Sarapiquí (Costa Rica), 13 jul (EFE).- Costa Rica, que alberga alrededor del 5 % de la biodiversidad del mundo, es uno de los pocos países que ha logrado revertir la deforestación en los últimos 30 años y ampliar su cobertura boscosa, esto gracias, en buena medida, a programas estatales que reconocen el aporte a la conservación del medioambiente que hacen los dueños de fincas y terrenos.
Reconocido internacionalmente por sus políticas ambientales, Costa Rica ha implementado iniciativas como el Programa de Reducción de Emisiones y el Programa de Pagos por Servicios Ambientales, que brinda a los dueños de terrenos la posibilidad de conservar el entorno y los bosques, así como reforestar, al mismo tiempo que pueden generar ingresos económicos.
Hansy Rodríguez es un finquero del noreste de Costa Rica que ha evolucionado hacia una actividad de siembra de árboles en terrenos que antes estaban deforestados o se utilizaban para ganadería, un cambio que ejemplifica la política del país de conservar el ambiente y a la vez generar beneficios económicos y sociales a las comunidades.
"El proyecto de captura de carbono es muy importante. Yo era ganadero, aún lo soy pero voy cambiando para crear una mente diferente y pasar a la conservación y mitigación del cambio climático para ver si podemos contribuir", dijo Rodríguez a EFE.
En su finca ubicada en la localidad Puerto Viejo de Sarapiquí, cercana al Caribe costarricense, Rodríguez ha decidido conservar el bosque y árboles como el almendro amarillo, principal fuente de alimento de la lapa (guacamaya) verde, una especie en peligro de extinción, y al mismo tiempo sembrar árboles de melina, cotizados por su buena madera y que le brindarán un ingreso económico importante al productor.
La melina tarda unos 6 años en alcanzar el tamaño aprovechable para la madera y durante ese tiempo servirá como casa, refugio y alimento para aves y otras especies animales, y también fijará carbono.
"Los vecinos de acá cerca nos dicen que ya se siente la frescura de los árboles y hasta las escuelas han venido a hacer siembras de árboles", comentó.
Rodríguez afirma que este sistema de reforestación es "perenne" y sostenible, ya que si se cortan árboles de melina, lo cual es permitido, ya hay otras decenas sembradas en la finca, y además el propio árbol "hijea" (rebrota).
Este tipo de proyectos, que benefician tanto al productor como al medioambiente, son parte de programas como el de Pagos de Servicios Ambientales a cargo del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (Fonafifo) del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae).
La finca de Rodríguez colinda con la estación biológica La Selva, de la Organización de Estudios Tropicales, que también participa en programas ambientales del Estado para la protección del bosque.
La Selva es considerada como una joya para la conservación de flora y fauna y para la investigación científica, pero está sometida a una fuerte presión en sus límites debido a la expansión de actividades agrícolas y también a los efectos de la crisis climática.
EL APOYO DEL BANCO MUNDIAL
Las iniciativas de Costa Rica cuentan con el apoyo de organismos internacionales como el Banco Mundial, que en 2020 aprobó al país 60 millones de dólares como parte del Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF), lo que significó un reconocimiento por haber revertido la deforestación y la degradación forestal, y porque actualmente los bosques cubren casi el 60 % de su territorio nacional.
En 2022, el país pasó a ser el primero de América Latina y el Caribe en recibir un pago de 16,4 millones de dólares por reducir 3,28 millones de toneladas de emisiones de carbono entre 2018 y 2019.
Este pago fue el primero de los 3 previstos en el acuerdo con el Banco Mundial para la reducción de emisiones de hasta 12 millones de toneladas de CO2 para 2025.
El acuerdo establece un sistema para recompensar a las comunidades locales por sus esfuerzos en la reducción de emisiones, incluyendo a los pueblos indígenas y las mujeres en zonas rurales pobres.
El Programa de Reducción de Emisiones de Costa Rica tiene como objetivo incrementar el impacto en el ámbito nacional de las políticas públicas que se han aplicado con éxito durante los últimos 30 años para proteger los paisajes forestales.
Esto incluye fortalecer la gestión de las áreas nacionales protegidas, que cubren el 26 % del territorio; ampliar los programas nacionales de gestión forestal sostenible, manejo de incendios y restauración de paisajes, y extender el Programa de Pago por Servicios Ambientales, que proporciona incentivos a los agricultores y propietarios de tierras a cambio de que gestionen sus terrenos para prestar un servicio ecológico.