La Haya, 29 ago (EFE).- El Gobierno neerlandés luchará hoy en los tribunales contra la propietaria de un hotel, comprado por la Agencia de Acogida de Solicitantes de Asilo (COA) para alojar a hasta 300 solicitantes de asilo, puesto que la dueña se niega a cumplir el contrato alegando que desconocía que se iba a destinar a dar asilo a cientos de refugiados.
El juez examinará el caso en un procedimiento sumario iniciado por COA porque estaba previsto que la propiedad pasará hoy oficialmente a manos de la agencia, pero la dueña del hotel, situado en el pueblo de Albergen (este de Países Bajos), le comunicó que quería cancelar el contrato porque, aseguró, no estaba bien informada de los planes que tenía el gobierno para el hotel en el momento de la compraventa.
COA tiene esperanzas de poder mantener el contrato firmado por ambas partes el 12 de agosto, puesto que es uno de los lugares donde planea alojar a cientos de solicitantes de asilo que han estado durmiendo durante las últimas semanas a la intemperie en la explanada del centro de recepción de Ter Apel, en la provincia norteña de Groninga.
Según la citación del sumario, al que ha tenido acceso la televisión neerlandesa NOS, COA explica que la propietaria nunca manifestó ni verbalmente ni por escrito que sólo vendería el hotel si era para un máximo de 80 personas, y que el comprador incluso habló de que albergará a entre 150 y 200 personas, y comentó su plan de vaciar las habitaciones del hotel para colocar en ellas varias camas literas.
El hotel llevaba más de tres años a la venta y los contactos entre COA y la propietaria comenzaron a principios de abril.
A mediados de agosto, y tras semanas de denuncias de la situación de cientos de personas que dormían a la intemperie en el centro de recepción de refugiados en Ter Apel, el gobierno neerlandés anunció la compra de la propiedad y la intención de alojar allí a “hasta 300 solicitantes de asilo”, según una carta enviada al Parlamento.
Ese anunció causó tensiones entre las autoridades municipales y el gobierno central, así como varias protestas de los residentes de Albergen, que incluso anunciaron que querían poner en común sus ahorros para comprar el hotel y evitar la llegada de los solicitantes de asilo al pueblo, pero COA ya había firmado el contrato y transferido un depósito de 200.000 euros.
Tras el revuelo, la propietaria anunció que quería cancelar el acuerdo y llevó el caso ante un juzgado de La Haya, pero al llevar esos meses y ante la urgencia de encontrar alojamiento para los solicitantes de asilo que aún esperan respuesta a su procedimiento, COA inició un procedimiento sumario.