Ciudad de México, 30 de mayo de 2026.- Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, se entregó a las autoridades de Estados Unidos, donde enfrenta una acusación federal por presuntos vínculos con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.
La entrega ocurrió el jueves, según una fuente del Departamento de Justicia citada por El Universal. La misma fuente precisó que, al cierre de esta información, las autoridades estadounidenses no habían detallado públicamente los cargos formales que enfrentaría tras su presentación.
El movimiento contradice lo que el propio exfuncionario sostuvo días antes. Tras comparecer ante la Fiscalía General de la República el 26 de mayo en Culiacán, Almanza Avilés afirmó que no tenía por qué entregarse a la justicia estadounidense ni servir como testigo protegido, y negó cualquier relación con grupos criminales. "No tengo por qué hacerlo", respondió entonces a los medios.
¿De qué se le acusa en Nueva York?
Almanza Avilés es uno de los diez funcionarios y exfuncionarios sinaloenses imputados en la acusación del 29 de abril que el Departamento de Justicia desclasificó en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. El expediente, de 34 páginas, sostiene que los acusados conspiraron con líderes del Cártel de Sinaloa para importar fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina a territorio estadounidense a cambio de apoyo político y sobornos.
De acuerdo con la acusación, dirigió la Policía de Investigación estatal entre 2017 y 2022. En los registros internos del cártel asegurados por las autoridades aparecía identificado con la clave "R1" y habría recibido pagos cercanos a 300 mil pesos mensuales.
A cambio, según el documento, permitió que Los Chapitos operaran sin restricciones en Sinaloa: emitió órdenes de detención contra rivales del cártel cuando estos lo solicitaban, liberó a integrantes detenidos y autorizó el traslado de precursores químicos para producir fentanilo a través del estado.
Un caso que alcanza al gobernador
La acusación incluye al gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, al senador Enrique Inzunza Cázarez, al alcalde de Culiacán Juan de Dios Gámez Mendívil y al vicefiscal Dámaso Castro Zaavedra, entre otros mandos de seguridad. El caso está asignado a la jueza federal Katherine Polk Failla, que también lleva la investigación de la FGR en su vertiente mexicana paralela.
El comunicado oficial del Distrito Sur de Nueva York, firmado por el fiscal Jay Clayton y el administrador de la DEA Terrance Cole, señala que el cártel no operaría con la misma libertad sin funcionarios y policías corruptos en su nómina. De ser hallado culpable, Almanza Avilés podría enfrentar una pena de hasta 40 años de prisión.
Su entrega se suma a la de otros coacusados que ya pasaron a custodia federal estadounidense, como el exsecretario de Administración y Finanzas Enrique Díaz Vega y el general retirado Gerardo Mérida Sánchez. En Sinaloa, mientras tanto, el caso obligó a un relevo en el gobierno interino del estado. Hasta ahora no existe registro público en los sistemas judiciales federales que confirme formalmente el ingreso de Almanza a un tribunal.
