Querétaro, Qro., 2 de julio de 2025 - Las diputadas Andrea Tovar Saavedra (Morena) y Juliana Hernández Quintanar (PAN) organizaron el Foro Acecho en Querétaro para presentar la Iniciativa de Ley Valeria, que busca tipificar el acecho como delito en el Código Penal estatal. La propuesta surge ante el vacío legal que deja desprotegidas a las víctimas de esta forma de violencia.
El evento contó con la presencia de Valeria Macías, promotora de la Ley Valeria; Diana Murrieta, presidenta de Nosotras Para Ellas AC; la secretaria de la Mujer, Sonia Rocha Acosta, y representantes del Poder Judicial, Fiscalía y Defensoría de Derechos Humanos.
Vacío legal deja desprotegidas a víctimas
"Lo que no se nombra, no existe, y lo que no tiene consecuencias, se repite", declaró la diputada Tovar Saavedra al explicar la necesidad de tipificar el acecho. Actualmente, esta conducta no está específicamente contemplada en el Código Penal federal ni en la mayoría de códigos estatales.
Las víctimas deben recurrir a figuras como amenazas, hostigamiento o allanamiento de morada, fragmentando la protección legal sin reflejar la gravedad del fenómeno. "Los tipos actuales son insuficientes y requieren daño físico, amenazas específicas o contacto sexual", explicó la legisladora morenista.
La iniciativa surge del trabajo coordinado entre Fiscalía, Poder Judicial y Defensoría de Derechos Humanos para garantizar fundamentos legales sólidos.
¿Por qué es necesaria la Ley Valeria?
El acecho representa una forma de violencia insidiosa y sostenida que frecuentemente constituye la antesala de delitos graves. Diversos estudios demuestran que puede escalar hacia agresiones físicas, feminicidios y desapariciones.
"Tipificar es un paso preventivo que salva vidas", enfatizó Tovar Saavedra sobre el carácter preventivo de la propuesta legislativa.
La iniciativa requiere perspectiva de género, ya que las estadísticas demuestran que la mayoría de víctimas son mujeres y los perpetradores frecuentemente son exparejas, vinculando el acecho con violencia feminicida.
Unidad partidista por los derechos humanos
La diputada panista Juliana Hernández Quintanar subrayó que la propuesta trasciende los partidismos. "Este no es un tema de partidismo o ideología, sino de humanidad. Nos tenemos que avocar y trabajar juntas", declaró sobre la colaboración bipartidista.
La legisladora explicó que el interés conjunto surgió de la necesidad urgente de proteger a las víctimas mediante un marco legal específico y efectivo.
Ambas diputadas coordinaron esfuerzos con la Secretaría de la Mujer para presentar una propuesta técnicamente sólida.
Testimonio de Valeria Macías impulsa iniciativa
Valeria Macías, promotora de la iniciativa, compartió su experiencia personal de años enfrentando la persistencia de su acechador. Junto con Diana Murrieta de Nosotras Para Ellas AC, inició la construcción de esta propuesta legislativa.
Su testimonio evidenció la urgencia de contar con herramientas legales específicas para proteger a víctimas de acecho sistemático.
La experiencia personal de Macías ilustró las deficiencias del marco jurídico actual para atender esta problemática.
Apoyo institucional para garantizar aprobación
El evento contó con respaldo de la vicefiscala Yanin Zendejas Rojas; el secretario ejecutivo de DDHQ, Víctor Pernalete; y la abogada Beatriz Pérez Espíndola de la colectiva feminista de abogadas queretanas.
Las instituciones expresaron disposición de trabajo conjunto para garantizar la aprobación y correcta implementación de la Ley Valeria.
La propuesta también considera la interseccionalidad, protegiendo especialmente a mujeres indígenas, periodistas, personas LGBTIQ+ y víctimas de trata.
Perspectivas de aprobación legislativa
La iniciativa busca llenar un vacío legal significativo mediante una redacción precisa que evite uso indebido sin negar la protección jurídica necesaria. Las diputadas coordinan esfuerzos técnicos para garantizar la viabilidad legal.
El respaldo institucional y la unidad partidista incrementan las posibilidades de aprobación en el Congreso local.
La Ley Valeria representa un avance significativo en la protección de derechos humanos y prevención de violencia de género en Querétaro.
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