Chilpancingo, Gro., 14 de mayo de 2026. —La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, acordó con las familias desplazadas por la violencia en Chilapa de Álvarez la reinstalación de Bases de Operaciones Interinstitucionales por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Policía Estatal, después de la semana de ataques del grupo criminal Los Ardillos contra comunidades nahuas de la región Montaña Baja.
El acuerdo se cerró durante la visita de la titular de Segob junto con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y el subsecretario de Gobernación, César Yáñez Centeno, este miércoles.
La principal demanda de las familias afectadas fue la presencia permanente del Ejército Mexicano y la conformación de bases mixtas de operación. La Segob también comprometió la instalación de una mesa de diálogo entre los gobiernos estatal y federal con los comisarios ejidales para generar "condiciones duraderas de paz y convivencia en la región", según el comunicado del Gobierno federal.
El Secretariado de Seguridad y Protección Ciudadana reportó 96 personas desplazadas oficialmente, cifra que el Concejo Indígena y Popular-Emiliano Zapata (Cipog-EZ) elevó a 800 desde las comunidades de Tula, Xicotlán, Acahuehuetlán y Alcozacán.
El operativo federal incluyó el despliegue de 690 elementos del Ejército con 80 vehículos, 400 de la Guardia Nacional con 50 unidades, 200 policías estatales con 34 patrullas y cinco helicópteros, conforme detalló el reporte oficial.
Tres dirigentes del Cipog-EZ asesinados
José Guadalupe Ahuejote Xantenco, Víctor Ahuejote Arribeño y Abraham Jiménez Chautla, integrantes del Concejo Indígena y Popular-Emiliano Zapata, fueron asesinados durante la ofensiva. Sus cuerpos, junto con otros dos sin identificar, fueron localizados cerca del crucero de Papaxtla, a unos cinco kilómetros de la cabecera municipal de Chilapa.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, atribuyó la crisis a la disputa entre Los Ardillos y Los Tlacos, versión rechazada por las propias comunidades, que se identifican como víctimas directas y no como parte de un fuego cruzado.
¿Qué exigen las familias desplazadas?
El Cipog-EZ exige la desarticulación de Los Ardillos y la captura de cabecillas. Jesús Plácido Galindo, dirigente del consejo, sostuvo que "mientras no detengan a los cabecillas, esta violencia va a seguir".
Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, recordó que el conflicto se remonta a 2015, cuando las comunidades nahuas de Chilapa y José Joaquín de Herrera crearon su policía comunitaria bajo usos y costumbres, lo que desató la disputa territorial con el grupo criminal.
