Querétaro, 11 de diciembre de 2025.- El Fiscal General del Estado, Víctor Antonio De Jesús Hernández, presentó ante la presidenta de la LXI Legislatura, diputada Georgina Guzmán Álvarez, una iniciativa de ley que busca reformar la Ley de Seguridad para Querétaro durante una visita de cortesía realizada en la sede del Poder Legislativo.
La propuesta tiene como objetivo actualizar el marco normativo en materia de seguridad pública estatal, informó la Legislatura local.
Durante el encuentro, ambos funcionarios acordaron establecer mecanismos de coordinación institucional para dar seguimiento a la iniciativa.
El Fiscal detalló los principales ejes de la reforma, aunque no se especificaron los alcances específicos de los cambios propuestos.
La diputada Guzmán Álvarez reconoció la importancia de fortalecer el marco legal en seguridad.

"El compromiso es trabajar de forma coordinada desde nuestros respectivos ámbitos de competencia", explicó la legisladora durante el diálogo.
La iniciativa será turnada a las comisiones correspondientes del Congreso local para su análisis y dictaminación. Organizaciones civiles especializadas en seguridad pública han solicitado conocer el contenido específico de la reforma antes de su discusión en pleno.










El foro reunió a representantes del IEEQ, del Centro de Prevención Social del Delito y organizaciones civiles en torno a la agenda de igualdad sustantiva.
El foro reunió a representantes del IEEQ, del Centro de Prevención Social del Delito y organizaciones civiles en torno a la agenda de igualdad sustantiva. 






La diputada Sully Mauricio Sixtos, presidenta de la Comisión de Desarrollo Agropecuario, durante la segunda mesa de trabajo en Tequisquiapan. 
Guillermo Vega Guerrero, coordinador del Grupo Legislativo del PAN, recibió los paquetes con 64 mil 497 firmas en la sede del Congreso de Querétaro.
El acto reunió a cuatro legisladores panistas y al diputado independiente Enrique Correa Sada; el Frente calificó la entrega como la movilización ciudadana más amplia en el debate del aborto en la entidad. 

La propuesta plantea elevar el mínimo vital de agua de 50 a 100 litros por persona al día y establecer mecanismos de vigilancia ciudadana del servicio.