Santiago, 6 Sep (Notimex).- El gobierno de la presidenta chilena Michelle Bachelet tendrá como principal desafío para lo que resta de este año presentar al Congreso Nacional el conjunto de proyectos de ley que constituirán la ansiada y exigida reforma educacional.
Pese a que en un primer momento el Ejecutivo planteó la presentación de la reforma al Legislativo para septiembre, la complejidad de la iniciativa y las diferencias con las federaciones estudiantiles y profesores obligaron a postergar su ingreso al Congreso hasta diciembre.
A fines de agosto pasado, el Ministerio de Educación creó el Consejo Consultivo de la Reforma a la Educación Superior, el cual está integrado por expertos en materia de elaboración de políticas públicas y que analizará puntos tan trascendentes como la gratuidad.
La instancia deberá entregar antes de fin de año sus observaciones a la reforma educacional que busca ser estructural dentro de unos años, además de llegar a acuerdos respecto a los principios rectores de la misma a largo plazo y que aquellos queden plasmados en el proyecto de ley.
El trabajo de los expertos, según el gobierno, complementará el resultado de las reuniones que el Ejecutivo sostiene con los rectores y directivos de las entidades que conforman la educación superior y con la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech).
La creación del consejo generó críticas en algunos sectores políticos opositores y entre los estudiantes, quienes cuestionaron, en particular, la presencia en la instancia del exministro de Educación, Sergio Bitar, (marzo de 2003-diciembre de 2005).
Varios dirigentes estudiantiles recordaron que durante la gestión de Bitar se creó el Crédito con Aval del Estado (CAE), gracias al cual miles de jóvenes accedieron a la educación superior, pero previa adquisición de un crédito que tiene un 6.0 por ciento de interés.
La presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (Fech), Valentina Saavedra, dijo que Bitar “poco y nada hizo por la educación pública. Él es el principal responsable de que nuestros compañeros estén endeudados”.
Acotó que el exsecretario de Estado “abrió las puertas a los bancos para que ingresaran a la educación e hicieran lo que quisieran con nuestros derechos. De hecho, consecuencias de eso han sido las marchas y los movimientos más grandes en el país”.
Saavedra criticó además la ausencia en el consejo de representantes de la sociedad y el hecho que sus miembros sólo sean técnicos y expertos, “sin ningún actor de la educación”.
El presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo, también manifestó sus reservas sobre el nombramiento de Bitar, a quien le pidieron renuncie a la comisión “porque se debe trabajar con gente que esté convencida de la educación pública. Él es un amigo de la educación de mercado”.
De esta forma, el gobierno chileno no sólo tendrá como desafío elaborar el complejo grupo de proyectos de ley que conformará la reforma educacional, sino también enfrentar las críticas de los sectores que buscan una mayor participación.
El Ejecutivo, mediante los proyectos de ley, propondrá un nuevo marco regulatorio para la Educación Superior, además de crear un sistema común de ingreso a los establecimientos, asegurar la calidad, el financiamiento y la institucionalidad.
De acuerdo con las estimaciones del gobierno, que pretendía hace unos meses presentar los proyectos de ley al Congreso durante este mes, las iniciativas deberían llegar al Legislativo en diciembre próximo.
Pese a que en un primer momento el Ejecutivo planteó la presentación de la reforma al Legislativo para septiembre, la complejidad de la iniciativa y las diferencias con las federaciones estudiantiles y profesores obligaron a postergar su ingreso al Congreso hasta diciembre.
A fines de agosto pasado, el Ministerio de Educación creó el Consejo Consultivo de la Reforma a la Educación Superior, el cual está integrado por expertos en materia de elaboración de políticas públicas y que analizará puntos tan trascendentes como la gratuidad.
La instancia deberá entregar antes de fin de año sus observaciones a la reforma educacional que busca ser estructural dentro de unos años, además de llegar a acuerdos respecto a los principios rectores de la misma a largo plazo y que aquellos queden plasmados en el proyecto de ley.
El trabajo de los expertos, según el gobierno, complementará el resultado de las reuniones que el Ejecutivo sostiene con los rectores y directivos de las entidades que conforman la educación superior y con la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech).
La creación del consejo generó críticas en algunos sectores políticos opositores y entre los estudiantes, quienes cuestionaron, en particular, la presencia en la instancia del exministro de Educación, Sergio Bitar, (marzo de 2003-diciembre de 2005).
Varios dirigentes estudiantiles recordaron que durante la gestión de Bitar se creó el Crédito con Aval del Estado (CAE), gracias al cual miles de jóvenes accedieron a la educación superior, pero previa adquisición de un crédito que tiene un 6.0 por ciento de interés.
La presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (Fech), Valentina Saavedra, dijo que Bitar “poco y nada hizo por la educación pública. Él es el principal responsable de que nuestros compañeros estén endeudados”.
Acotó que el exsecretario de Estado “abrió las puertas a los bancos para que ingresaran a la educación e hicieran lo que quisieran con nuestros derechos. De hecho, consecuencias de eso han sido las marchas y los movimientos más grandes en el país”.
Saavedra criticó además la ausencia en el consejo de representantes de la sociedad y el hecho que sus miembros sólo sean técnicos y expertos, “sin ningún actor de la educación”.
El presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo, también manifestó sus reservas sobre el nombramiento de Bitar, a quien le pidieron renuncie a la comisión “porque se debe trabajar con gente que esté convencida de la educación pública. Él es un amigo de la educación de mercado”.
De esta forma, el gobierno chileno no sólo tendrá como desafío elaborar el complejo grupo de proyectos de ley que conformará la reforma educacional, sino también enfrentar las críticas de los sectores que buscan una mayor participación.
El Ejecutivo, mediante los proyectos de ley, propondrá un nuevo marco regulatorio para la Educación Superior, además de crear un sistema común de ingreso a los establecimientos, asegurar la calidad, el financiamiento y la institucionalidad.
De acuerdo con las estimaciones del gobierno, que pretendía hace unos meses presentar los proyectos de ley al Congreso durante este mes, las iniciativas deberían llegar al Legislativo en diciembre próximo.
