Querétaro, Querétaro, 28 de mayo de 2026.- Siete hombres recibieron sentencia condenatoria por los delitos de homicidio doloso y lesiones dolosas, tras la agresión contra tres personas que dejó un muerto y dos heridos en el fraccionamiento Eduardo Loarca del municipio de Querétaro.
La Fiscalía General del Estado informó que los sentenciados son Juan Manuel "N", César "N", Carlos Uriel "N", Pablo "N", Gustavo Ángel "N", Juan Carlos "N" y Luis Antonio "N", todos residentes de un centro de rehabilitación ubicado en la colonia Reforma Agraria.
Cómo ocurrió la agresión
Los hechos se registraron el 27 de diciembre de 2024 en el área de estacionamiento del fraccionamiento Eduardo Loarca. De acuerdo con la investigación, las tres víctimas se encontraban frente al domicilio cuando arribó un vehículo del que descendieron el encargado del anexo y los siete agresores.
Los responsables golpearon a las víctimas con palos, tubos y patadas, antes de retirarse en dos vehículos hacia las instalaciones del centro de rehabilitación. Una de las personas agredidas falleció el 29 de diciembre de 2024 por una hemorragia secundaria a traumatismo craneoencefálico. Las otras dos resultaron con múltiples lesiones.
Investigación y cateos
La indagatoria integró testimonios de las dos víctimas sobrevivientes, procesamiento pericial del lugar, certificaciones médicas y análisis de videograbaciones de los sistemas de videovigilancia estatal y municipal.
Personal ministerial ejecutó cuatro cateos en distintos centros de rehabilitación, donde fue asegurado el vehículo utilizado durante la golpiza. Con esos elementos, la autoridad obtuvo órdenes de aprehensión contra los siete responsables, quienes fueron vinculados a proceso y permanecieron en prisión preventiva hasta la audiencia.
La condena impuesta
En audiencia bajo procedimiento abreviado, los siete imputados se declararon culpables. La autoridad judicial impuso a cada uno siete años de prisión por homicidio doloso y lesiones dolosas, multa por ambos delitos, suspensión de derechos civiles y políticos y amonestación en privado.
La resolución incluyó también el pago de reparación del daño a las víctimas directas y a las indirectas, en una resolución que cierra la fase de proceso penal abierta contra los residentes del anexo.
