Managua, 10 Abr (Notimex).- El Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) nicaragüense presentó hoy un recurso "por extralimitación de funciones", contra un acuerdo ministerial que obligaría a las telefónicas a someter a aprobación el nombramiento de sus funcionarios.
El presidente del COSEP, José Adán Aguerri, informó en rueda de prensa que el organismo solicitó el recurso de revisión en contra del acuerdo administrativo 0005.2013 del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones (TELCOR).
El acuerdo obliga a las empresas telefónicas Claro -filial de la mexicana América Móvil-, la española Movistar y la rusa Yotta a someter el nombramiento de sus gerentes y altos funcionarios al aval de TELCOR.
Claro controla 60 por ciento del mercado de la telefonía móvil e Internet, y la telefonía convencional.
Todos los empresarios rechazaron la medida dictada en marzo pasado, que según Aguerri, es "una violación al principio de la legalidad" establecido en la Constitución, y una "extralimitación" en las funciones del ente regulador de las telecomunicaciones.
Dijo que el COSEP agotaría todas las instancias, incluso recurrir a la Corte Suprema de Justicia, con un recurso de amparo por inconstitucionalidad.
Según la organización, el gobierno no debe inmiscuirse en asuntos internos de las empresas privadas.
El director de TELCOR, Orlando Castillo, dijo que la medida se enmarca en la lucha en contra del narcotráfico y el crimen organizado.
"Queremos revisar el currículum de todos los funcionarios de las telefónicas. Si no nos parece el funcionario, porque sospechamos que colabora con el narcotráfico, lo objetamos", declaró Castillo a una televisora oficialista.
Aguerri afirmó que no acatarán la resolución administrativa, y la Cámara
Americana-Nicaragüense (AmCham) se sumó a la protesta.
El presidente del COSEP, José Adán Aguerri, informó en rueda de prensa que el organismo solicitó el recurso de revisión en contra del acuerdo administrativo 0005.2013 del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones (TELCOR).
El acuerdo obliga a las empresas telefónicas Claro -filial de la mexicana América Móvil-, la española Movistar y la rusa Yotta a someter el nombramiento de sus gerentes y altos funcionarios al aval de TELCOR.
Claro controla 60 por ciento del mercado de la telefonía móvil e Internet, y la telefonía convencional.
Todos los empresarios rechazaron la medida dictada en marzo pasado, que según Aguerri, es "una violación al principio de la legalidad" establecido en la Constitución, y una "extralimitación" en las funciones del ente regulador de las telecomunicaciones.
Dijo que el COSEP agotaría todas las instancias, incluso recurrir a la Corte Suprema de Justicia, con un recurso de amparo por inconstitucionalidad.
Según la organización, el gobierno no debe inmiscuirse en asuntos internos de las empresas privadas.
El director de TELCOR, Orlando Castillo, dijo que la medida se enmarca en la lucha en contra del narcotráfico y el crimen organizado.
"Queremos revisar el currículum de todos los funcionarios de las telefónicas. Si no nos parece el funcionario, porque sospechamos que colabora con el narcotráfico, lo objetamos", declaró Castillo a una televisora oficialista.
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