Querétaro, 9 septiembre 2024.- Los profesionales del derecho en Querétaro expresaron una firme oposición a la propuesta de Reforma Judicial que busca que los jueces sean elegidos por voto popular, advirtiendo que esta medida podría politizar el sistema judicial y socavar la independencia de los jueces en detrimento de los derechos humanos en México.
En una carta dirigida a la Presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Nancy Hernández López, los Colegios y la Barra de Abogados del Estado de Querétaro señalaron que la reforma propuesta, que contempla la destitución y sustitución masiva de jueces para 2027, viola el principio de división de podere y pone en riesgo la imparcialidad de las decisiones judiciales.
Además, subrayan que la creación de un tribunal de disciplina judicial podría castigar a los jueces por decisiones que no se alineen con los intereses sociales o políticos, debilitando la autonomía de la judicatura.
Implicaciones peligrosas de la reforma
El posicionamiento de los abogados de Querétaro advierte que la reforma representaría un retroceso en la garantía de derechos fundamentales.
Al poner el proceso de selección de jueces bajo el control del electorado, se corre el riesgo de que los nombramientos se realicen basándose en consideraciones políticas en lugar de en los méritos, la capacidad y la independencia de los jueces, lo cual, según los expertos, impactaría directamente en el ejercicio de la justicia.
Además, el grupo resalta que, conforme a principios internacionales, los jueces deben contar con garantías de inamovilidad y protección frente a presiones externas para ejercer sus funciones con total independencia.
La implementación de esta reforma en México podría derivar en una concentración de poder, en violación de la Carta Democrática Interamericana y los Principios Básicos de las Naciones Unidas Relativos a la Independencia de la Judicatura.
Llamado a la comunidad internacional
El documento también solicita la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de otros organismos internacionales de protección de derechos humanos para frenar lo que consideran un grave retroceso en materia de justicia en México.
Hacen un llamado urgente a la presidenta del tribunal para que socialice estas preocupaciones y se vigile que el proceso de discusión de la reforma sea abierto, informado y participativo, considerando las graves repercusiones que podría tener su aprobación.
Los abogados queretanos concluyen que, de no detenerse la implementación de esta reforma, México enfrentaría una grave crisis jurídica, política y social que podría desestabilizar el país y generar una escalada de violaciones a los derechos humanos.
Ante tal amenaza, solicitan que se estudien medidas urgentes para evitar la puesta en marcha de la reforma judicial, en defensa de un sistema judicial independiente y garante de derechos.
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