México, 8 de mayo de 2026. — El Partido Acción Nacional en Jalisco anunció la presentación en el Congreso local de la denominada "Ley anti-Morenarcos", una iniciativa que busca imponer filtros estrictos sobre el registro de candidaturas a cargos de elección popular para impedir el acceso de aspirantes con presuntos vínculos al crimen organizado.
La propuesta contempla la presentación obligatoria de carta de no antecedentes penales, exámenes de control y confianza, antidoping y pruebas de polígrafo como requisitos previos al registro.
El dirigente estatal del PAN, Juan Pablo Colín, presentará la iniciativa a través del grupo parlamentario panista en el Congreso de Jalisco.
La propuesta llega como respuesta directa al escándalo desatado por la imputación del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y contra otros funcionarios mexicanos por presuntos nexos con el narcotráfico.
La iniciativa apunta a procesos electorales rumbo a 2027, año en que se renovarán gubernaturas en varios estados, entre ellos Nuevo León.
El esquema panista plantea aplicar las pruebas a todas las candidaturas sin distinción de partido, aunque su nombre coloca el énfasis político en los aspirantes morenistas.
La propuesta tendrá que pasar por el filtro de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación del Congreso jalisciense, donde Movimiento Ciudadano mantiene mayoría operativa.
La discusión sobre filtros a candidaturas no es nueva. Movimiento Ciudadano ha planteado mecanismos similares en otras entidades, y el PRI también ha sumado voces a favor de blindar las candidaturas tras la cascada de señalamientos estadounidenses.
El dilema legal es conocido: las pruebas de control y confianza sólo tienen carácter vinculante cuando están establecidas en ley, y los exámenes de polígrafo enfrentan cuestionamientos sobre validez jurídica y privacidad.
El PAN apuesta a que la iniciativa funcione como caja de resonancia rumbo a las elecciones intermedias y como diferenciador frente al gobierno federal.
Sheinbaum descartó este viernes que el gobierno mexicano avale acciones unilaterales estadounidenses sobre el territorio, aunque exigió pruebas para cualquier nueva acusación que el fiscal Todd Blanche anuncie contra políticos mexicanos.
Colín no precisó la fecha exacta en que el grupo parlamentario presentará formalmente la iniciativa ante el pleno, ni cuál será la ruta para que la ley aplique a procesos federales y no únicamente a los estatales jaliscienses.
