Querétaro, 8 de abril de 2026. — Cerca de mil 300 planteles educativos en Querétaro operan en terrenos sin escritura regularizada, una situación que durante años ha bloqueado la inversión pública en aulas, bardas perimetrales y mantenimiento mayor, reveló el director general del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado, Fernando Orozco Vega.
La cifra se conoció durante la sesión de la Comisión de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Comunicaciones del Poder Legislativo local, donde se discutió un dictamen que busca destrabar el problema.
El origen del rezago, según expuso el funcionario, está en el modo en que se constituyeron muchos de esos planteles.
"Han sido donaciones de ejidos, actas de asamblea, y aunque ya tienen muchos años, no se han podido regularizar", precisó Orozco Vega ante los integrantes de la comisión legislativa.
La consecuencia directa la han padecido alumnos y maestros: aun cuando existe presupuesto autorizado para mejorar un plantel, la falta del título de propiedad detiene el proceso.
La situación contrasta con los anuncios oficiales sobre nueva infraestructura educativa en Querétaro que la SEDEQ ha difundido en los últimos ciclos escolares.
El director del IFEQ explicó que la Auditoría Superior de la Federación ha sido categórica en este punto: para que un plantel reciba inversión federal, debe tener escritura y cumplir con la Ley de Obras Públicas estatal. Sin ese requisito, los recursos que se destinan terminan observados o devueltos.
La Usebeq, a través de su directora jurídica Ana Magdalena Bracamontes Cruz, acompañó la sesión en representación de la titular Irene Quintanar Mejía, quien encabeza el organismo que atiende a los más de 356 mil estudiantes de educación básica en Querétaro.
El dictamen que busca destrabar la obra escolar en Querétaro
La salida que aprobó la comisión es una adición al artículo 29 Bis de la Ley de Obras Públicas estatal, propuesta por el diputado Antonio Zapata Guerrero.
El planteamiento permite avanzar en la ejecución de obras cuando exista certeza de que el terreno está en posesión de la autoridad educativa, mediante documentos que acrediten esa posesión emitidos por la Usebeq.
La medida no exime del proceso de regularización; lo que hace es desacoplar la obra urgente del trámite registral, que en muchos casos toma años.
¿Por qué la ASF frenaba los recursos?
La regla que invoca la Auditoría es clara: no se puede invertir recurso público en un inmueble cuya propiedad no esté acreditada a nombre del Estado.
El diputado Luis Gerardo Ángeles Herrera lo describió en términos prácticos durante la sesión: "Como autoridad no podías invertir dinero en un lugar que no tenía la documentación completa, porque era motivo de un señalamiento, por lo cual el recurso se tenía que regresar".
El legislador celebró que el dictamen abre una ruta para que el dinero no vuelva a la federación sin haberse ejercido.
A la sesión también acudieron el director general del Instituto Registral y Catastral de Querétaro, Rogelio Alcocer Gómez; la directora del Registro Público de la Propiedad del Estado, Arlette Elizabeth López Ruiz; y el director jurídico Fidencio Olvera Rico, en representación del secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, José Pío Salgado Tovar.
La presencia de las cuatro dependencias responsables del trámite registral sugiere que el seguimiento a la regularización seguirá en paralelo, sin renunciar a la meta de poner cada plantel en orden. La reforma deberá ser ratificada por el Pleno del Congreso del Estado antes de entrar en vigor.
Sinuhé Piedragil Ortiz, nuevo presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Querétaro, durante la sesión de Pleno. 
Diputados de la LXI Legislatura durante la votación para elegir la nueva Mesa Directiva en el recinto legislativo. 
Diputados de la LXI Legislatura durante la votación para elegir la nueva Mesa Directiva en el recinto legislativo. 