Ciudad de México. Después de dos meses de mantener la toma de las instalaciones del Congreso de Quintana Roo, colectivas feministas llamaron a las y los diputados locales a incluirlas en las mesas de trabajo que se organizarán en febrero para analizar la despenalización del aborto en la entidad.
En conferencia de prensa virtual, este 27 de enero, integrantes de la Red Feminista Quintanarroense llamaron al presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso, Gustavo Miranda García, a revisar las iniciativas y presentar y votar un dictamen en abril como se comprometió.
El 18 de enero Miranda García presentó un calendario y ruta de trabajo en torno a las iniciativas sobre derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. De acuerdo con este plan, el 15 y 17 de febrero y el 6 de abril se realizarán las sesiones de comisiones para el análisis y estudio; y el 24 de febrero y el 10 de marzo se llevarán a cabo foros de análisis. Se prevé que en abril se vote un dictamen.
Desde el 27 de noviembre colectivas feministas tomaron la sede del Poder legislativo local, en Chetumal, en protesta por la falta de discusión de una serie de iniciativas, entre ellas para despenalizar el aborto; crear un padrón estatal de agresores sexuales; incluir el feminicidio infantil y transfeminicidio en el Código Penal del Estado, entre otros temas.
Hasta ahora hay cinco iniciativas relacionadas con la despenalización del aborto. De estas destacan las propuestas de la diputada Ana Pamplona Ramírez, del Partido del Trabajo, y del legislador José Luis Guillén López, de Movimiento Auténtico Social, para permitir el aborto hasta las 12 semanas de gestación.
Las mujeres expresaron la urgencia de que las iniciativas se discutan en comisiones y se voten en el pleno en este periodo de sesiones. Señalaron que aunque hay diputados que están en contra del aborto, la exigencia es que la Legislatura haga su trabajo de revisión, sesione, organice los foros y debata las reformas.
Defensoras como Ariadne Song, del Colectivo Feminista Xtabay; Yunitzilim Rodríguez Pedraza, del Marea Verde Quintana Roo; Vanesa González-Rizzo Krasniansky, de Derechos, Autonomías y Sexualidades (DAS) y de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Ddeser), expusieron que las y los diputados no han abierto canales para dialogar con la sociedad civil.
Destacaron que en el caso del aborto es necesario que los diputados reciban información científica y laica y si después de ello deciden votar en contra, el movimiento feminista seguirá informado sobre el aborto y la salud reproductiva de las mujeres. Sin embargo, mencionaron que hoy buscan que el Congreso deje de aplazar el tema.
Agregaron que aunque existe un cronograma en torno al análisis de las reformas sobre aborto, en las otras nueve peticiones presentadas en noviembre por la red en una reunión de trabajo con el gobernador, Carlos Joaquín González, no hay avance ni ruta de trabajo.
Por otro lado, denunciaron que desde el 21 de noviembre el Congreso ordenó el corte de los servicios de electricidad y agua, vulnerando así el derecho a la libre manifestación de las mujeres que mantienen la toma pacífica, hechos que ya denunciaron ante el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Ernestina Ascencio Rosario, mujer náhuatl monolingüe de 73 años, fue agredida sexualmente por militares en Tetlatzinga, Veracruz, en febrero de 2007 y murió sin recibir atención médica.
Foto: Ilustrativa.
México, 2 marzo 2026.- La Fiscalía General de la República (FGR) informó que atraerá el caso de Ernestina Ascencio Rosario, mujer indígena náhuatl monolingüe de 73 años agredida sexualmente por elementos del Ejército mexicano en febrero de 2007 en la comunidad de Tetlatzinga, en la Sierra de Zongolica, Veracruz, quien murió al día siguiente sin recibir atención médica.
La decisión se produce en cumplimiento de la sentencia emitida el 30 de septiembre de 2025 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que declaró la responsabilidad internacional del Estado mexicano por la vulneración de los derechos a la integridad personal, la vida y el acceso a la justicia de la víctima y su familia.
La investigación ocurre 19 años después de los hechos, luego de que la indagatoria realizada por la fiscalía local de Veracruz no se desarrolló conforme a los estándares internacionales aplicables, según reconoció la propia FGR. En diciembre pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo había anunciado que el Estado mexicano cumpliría con la sentencia de la Corte IDH, señalando que la agresión ocurrió durante el gobierno de Felipe Calderón, en el contexto de la llamada "guerra contra el narco".
Organizaciones de la sociedad civil que representan a la familia exigieron hace tres días al Estado presentar una hoja de ruta concreta para la implementación de las medidas ordenadas, ante la ausencia de propuestas claras desde la notificación del fallo en diciembre.
Las indagatorias estarán bajo la conducción del Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres (Fevimtra), con apego a los estándares internacionales en materia de derechos humanos. La FGR precisó que llevará a cabo una investigación exhaustiva sobre hechos posiblemente constitutivos de tortura sexual, así como sobre la pérdida de la vida de la agraviada, con diligencia reforzada y enfoque interseccional, tal como ordenó la Corte IDH.
Sentencia histórica por discriminación múltiple contra mujer indígena en Veracruz
El fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos constituye un precedente regional al reconocer las múltiples formas de discriminación que enfrentan las mujeres indígenas: por género, etnia y edad. La Corte determinó además que hubo intervención indebida de altas autoridades para garantizar la impunidad de los responsables, y que las barreras lingüísticas a las que se enfrentó la familia agravaron la negación de justicia.
Entre las medidas de reparación ordenadas destacan una investigación penal exhaustiva para identificar, procesar y sancionar a los responsables; tratamiento médico, psicológico y psiquiátrico para los familiares; un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional; programas de formación para funcionarios públicos, y la creación de un Registro Nacional de Intérpretes y Traductores en Lenguas Indígenas para los sistemas de salud y justicia.
Seis organizaciones nacionales e internacionales, entre ellas Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos (AJDH) y el Robert and Ethel Kennedy Human Rights Center, acompañan el proceso y mantienen vigilancia sobre el cumplimiento del fallo. Como ha expresado Martha Inés Ascencio, hija de la víctima: la sentencia debe servir para que lo que le ocurrió a su madre no se repita con ninguna otra mujer.
Cabe señalar que este medio buscará la postura de la Secretaría de la Defensa Nacional sobre los señalamientos relacionados con la participación de elementos castrenses en los hechos documentados por la Corte IDH.
El asesinato ocurrió el mismo día en que autoridades localizaron 14 cuerpos en fosas clandestinas en El Verde, a donde el colectivo tenía previsto acudir.
Foto: ONU México/Luis Arroyo
México, 2 Marzo de 2026.- Rubí Patricia Gómez Tagle, madre buscadora de 38 años integrante del colectivo Corazones Unidos por una Misma Causa en Mazatlán, fue asesinada en su domicilio el 27 de febrero, el mismo día en que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezaba una conferencia de prensa en esa ciudad acompañada por todo su gabinete de seguridad.
La Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó que la víctima presentaba lesiones en distintas partes del cuerpo, presuntamente producidas por arma punzocortante.
Rubí Patricia buscaba a su hijo Edgar López, quien desapareció en el puerto de Mazatlán el año pasado. Ese mismo día, su colectivo tenía previsto acudir a El Verde, donde autoridades habían localizado fosas clandestinas con un total de 14 cuerpos.
Las compañeras buscadoras, al no tener noticias de ella, se trasladaron a su domicilio, donde encontraron el cuerpo. Hasta el momento, la Fiscalía de Sinaloa no ha informado sobre líneas de investigación ni detenidos relacionados con el asesinato de la activista.
En la conferencia matutina desde Mazatlán participaron, junto a la presidenta y el gobernador Rubén Rocha Moya, la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez; el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch; el secretario de Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo; el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles; el comandante de la Guardia Nacional, Guillermo Briseño Lobera, y la secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, entre otros funcionarios.
Asesinato de madre buscadora en Mazatlán suma a patrón de violencia contra colectivos
El homicidio de Rubí Patricia Gómez Tagle se suma a otros casos documentados en México de madres buscadoras asesinadas, un patrón que organizaciones de derechos humanos han señalado como una forma de violencia dirigida contra quienes exigen verdad y justicia por sus familiares desaparecidos.
La coincidencia temporal con la presencia del gabinete completo de seguridad en Mazatlán fue señalada de inmediato por colectivos y activistas en redes sociales, quienes cuestionaron la capacidad del Estado para proteger a quienes buscan a sus desaparecidos en zonas de alta conflictividad.
Cabe señalar que este medio buscará la postura oficial de la Presidencia de la República y de la Fiscalía de Sinaloa sobre los señalamientos en torno al contexto en que ocurrió el asesinato y las medidas de protección existentes para integrantes de colectivos de búsqueda en el estado.
La tragedia reaviva las denuncias previas de maltrato y negligencia en albergues del DIF Oaxaca presentadas ante la Cámara de Diputados federal.
Foto: Ilustrativa/Gobierno del Estado de Oaxaca.
Oaxaca, 2 Marzo de 2026. —Dos niñas haitianas de seis años murieron al caer en una cisterna dentro del Centro de Asistencia Social Casa Pato, un centro de tránsito perteneciente al Sistema DIF Estatal en Oaxaca, donde estaban albergadas junto con su madre.
La Fiscalía General del Estado informó que las menores se encontraban jugando en inmediaciones del área donde se ubica una fosa séptica dentro del recinto cuando ocurrió la tragedia, y que las indagatorias se llevan a cabo con perspectiva de género y enfoque especializado en niñez, privilegiando el interés superior de la infancia.
El hecho ocurre en medio de denuncias previas contra el DIF Oaxaca por presuntos actos de maltrato, robo del dinero de tarjetas Bienestar a menores albergados y nepotismo, señalamientos que el gobernador Salomón Jara Cruz había descartado apenas horas antes de la tragedia, asegurando que se trataba de "desinformación de mala fe".
Hasta el momento, la institución no ha emitido una postura integral sobre la relación entre esas denuncias previas y el fatal desenlace.
En conferencia de prensa, el secretario de Gobierno, Jesús Romero López, anunció la separación inmediata de la directora general del DIF Oaxaca, Maribel Salinas Velasco, quien será investigada por presunta negligencia; de la coordinadora general de Albergues, Cristina Ramírez Vargas, y de la directora del centro Casa Pato, cuyo nombre no fue dado a conocer. Dos de las funcionarias fueron puestas a disposición del Ministerio Público para deslindar responsabilidades.
La procuradora estatal de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Yarib Hernández García, señaló que en la protección de menores no puede haber omisiones y advirtió que, si las hubo, habrá consecuencias. Por su parte, la secretaria de Honestidad, Transparencia y Función Pública, Leticia Elsa Reyes López, confirmó que su dependencia realizará las investigaciones administrativas y penales que se requieran. "Ningún servidor público puede quedar impune por no realizar sus facultades correspondientes", indicó.
Denuncias previas al interior del DIF Oaxaca
Las quejas contra el albergue infantil no eran nuevas. Las legisladoras del Partido del Trabajo Margarita García y Araceli Cruz las habían presentado incluso en la Cámara de Diputados federal, donde acusaron, según su versión, irregularidades en el manejo de los recursos destinados a los menores. A juicio de ambas legisladoras, la institución que preside Irma Bolaños Quijano arrastraba problemas de supervisión que el gobierno estatal minimizó.
La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca había realizado, según informó Jara Cruz, una investigación previa que no encontró ninguna irregularidad; sin embargo, este medio buscará la versión oficial actualizada de la dependencia sobre los señalamientos en el contexto de la tragedia.
No se ha determinado aún el motivo por el que las niñas y su madre se encontraban en el Centro de Asistencia Social Casa Pato, recinto al que se puede acceder por aseguramiento migratorio o de manera voluntaria. Tanto el gobernador Jara Cruz como el secretario Romero López asumieron la responsabilidad institucional del hecho y se comprometieron a esclarecer lo sucedido.
La ponencia magistral abordó el uso de la violencia sexual como herramienta de guerra, la normalización de la pornografía y los riesgos de la gestación subrogada no regulada.
México — 23 de febrero de 2026. —En 2024, 30 mil mujeres fueron asesinadas en el mundo, 60% de ellas por sus parejas íntimas o familiares, lo que equivale a 137 mujeres y niñas cada día. La cifra la presentó Reem Alsalem, relatora especial de Naciones Unidas sobre la Violencia contra las Mujeres y las Niñas, durante una ponencia magistral en la Cámara de Diputados de México, donde advirtió que el derecho internacional vive una profunda regresión y que sus consecuencias recaen de manera desproporcionada sobre las mujeres.
Alsalem señaló además que existe un grave subregistro de femicidios vinculados al crimen organizado, desapariciones forzadas y redes de trata.
La relatora jordana reconoció avances impulsados por movimientos feministas en las últimas décadas, pero advirtió que la violencia contra las mujeres es "epidémica en todo el mundo". La impunidad persiste como barrera estructural: las sobrevivientes enfrentan revictimización, retrasos procesales, falta de financiamiento institucional y estereotipos arraigados.
La situación se agrava para mujeres indígenas, rurales y quienes viven en pobreza o enfrentan discriminación interseccional. Hasta el momento, el gobierno mexicano no ha emitido postura pública respecto a los señalamientos de la relatora sobre el incumplimiento de obligaciones internacionales en materia de prevención.
Militarización y austeridad: los factores que intensifican la violencia
Alsalem identificó tres fenómenos que, a su juicio, explican la intensificación de la violencia: la militarización creciente de los Estados, la multiplicación de crisis y las políticas de austeridad. El desvío de fondos públicos hacia gasto militar, señaló, ha derivado en recortes graves a refugios para mujeres, asistencia jurídica y servicios de protección, debilitando además a las organizaciones civiles que operan en este campo. "Son decisiones políticas para elegir otras prioridades", indicó la funcionaria de la ONU.
En el plano de los conflictos armados, la relatora documentó ataques sistemáticos a infraestructura civil —hospitales y salas de maternidad—, el uso del hambre como método de guerra y el despliegue de violencia sexual como herramienta de terror. Señaló que la violación y la violencia sexual son utilizadas para el sometimiento, que la violencia reproductiva incluye embarazos y abortos forzados, y que en casos como el de Afganistán este fenómeno alcanza dimensiones de destrucción sistemática por razón de sexo. Calificó la normalización de este tipo de violencia como "grave".
¿Qué plantea la relatora sobre prostitución, pornografía y vientres de alquiler?
Alsalem dedicó una parte sustancial de su ponencia a lo que describió como nuevas formas de violencia patriarcal normalizadas. Sobre la prostitución, sostuvo que el derecho internacional reconoce que el consentimiento carece de valor en situaciones de explotación, y defendió el modelo nórdico como la única política que ha podido reducir la demanda de actos sexuales, al tratar a las mujeres como víctimas, penalizar la compra y aplicar sanciones al proxenetismo. Las políticas de legalización, afirmó, han resultado en mayor explotación y aumento del tráfico de mujeres y niñas.
Respecto a la pornografía, la calificó como "prostitución filmada" y una herramienta de opresión que normaliza la violencia física. Instó a los Estados a penalizar expresamente su consumo, producción y alojamiento. En cuanto a los vientres de alquiler, sostuvo que América Latina se ha convertido en destino de la industria de gestación subrogada, que explota principalmente a mujeres en situación de pobreza mediante contratos abusivos, y que la legalización no elimina los riesgos sino que los formaliza.
La abogada Patricia Olamendi Torres, cofundadora de "Nosotras tenemos otros datos", informó que México tiene uno de los índices más altos de pornografía y prostitución infantil, especialmente en zonas turísticas, y que en el último año se duplicaron los casos de trata de personas en el país.
La iniciativa busca que mujeres en situación de informalidad accedan a herramientas legales para transitar hacia formas de gestión empresarial reconocidas en Cuba.
La Habana, 23 de febrero de 2026. —La Red Cubana de Mujeres Emprendedoras (RCME) y la Embajada Británica en La Habana pusieron en marcha el proyecto "Apoyo en la formación y promoción de mujeres emprendedoras en Cuba", una iniciativa que combina capacitación técnica, herramientas legales y promoción de políticas inclusivas en el sector privado para apoyar a empresarias que operan desde la informalidad o que buscan consolidar sus negocios.
El primer taller se realizó el 12 de febrero, con enfoque en género, inclusión y las barreras específicas que enfrentan las mujeres en el ecosistema emprendedor cubano.
Aunque el emprendimiento privado ha crecido en Cuba en los últimos años, las mujeres siguen sobrerrepresentadas en la informalidad, con menor acceso a financiamiento, contratos, redes de negocio y propiedad de activos productivos.
Este proyecto responde precisamente a esa brecha, según explicó Katia Pérez Díaz, coordinadora general de la RCME y jurista de formación, quien señaló que apoyar los emprendimientos liderados por mujeres "es una estrategia comprobada para el desarrollo sostenible, la reducción de la pobreza y el crecimiento económico inclusivo".
Talleres de formalización: de la cuenta propia a la MIPYME
El proyecto contempla tres talleres. Los dos siguientes abordarán los marcos legales para la formalización de negocios en cualquiera de las formas de gestión reconocidas por la economía cubana —incluyendo micro, pequeñas y medianas empresas—, así como contratación económica, derechos de propiedad industrial, comunicación, marketing digital, comercio electrónico y gestión financiera básica.
Pérez Díaz precisó que una característica frecuente del emprendimiento femenino en Cuba es que muchas mujeres trabajan como trabajadoras por cuenta propia sin la información ni las herramientas para transitar hacia formas de gestión más robustas. La formación apunta específicamente a ese tránsito.
Además del componente de capacitación, el proyecto producirá una guía con todos los contenidos impartidos, disponible como herramienta de consulta una vez concluida la iniciativa.
¿Quiénes participan y cómo se replicará en otras provincias?
La selección de participantes incluyó mujeres en etapa de consolidación, emprendedoras en la informalidad, líderes de proyectos socioculturales con dificultades para generar ingresos sostenibles, y perfiles con capacidad de multiplicar los aprendizajes.
Aunque el proyecto está centrado principalmente en La Habana, también participan emprendedoras de Mayabeque, Villa Clara y Holguín.
Pérez Díaz subrayó que la intención es que los materiales circulen hacia un grupo más amplio de mujeres en todo el país a través de las redes de la RCME. Fundada en 2022, la red agrupa a más de 200 emprendedoras en toda la isla y ha defendido la construcción de capacidades como una de las pocas herramientas sostenibles para reducir desigualdades estructurales.
El concepto de políticas inclusivas que promueve el proyecto parte de un enfoque interseccional: reconoce que el género se cruza con el color de piel, la discapacidad, la edad, el territorio y la procedencia social para producir desigualdades diferenciadas.
A juicio de la coordinadora, promover estas políticas no solo implica cambios al interior de cada emprendimiento, sino también incidir en marcos normativos y estrategias públicas que favorezcan la inclusión de manera estructural.
