La Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que para 2014, en el mundo, la tasa de fecundidad en adolescentes entre 15 y 19 años fue de 49 nacimientos por cada 1.000 mujeres. Sin embargo, las proporciones no son iguales en todo el mundo, 95 por ciento de los nacimientos de madres adolescentes ocurren en países de bajos y medianos ingresos.
Datos del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA, 2013) señalan que América Latina y el Caribe es la única región del mundo en la que los partos en menores de 15 años de edad se han incrementado.
De acuerdo con "Violencia sexual y embarazo infantil en México: Un problema de salud pública y derechos humanos", investigación realizada por IPAS México, la violencia sexual es una causa constante en los embarazos en niñas y adolescentes.
En México, de cada 10 mujeres, cinco han enfrentado violencia emocional; cuatro, violencia sexual y tres violencia física; 3,5 por ciento de las mujeres casadas o unidas deciden si usa o no algún método anticonceptivo y solo cuatro por ciento decide cuándo y cuántas hijas e hijos tener. (INEGI, 2017).
Los embarazos en niñas y adolescentes pueden ser resultado de violencia sexual, que se concreta a través de: a) coerción sexual, es decir, sin uso de violencia física, pero con amenazas, aislamiento, control financiero y/o abuso emocional; b) abuso sexual infantil: cuando se involucra a la niña o adolescente en una actividad sexual que no comprende o no es capaz de consentir, ocurre con manipulación; o c) violación: relación sexual forzada por medio de violencia física o moral.
Además, en contextos de violencia estructural se dan prácticas nocivas como las uniones tempranas: 11,7 por ciento de las menores de edad que se unieron reconocen que fueron obligadas por estar embarazadas, las robaron o fue mediante un arreglo monetario (ENDIREH, 2016).
El 93 por ciento de las adolescentes tuvieron su primer acercamiento sexual entre los cinco y los nueve años, pero solo 2,8 por ciento reconoce este hecho como violencia sexual, el resto no tiene los elementos para reconocerlo; ocho de cada 10 agresores son conocidos de las víctimas; 67 por ciento son familiares (ENDIREH, 2016) pero sólo 10 por ciento de las agresiones son denunciadas.
Datos de las actas del registro civil, consultados por IPAS México, arrojan que 70 por ciento de las niñas y adolescentes de entre 10 y 14 años que tuvieron una hija o hijo, el padre tendría entre 18 y 78 años. Se trata de casos de violencia sexual contra niñas y adolescentes que tienen como consecuencia un embarazo donde los padres y agresores les triplican la edad y que son conocidos cercanos a las víctimas.
Los riesgos para la salud de las niñas y adolescentes durante el embarazo son mayores que en otros rangos de edad: las complicaciones relacionadas con el embarazo, el parto o el puerperio son dos veces mayor entre mujeres menores de 19 años que entre aquellas que se embarazan después de los 20 años.
Las primeras tienen más probabilidades de sufrir padecimientos como la eclampsia, anemia, hemorragia postparto y endometritis puerperal, que las adolescentes mayores de 15, y el riesgo de mortalidad infantil es 50 por ciento mayor para hijos de madres adolescentes en comparación con mujeres mayores de 20 años (OMS, 2014).
Además, se registran implicaciones emocionales y sociales e impactos en sus proyectos de vida como: rezago educativo, desigual acceso a oportunidades de desarrollo, barreras para obtener un empleo que implique mayor formación académica y experiencia.
A pesar de que la Norma Oficial Mexicana 046 (NOM 046) proporciona directrices para ofertar anticoncepción de emergencia a mujeres víctimas de violación, así como la consejería y servicios de Interrupción Voluntaria del Embarazado en todo el país, es más probable que niñas y adolescentes retrasen la búsqueda de atención, por lo que es frecuente que interrumpan el embarazo en etapas más avanzadas, que recurran a personas no calificadas, empleen métodos inseguros y pospongan la búsqueda de atención médica en caso de complicaciones que suelen ser más frecuentes y severas.
Así, el embarazo en niñas y adolescentes constituye violencia de género que conlleva otras violaciones a sus derechos humanos, como el derecho a la integridad, la salud, la información, la autonomía, al acceso a la justicia y a una vida libre de violencia.
En México, el número de nacimientos en niñas entre 10 y 14 años se ha incrementado progresivamente desde 2003, alcanzando su cifra más alta en 2016, con 11.808. En 2017 se registraron 9.463 nacimientos entre la misma población (INEGI. Estadísticas de natalidad).
El estado de México ocupa el tercer lugar a nivel nacional en número de nacimientos de niñas de 10-14 años, con 763 casos, el tres por ciento del total de nacimientos en 2017 (28.619 casos), representando el ocho por ciento del total nacional. Luego se ubica Jalisco, con 793 casos y Chiapas con 781, y por encima de la media nacional establecida en tres por ciento.
Los municipios con mayor número de casos en 2017 son: Ecatepec de Morelos con 53 casos, Naucalpan de Juárez con 51 casos, Chimalhuacán con 42 casos y Chalco con 35. (INEGI: Estadísticas de Natalidad (Nacimientos registrados en las oficialías del Registro Civil en las distintas entidades del país, así como consulados en el extranjero, 2017).
Según la OCDE, México ocupa el primer lugar mundial en abuso sexual infantil. Uno de cada tres menores en México sufre abuso sexual. En el Estado de México, solo en 2017, 2.916 niñas de entre 10 y 14 años fueron atendidas en las unidades de la Secretaría de Salud por causas de violencia física, sicológica y sexual. (SALUD/DGIS; Cubos dinámicos de información sobre Lesiones y Causas de Violencia, 2010-2017).
Aunque en términos generales, los Códigos Penales establecen una edad a partir de la cual se reconoce la capacidad de una persona para consentir una relación sexual, esta edad varía entre los 12 y 15 años. Lo anterior significa que toda relación sexual con persona menor de la edad que marque el código respectivo se considera equiparable a la violación y, por lo tanto, sancionable penalmente (delito de violación equiparada).
El estado de México es la única entidad del país que reconoce que las relaciones entre menores de edad pueden no ser consecuencia de violencia o abuso por alguna de las partes.
El artículo 273 establece que: a) si la persona ofendida (víctima) es menor de 15 pero mayor de 13, b) dio su consentimiento para la cópula y no lo modificó, c) existe una relación afectiva con el "inculpado" y; d) la diferencia de edad no es mayor a cinco años entre ambos, no se considera violación equiparada. Es decir, el Código Penal del estado no sanciona las relaciones sexuales entre menores de edad, pero mantiene la protección especial a las menores.
Para poder alcanzar la meta 2030 y el compromiso de erradicar los embarazos en menores de 15 años, es necesario asegurar la implementación de acciones específicas (a nivel del sector salud, educación y procuración de justicia) para identificar y atender situaciones de violencia sexual detrás de cada embarazo en este grupo etario. Así mismo, la aplicación de las Normas de Salud y de protocolos de protección de víctimas de violencia sexual, incluyendo el acceso a servicios de Interrupción Voluntaria del Embarazo. ([email protected])