México, 16 de abril de 2026. — Un juicio de amparo resuelto el 23 de marzo pasado sacó de prisión al hombre vinculado al feminicidio de Maciel Alejandrina Sánchez Ronquillo, ocurrido en 2019, y abrió una disputa directa entre la Cámara de Diputados y el Poder Judicial Federal.
La diputada federal Gabriela Georgina Jiménez Godoy, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Morena en San Lázaro, presentó un Punto de Acuerdo para exhortar al Tribunal de Disciplina Judicial a revisar con carácter urgente la actuación de la jueza que ordenó cesar la prisión preventiva del imputado, valorar su suspensión provisional e imponer, en su caso, las sanciones que correspondan.
La resolución la firmó Aneshuarely Amarande Riojas Orozco, titular del Juzgado Décimo Quinto de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México.
Su fallo implicó la excarcelación inmediata de Mario Alberto "N", quien había sido vinculado a proceso en 2023 por el feminicidio de Sánchez Ronquillo y cumplía la medida cautelar de prisión preventiva desde entonces.
La propia legisladora documentó la queja presentada ante el Tribunal de Disciplina Judicial, según consta en el Punto de Acuerdo registrado en San Lázaro.
De acuerdo con el documento parlamentario, la actuación de la juzgadora presentaría irregularidades graves. La diputada señaló, según su interpretación, un posible conflicto de interés al conocer del asunto, la omisión de notificar a las víctimas indirectas y la ausencia de una valoración real del riesgo de fuga y de la seguridad de quienes sobrevivieron a la víctima.
El texto sostiene que estas omisiones resultan especialmente graves tratándose de un caso de violencia feminicida, y que la resolución se emitió sin incorporar de manera efectiva la perspectiva de género: no se habrían analizado el contexto de violencia, los antecedentes entre víctima e imputado ni los factores de riesgo que, conforme a estándares nacionales e internacionales, deben considerarse en este tipo de asuntos.
El tema se inscribe en un debate de fondo que Rotativo ya ha documentado con la presencia en México de la relatora especial de la ONU Reem Alsalem, quien advirtió sobre patrones de investigación sin perspectiva de género y una tasa de impunidad del 90% en tentativas de feminicidio.
La omisión de notificar a las víctimas indirectas, según el Punto de Acuerdo, no constituye una simple irregularidad procesal sino una forma de violencia institucional que vulnera el derecho de las familias a participar en el proceso y a acceder a la justicia en condiciones de igualdad.
A ese cuestionamiento se sumó el episodio del 9 de abril de 2026, cuando colectivas feministas y familiares de la víctima reportaron hechos de intimidación durante una manifestación frente a los juzgados federales, un contexto que —según el documento— agrava la vulnerabilidad de las víctimas indirectas.
El antecedente general de violencia contra las mujeres en el país lo aporta la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que califica como fracaso las estrategias públicas para contener el incremento sostenido de feminicidios. Datos de la Secretaría de Gobernación y del Sistema Nacional de Seguridad Pública ubican a México con una mujer asesinada cada tres horas.
Exhorto a Fiscalía para combatir la excarcelación
El Punto de Acuerdo también solicita a la Fiscalía dar seguimiento puntual al caso, interponer todos los recursos legales necesarios para combatir la excarcelación del imputado y garantizar la protección integral de las víctimas indirectas para evitar cualquier forma de revictimización.
Jiménez Godoy planteó que decisiones judiciales de esta naturaleza no afectan únicamente un expediente: envían, a su juicio, un mensaje de permisividad frente a la violencia contra las mujeres e impactan la confianza ciudadana en el sistema de administración de justicia.
¿Qué implica la suspensión provisional que se solicita?
La legisladora pidió al Tribunal de Disciplina Judicial valorar la suspensión provisional de la jueza mientras se analiza la queja, como medida para garantizar la imparcialidad del proceso disciplinario. "La justicia que no incorpora perspectiva de género no es justicia: es impunidad", puntualizó Jiménez Godoy al cerrar su intervención desde tribuna.
El mecanismo forma parte del nuevo diseño del Poder Judicial derivado de la reforma federal de 2024, que estableció el Tribunal de Disciplina Judicial como órgano encargado de investigar y sancionar a personas juzgadoras.
Familias de Visthá accedieron a más de 15 servicios, incluyendo atención médica y asesoría jurídica gratuita. 
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