Querétaro, 2 Junio 2022.- La diputada en Querétaro del Partido Acción Nacional, Beatriz Marmolejo Rojas, organizó la Conferencia sobre las reformas a la “Ley Estatal para protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas”.
Fue impartida por Enrique Irazoque Palazuelos, titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos y Coordinador Ejecutivo del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas del gobierno de México.
La legisladora indicó que la finalidad es enriquecer la propuesta legislativa que se pretende construir en la entidad, para hacer respetar la libertad de expresión y a los derechos humanos.
“En Querétaro queremos vivir en paz. Queremos el respeto a los derechos humanos, y apostamos por la prevención, más que a la corrección de conductas que atenten contra nuestros derechos o la libertad de expresión o de prensa. Participar en este proyecto y reconocer la labor de los periodistas y defensores de derechos humanos en nuestra legislación local”, afirmó.
Por su parte, el ponente Enrique Izaroque aseguró que se contempla la firma de un convenio de colaboración entre el gobierno del estado, para realizar un trabajo coordinado entre estado, legislatura y federación.
La diputada Beatriz Marmolejo Rojas organizó la Conferencia sobre las reformas a la “Ley Estatal para protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas”.
“Estamos buscando que con esos convenios de colaboración exista un área específica en las entidades federativas que pueda generar la política pública necesaria. Nos ayuda a formalizar nuestras obligaciones y compromiso con sus derechos humanos”, manifestó.
Señaló que solo 16 estados de la república cuentan con una ley de protección, y solamente 11 de ellos cuenta con áreas de protección a nivel nacional.
Sin embargo, Izaroque Palazuelos sugirió que sea a través de parlamento abierto, que se pueda construir la legislación en Querétaro, que será diferente a los contextos sociales que se viven en otras entidades.
Se deberá incluir el reconocimiento y obligaciones de prevención y protección a ambos gremios; así como el designio de la Fiscalía General del estado como instancia que dé seguimiento a las posibles agresiones.
