México, 15 de mayo de 2026. —"No implica criminalización automática". Con esa lectura, la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó este jueves que la definición legal de comercio en materia de narcomenudeo, contenida en la Ley General de Salud, no convierte en delito de forma directa la adquisición de narcóticos por parte de quien los consume.
El criterio fue emitido durante sesión del 14 de mayo y delimita la frontera entre adquisición y distribución.
La resolución llega en pleno endurecimiento de la cooperación bilateral en materia antidrogas. Mientras la Casa Blanca presiona por más extradiciones y formaliza la presencia de inteligencia estadounidense en operativos contra cárteles, el máximo tribunal mexicano coloca un límite jurídico que afecta directamente la base operativa de las detenciones por narcomenudeo: ministerios públicos y jueces deberán acreditar elementos de comercio, no solo posesión o adquisición.
La distinción no es nueva en doctrina penal. Lo nuevo es el énfasis. La definición que la SCJN matiza es la contenida en la fracción correspondiente del artículo 474 de la Ley General de Salud, que durante años fue interpretada con alcance amplio por fiscalías estatales.
¿Qué implica el criterio de la SCJN para el consumidor?
El criterio no despenaliza la posesión de narcóticos por encima de los umbrales que la propia ley establece como permitidos. Lo que hace es impedir que la simple adquisición se asimile de forma automática al supuesto de comercio, que tiene rango de pena agravada.
La decisión coincide con el debate público que ha planteado el rol de la SCJN frente a leyes de orden federal y la presión política sobre el poder judicial. Hasta el momento, la Fiscalía General de la República no ha emitido postura sobre el ajuste interpretativo, y queda por verse cómo los tribunales colegiados de circuito incorporarán el criterio en próximos casos.
¿Qué cambia para fiscalías estatales y federales?
El ajuste obliga a redoblar la carga probatoria sobre intencionalidad de comercio: acreditar no solo la sustancia y la cantidad, sino la conducta destinada a la distribución o venta.
La línea jurisprudencial empuja hacia una persecución más enfocada en redes de distribución y menos en consumidores aislados, en un contexto donde la propia política federal de seguridad coordinada por el gabinete de Omar García Harfuch sostiene que el objetivo prioritario son los eslabones medios y altos del crimen organizado, no el usuario final que, según el último informe del SESNSP, representa cerca del 78% de las detenciones por narcomenudeo en 2025.
