Querétaro, 14 de mayo de 2026. —La Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de Querétaro reformó la declaratoria que fijaba el arranque del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en San Juan del Río, al considerar que la entidad aún no reúne las condiciones operativas para implementarlo.
La decisión se aprobó en la misma sesión donde su presidente, el diputado Guillermo Vega Guerrero, presentó un balance de 40 proyectos aprobados en 24 sesiones, con 50 iniciativas pendientes por dictaminar.
La declaratoria original, aprobada en febrero por la misma comisión, marcaba el 1 de junio de 2026 como inicio del sistema oral en San Juan del Río y el 29 de marzo de 2027 como cierre en el distrito de la capital.
El Pleno del Tribunal Superior de Justicia argumentó que la armonización con la legislación local, la estandarización de criterios jurisdiccionales y la interoperabilidad de sistemas tecnológicos siguen sin consolidarse. La comisión no precisó nuevo calendario para el arranque.
Memo Vega presenta balance de 40 iniciativas en la Comisión
Vega Guerrero, acompañado por los diputados Enrique Antonio Correa Sada y Homero Barrera McDonald, presentó el corte de actividades del órgano legislativo que preside.
Entre las reformas relevantes citó la creación de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres, la sanción al uso indebido de inteligencia artificial con fines sexuales y la tipificación del préstamo gota a gota, modalidad de cobranza que San Juan del Río ha enfrentado con detenciones recurrentes.
¿Qué otras reformas aprobó la Comisión en este periodo?
El listado incluye la reforma al Código Penal contra la usurpación de profesiones en salud para frenar a los llamados médicos piratas; la Ley Monzón, que retira la patria potestad a padres vinculados a feminicidio; la institucionalización de Sinergia como instancia del Sistema Estatal de Seguridad; la tipificación del delito de acecho; sanciones más severas a conductores bajo efectos del alcohol; y el dictamen contra la cohabitación forzada, que protege a menores obligadas por usos y costumbres a unirse con personas adultas.
También figuran reformas sobre violencia familiar contra mujeres en estado de gravidez y el proyecto de ley sobre uso de celulares en espacios educativos.
El presidente de la comisión agradeció a Correa Sada y Barrera McDonald la aportación en el análisis de los expedientes turnados, pero advirtió que la carga pendiente supera lo dictaminado: 50 iniciativas siguen en revisión frente a las 40 ya aprobadas.
La reforma a la declaratoria del Código Civil deberá pasar al Pleno antes de que el Tribunal Superior reagende la implementación gradual del nuevo sistema procesal en los distritos judiciales del estado.
