Además se logró la condena en prisión de cuatro personas, quienes también están inhabilitadas para desempeñar un cargo público.
“La Contundencia de las investigaciones realizadas ha permitido obtener de la autoridad judicial fallos condenatorios por los delitos de peculado, cohecho cometido por servidores públicos y negociaciones ilícitas”.Ahondó que se encuentran en proceso otros litigios que implican la recuperación de dinero y que, en el 2018 también se logró imponer mil 600 horas de trabajo a favor de la comunidad.
“En otros seis casos, la autoridad judicial aplicó la Ley, privilegiando la salida alterna de suspensión condicional del proceso. Todos esos casos de suspensión fueron supervisados por la unidad de medidas cautelares”.Detalló que 97 personas; servidores, ex servidores y particulares; fueron investigados, lo que generó 17 carpetas de investigación, que permitieron vincular a 19 personas a proceso, 9 pertenecientes a la administración pública estatal, 8 de la administración municipal y dos más particulares.
Indicó que el trabajo en las investigaciones permitió tener un 94 % de eficiencia en las solicitudes que hacemos ante los jueces para vincular a personas a proceso.
En cuanto a los argumentos de los Fiscales, respaldados en los datos de prueba pertinentes e idóneos, lograron que se obtuviera el 90 % de eficiencia en la solicitud de ordenes de aprensión.
Apuntó que también presentó su declaración “3 de 3”, que incluyó la declaración: patrimonial, de interés y fiscal, en apego a transparencia y rendición de cuentas, medida que lo hace uno de los dos fiscales anticorrupción en hacerlo.
También reveló un aumento de 10 por ciento en las denuncias, con respecto al periodo anterior, lo que permitió generar 40 expedientes.
Antonio Zapata, presidente de la mesa directiva, resaltó que Querétaro fue el primer estado en cumplir con las obligaciones impuestas, pues para 18 de abril del 2017 aprobó el sistema estatal anticorrupción y, posteriormente, la creación de la Fiscalía autónoma.