Querétaro, 7 de abril de 2026. — La presidenta del colectivo Desaparecidos Justicia A.C. Querétaro, Brenda Ivonne Rangel Ortiz, denunció que el Estado mexicano minimiza la crisis de personas desaparecidas en el país, que ya acumula más de 134 mil 700 casos, 7 mil 500 fosas clandestinas y al menos 14 mil restos óseos sin identificar.
La activista advirtió que en Querétaro las familias también enfrentan obstáculos importantes por la falta de coordinación entre la Comisión Estatal de Búsqueda y otras instancias, lo que provoca retrasos en investigaciones y deja a víctimas en incertidumbre prolongada.
El reclamo del colectivo se da en medio de un crecimiento sostenido de las cifras nacionales durante los últimos años. Rangel Ortiz recordó que en 2010, cuando solicitaron por primera vez la intervención internacional, el país registraba 2 mil 291 personas desaparecidas, una fracción de los más de 134 mil casos contabilizados actualmente.
La activista, que también es familiar directa de una víctima, sostuvo que las cifras oficiales no reflejan la dimensión real del problema porque muchas familias no denuncian por miedo o por la propia omisión de las autoridades, una situación que coincide con los pronunciamientos de colectivos de búsqueda en Querétaro que han documentado los obstáculos para presentar denuncias.
“Es muy desafortunada la postura que tiene el Estado mexicano a no reconocer la grave situación que vivimos. Hoy hablamos de más de 134 mil 700 personas desaparecidas. Es una cifra tremendamente fuerte, y ni siquiera refleja la realidad completa”, expresó la presidenta del colectivo.
El país acumula más de 7 mil 500 fosas clandestinas y 14 mil restos óseos sin identificar, según cifras citadas por colectivos de búsqueda. rotativo.com.mx
Añadió que existen casos de desaparición forzada en los que participan elementos de seguridad pública, lo que profundiza la desconfianza ciudadana hacia las instituciones encargadas de las búsquedas e investigaciones.
Desaparición forzada y "rasuramiento" de cifras
Rangel Ortiz reveló que su propio hermano fue desaparecido por policías municipales y entregado al crimen organizado, un caso que ilustra cómo las corporaciones de seguridad pueden estar involucradas directamente en estos hechos.
La activista calificó como "negación" y "sesgo político" la postura del gobierno frente a la crisis, y acusó a las autoridades de "rasurar" las cifras oficiales para presentar un panorama menos grave del que enfrentan las familias en territorio.
“En muchas de las desapariciones son desapariciones forzadas. Por eso hablamos de una negación y de un sesgo político. No es posible que con más de 7 mil 500 fosas y más de 14 mil restos sin identificar no haya claridad sobre qué están haciendo para darles nombre y apellido”, afirmó la representante del colectivo.
La situación de los restos óseos sin identificación es uno de los puntos más sensibles del reclamo, ya que cada cuerpo no identificado representa una familia que no puede iniciar un proceso de duelo ni acceder a procedimientos legales de búsqueda forense que permitan cerrar ciclos.
¿Qué obstáculos enfrentan las familias en Querétaro?
En el ámbito local, Rangel Ortiz aseguró que aunque formalmente existe disposición de las autoridades, en la práctica esa apertura no se traduce en acciones concretas ni en acompañamiento efectivo.
La activista describió un patrón en el que las dependencias se trasladan responsabilidades entre sí sin asumir compromisos operativos, lo que obliga a los colectivos a realizar tareas que corresponderían al Estado mexicano por mandato constitucional.
“Nunca nos dicen que no, pero tampoco hay apoyo real. Se la pasan diciendo ‘no me toca a mí, le toca a la Fiscalía’, y eso deja a muchas familias en el limbo. Hay personas que no saben ni a dónde acudir”, señaló.
La representante explicó que la falta de coordinación genera duplicidad de esfuerzos y retrasa las investigaciones al no existir intercambio efectivo de información entre dependencias, lo que impacta directamente en las posibilidades de localización con vida.
Pese al panorama crítico, la activista reconoció que tanto la Fiscalía General del Estado de Querétaro como instancias federales han colaborado en casos puntuales y han logrado localizar personas con vida, además de recuperar restos para su identificación y entrega a familiares.
Hizo un llamado a fortalecer las campañas de difusión en espacios públicos, sumar a empresas privadas para visibilizar fichas de búsqueda y romper los egos institucionales que impiden el trabajo coordinado.
Hasta el momento, la Comisión Estatal de Búsqueda no ha emitido postura sobre los señalamientos vertidos por el colectivo.
El operativo desplegó vigilancia permanente en 12 cuerpos de agua, entre ellos Santa Catarina, la presa de Mompaní y San Pedrito El Alto. 
