionales de la salud, Salvemos Miles de Vidas México, la ILE en la CDMX ha demostrado que, cuando el Estado garantiza el acceso, la mortalidad materna por causas evitables disminuye, al sustituir prácticas inseguras por atención médica oportuna y regulada.
A nivel global, la evidencia es contundente: de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año ocurren alrededor de 25 millones de abortos inseguros, responsables de aproximadamente 13 por ciento de las muertes maternas; estas muertes se pueden prevenir garantizando el acceso a servicios seguros.
Sin embargo, que el modelo funcione no significa que el acceso esté garantizado. En México, aunque se han registrado avances legales en distintas entidades, persisten barreras en la implementación que limitan la atención oportuna y completa. Entre ellas destacan el estigma, la desinformación y el temor a la criminalización, tanto para las personas usuarias como para el personal de salud, lo que en la práctica se traduce en retrasos, servicios incompletos y decisiones condicionadas por el miedo.
Una de estas barreras es que el aborto siga tipificado como delito en todo el país, incluso en la Ciudad de México. Esto impacta directamente en la atención: genera incertidumbre en el personal de salud y miedo en las personas para acceder a los servicios, lo que en muchos casos retrasa la atención o empuja a los procedimientos inseguros.
"La principal barrera es la desinformación institucionalizada y el estigma persistente dentro de las instituciones de salud. A pesar de los avances jurídicos, muchas mujeres y personas con posibilidad de gestar se enfrentan a una "objeción de conciencia" mal aplicada, que se utiliza no como un derecho individual del personal, sino como un bloqueo institucional para negar el servicio.
"Por esto, mantener el aborto en el código penal es un error de gestión pública, que cuesta vidas y manda el mensaje de que es un delito, no un servicio de salud", explicó y señaló Joselyn Rivera Vilchis, médica general y psicoterapeuta psicoanalítica, radicada en León, Guanajuato.
En la práctica, estas barreras significan que el acceso no es siempre oportuno ni uniforme: hay retrasos en la atención, servicios incompletos y decisiones condicionadas por el miedo a consecuencias legales.
"Necesitamos que el aborto se regule solo como lo que es: un servicio de salud. Esto nos permitiría, a todos los que hacemos parte del personal de salud, trabajar sin barreras ni miedo a la criminalización. Necesitamos que nos dejen trabajar desde la perspectiva médica, profesional y de salud, sin que una legislación nos ate las manos", comentó José Enrique Bolaños, ginecobstetra con práctica en la CDMX y el Estado de México.
El incumplimiento de algunos estados a los lineamientos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México obliga a miles de personas a desplazarse fuera de sus entidades para acceder a servicios seguros, o a recurrir a prácticas inseguras que pueden poner en riesgo su vida y su salud.
Este desplazamiento constante hacia la CDMX no solo refleja desigualdad territorial, sino también una presión sobre su sistema de salud, que opera como red nacional mientras persisten barreras que afectan la atención, incluso en la capital.
Por esto, a 19 años de la ILE en la CDMX, el reto ya no es demostrar que el modelo funciona, sino garantizar que este derecho sea efectivo en todo el país y para todas las personas. Para lograrlo, es necesario eliminar las barreras que siguen limitando el acceso, incluyendo aquellas derivadas de que el aborto continúe siendo considerado un delito en el Código Penal.
"Mientras el aborto permanezca en el Código Penal, aunque tenga excepciones o causales, implica que sigue tratándose como un tema penal y no de salud. En la práctica, esto se traduce en miedo: miedo de las usuarias a ser denunciadas, miedo del personal de salud a actuar, miedo institucional a garantizar plenamente el servicio. Para quienes brindamos atención, significa trabajar en una zona ambigua, donde el cuidado convive con el riesgo legal y moral, limitando la posibilidad de ofrecer una atención abierta, empática y sin reservas. Si el aborto se regulara únicamente como un servicio de salud, dejaría de ser un acto vigilado para convertirse, por fin, en una decisión acompañada", concluyó Blanca Estela Kempis Robles, cirujana y partera, especialista en salud sexual en el estado de Morelos.
El caso de la CDMX demuestra que es posible reducir riesgos y salvar vidas, pero también deja claro que, mientras el aborto siga siendo considerado un delito, las barreras de acceso persistirán y afectarán tanto a pacientes como al personal de salud.
Por esto, las y los integrantes de la red Salvemos Miles de Vidas México urgen a legisladores federales y estatales a aprender del caso de la CDMX, siendo un caso de éxito regional que ha probado, una y otra vez, los beneficios de una política enfocada en la salud y la dignidad.
La Habana, abril (SEMlac).- Las cargas del cuidado, cuando recaen de forma sistemática, desproporcionada y no elegida sobre las mujeres, constituyen una forma de violencia estructural sustentada en la división sexual del trabajo; un abuso históricamente disfrazado bajo la asignación de "tareas propias de mujeres".
Así se naturaliza el carácter desigual de una distribución de responsabilidades que les asigna a ellas el grueso del trabajo de reproducción de la vida y de cuidados, mientras este permanece invisibilizado y no remunerado.
No deja moretones visibles, pero sí "un abandono crónico, dependencia económica y también oportunidades perdidas", considera el jurista Yuliesky Amador Echevarría, coordinador de la Red Cubana de Estudios sobre Cuidados y profesor de la Universidad de Artemisa, en la provincia de igual nombre, a unos 100 kilómetros al suroeste de La Habana.
"Por lo tanto, estamos hablando de una violencia silenciosa y más constante", precisó el especialista en entrevista a SEMlac. ¿Podemos reconocer y nombrar la sobrecarga de cuidados no remunerados como una forma de violencia estructural contra las mujeres, más allá de verla como una simple "responsabilidad doméstica"?
Hay que empezar llamando las cosas por su nombre. Cuando una carga recae de forma sistemática, de manera desproporcionada y además no elegida sobre un grupo en este caso las mujeres , pues ya no es solo una responsabilidad doméstica, como se suele decir; sino que también es un problema estructural.
Desde las ciencias sociales y también desde el enfoque de género, esto se entiende como una expresión de la llamada división sexual del trabajo, donde se valora lo productivo que muchas veces se iguala a lo remunerado , mientras lo reproductivo, ese cuidado, ese sostenimiento de la vida, se invisibiliza.
La clave está en tres indicadores: desigualdad, obligatoriedad y falta de reconocimiento. Si las mujeres dedican más horas al cuidado, tienen menos tiempo propio. Además, ese trabajo no se paga, ni se reconoce socialmente. De ahí que estamos frente a una forma de violencia estructural.
¿De qué manera las dinámicas de cuidado impactan en la salud psicológica y física de las mujeres y cómo debiera abordarse esta violencia en los sistemas de protección? Cuando nos acercamos al tema, en términos psicológicos, la sobrecarga de cuidado genera lo que la literatura llama "estrés de rol o fatiga del cuidador", lo que se traduce en fatiga, ansiedad, depresión, insomnio y una persistente sensación de estar en deuda.
Como violencia física, se manifiesta en dolencias musculares, enfermedades cardiovasculares y desgaste acumulado. Nada de esto es casual. Los sistemas de protección deberían abordarlo como un riesgo psicosocial y no solamente como un asunto privado. Estos impactos hace mucho tiempo dejaron de ser privados y son responsabilidad de toda la sociedad.
Por tanto, eso implica la necesidad de una detección temprana, servicios de apoyo que incluyan cuidados alternativos y, además, políticas que reduzcan la carga y que, de alguna manera, calen profundo en la sociedad. Mientras la sociedad tienda más a ver esta situación como un problema, más dejaremos de considerarlo un asunto privado y mayor importancia le daremos.
Desde el marco jurídico cubano ¿cómo se visibiliza y tipifica la sobrecarga de cuidados como una forma de violencia basada en la división sexual del trabajo? ¿Qué mecanismos legales o de política pública podrían reconocer y compensar el trabajo de cuidados no remunerado?
En el caso cubano, aunque no siempre se nombra explícitamente como violencia, sí hay avances importantes. El Código de las Familias introduce el principio de corresponsabilidad en el cuidado, algo que todavía tenemos que explotar muchísimo, sobre todo a partir de los cambios de patrones de género. También reconoce que no son tareas exclusivas de las mujeres. Además, el marco constitucional actual promueve la igualdad real y la no discriminación.
Hoy el reto mayor está en lograr que ese reconocimiento jurídico realmente se traduzca en cambios cotidianos. Hay una idea muy fuerte: si el cuidado sostiene la vida y, además, sostiene la economía, no puede seguir siendo invisible ni gratuito por defecto.
A nivel general, ya sabemos que funcionan los sistemas nacionales de cuidado, las licencias parentales, el reconocimiento de las pensiones; pero llevado al contexto cubano, por supuesto, hay que seguir aterrizando cada una de estas cuestiones. Fortalecer aún más el sistema integral de cuidados.
Cuba ya tiene una infraestructura social construida: círculos infantiles, un sistema de salud, de atención a personas adultas mayores; pero hace falta articularlo aún más en cuanto a políticas, accesibilidad y, por supuesto, desde un mayor reconocimiento en la seguridad social.
Estamos hablando de incorporar los años dedicados al cuidado en ese cálculo de pensiones, algo que sería un paso clave para evitar que muchas mujeres lleguen a la vejez en desventaja económica.
Conocemos muchísimos casos de mujeres que han tenido que abandonar sus labores en algún centro de trabajo para dedicarse "solo" al trabajo de cuidados y ese "solo" también está invisibilizando que esas labores son trabajo.
Por tanto, reconocer estos años de trabajo como cuidadora también es un paso clave, necesario e importante para empoderar a estas mujeres y para seguir reconociendo todo este tema de la seguridad social y los cuidados. Además, significa un reconocimiento efectivo del valor económico del cuidado.
¿Qué estrategias legales y sociales permitirían desmontar la naturalización de las tareas de cuidado como propias de mujeres y cómo avanzar hacia una redistribución corresponsable? No basta solo con cambiar leyes, también hay que cambiar mentalidades. Las leyes ayudan a empujar el cambio, pero el cambio también está en la educación que podamos recibir desde edades tempranas y en todas las acciones de sensibilización que podamos realizar en la sociedad. Esto también trae consigo una implementación real del marco jurídico.
También son esenciales los apoyos comunitarios y locales. En un país como Cuba, donde lo comunitario tiene mucho peso real, los municipios tienen que seguir desarrollando redes de apoyo al cuidado que, realmente, alivien esa carga cotidiana que sostienen las mujeres.
Siempre insisto: todo pasa por modificar esa construcción social de género. Tenemos que romper el molde de "mamá cuida, papá provee", antes de que se vuelva automático. Eso es realmente esencial.
Pero, además, debe entenderse que esta educación con enfoque de género sí es necesaria desde edades tempranas y no verla solamente como un programa obligatorio, o como un asunto que se quiere insertar sin necesidad en el sistema educativo.
Igualmente, debemos trabajar en campañas de bien público y con los medios de comunicación; visibilizar que el cuidado también es un trabajo y no solamente un "don femenino" o "producto del amor". Cuba realmente tiene capacidad de movilización comunicativa y ahí hay una herramienta potente.
Las políticas laborales deberían ser más flexibles y equitativas en cuanto a horarios, licencias y condiciones que permitan a hombres y mujeres cuidar realmente de manera corresponsable.
No puede olvidarse el trabajo con las masculinidades. Si los hombres no se incorporan activamente al cuidado, no hay redistribución posible. Esto realmente no es opcional, es estructural.
Además, insisto, debemos aprovechar lo comunitario, las redes barriales, familiares, que realmente son aliadas para cambiar prácticas en cuanto al cuidado y la forma de mirarlo.
Desmontar toda esta naturalización implica un cambio de lógica: el cuidado tiene que dejar de ser ayuda y pasar a ser una responsabilidad social compartida. Cuando esto se interiorice, el cambio dejará de ser un discurso y empezará a notarse realmente en lo que hacemos, en el día a día.
