Andrea Tovar Saavedra, diputada de Morena, durante su intervención en favor de la Ley General de Feminicidio
Querétaro, 30 de abril de 2026. — El Congreso de la Unión podrá expedir una Ley General en Materia de Feminicidio con tipo penal único, sanciones uniformes y obligaciones articuladas para los tres órdenes de gobierno, luego de que el Pleno del Congreso del Estado, erigido en Constituyente Permanente Federal, aprobó este jueves la minuta que reforma el artículo 73, fracción XXI, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La reforma fija las directrices que las entidades federativas deberán observar al momento de armonizar sus códigos penales con el nuevo marco federal.
La diputada Andrea Tovar Saavedra y el diputado Homero Barrea McDonald subieron a tribuna para defender el dictamen presentado por la Comisión de Puntos Constitucionales.
Coincidieron en que la reforma "no solamente era necesaria, sino urgente" para combatir frontalmente el delito de feminicidio, al contar con directrices más precisas para su tipificación, investigación con perspectiva de género y sanción efectiva.
Tovar Saavedra había anticipado el contenido de la propuesta federal en marzo, durante una sesión donde reconoció la deuda legislativa ante colectivas que protestaban afuera del recinto.
La morenista detalló entonces que la reforma incorpora nueve razones de género y 21 agravantes al tipo penal vigente, y advirtió que la falta de criterios uniformes ha derivado en que casos de violencia feminicida se clasifiquen como suicidios o homicidios dolosos en Querétaro, "lo que distorsiona las cifras reales y obstaculiza el acceso a la justicia para las familias de las víctimas".
El argumento técnico que sostiene la reforma es la dispersión de criterios entre entidades. Hoy, el feminicidio es delito tipificado en los 32 códigos penales locales, pero con definiciones, agravantes y sanciones que varían entre estados, lo que dificulta la integración de carpetas de investigación, la comparación de cifras y la articulación de políticas nacionales de prevención.
Una Ley General permitiría establecer un piso mínimo obligatorio para todas las entidades federativas, sin impedir que los estados eleven el estándar de protección por encima de ese piso.
La reforma constitucional plantea facultar al Congreso de la Unión para expedir la Ley General que establezca el tipo penal y sus sanciones, con el objetivo de articular acciones que garanticen el acceso a una vida libre de violencias para mujeres y niñas, fortaleciendo al Estado mexicano para prevenir, investigar, sancionar y erradicar el delito.
La iniciativa contempla un ámbito de aplicación que abarca a Fiscalías estatales, federal, instituciones de seguridad pública, sistema de salud y autoridades educativas.
Tras la aprobación del Constituyente Permanente Federal, la minuta queda en condiciones de ser promulgada en cuanto se complete el cómputo nacional.
La discusión sobre el contenido específico de la futura Ley General —catálogo definitivo de razones de género, agravantes, sanciones mínimas y máximas, y obligaciones presupuestales para las entidades federativas— quedará para la siguiente fase del proceso legislativo en San Lázaro y el Senado de la República.
Adriana Meza Argaluza, diputada del PRI, durante su intervención en contra del Plan B desde tribuna
Querétaro, 30 de abril de 2026. — Tres legisladores subieron a tribuna para rechazar el dictamen y otro lo defendió como una decisión que define qué tipo de democracia quiere el país, en una sesión donde el Constituyente Permanente Federal en sede queretana aprobó la minuta que reforma los artículos 115 fracción I, 116 fracción II, y adiciona un párrafo cuarto al 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La reforma —pieza central del paquete federal conocido como Plan B— busca, según el dictamen, "acabar con las prebendas y la corrupción de la alta burocracia, pues el gobierno no debe ser una carga para el pueblo y las personas servidoras públicas no deben tener ventajas a costa del presupuesto".
La diputada priista Adriana Meza fijó la primera postura crítica desde tribuna. Sostuvo que la minuta "no atiende los problemas de fondo que requiere la democracia, ni abona construir un sistema político más eficiente y efectivo", y emitió su voto en contra.
A continuación, los diputados Paul Ospital, de Movimiento Ciudadano, y Enrique Correa, intervinieron para hechos y manifestaron su rechazo al conjunto del Plan B.
Ospital ya había anticipado en marzo, según el análisis político de la fractura legislativa, que la reforma se presentó como modernización democrática pero acabó funcionando como un mecanismo para recortar 4 mil millones de pesos a los poderes sin tocar la representación ni las reglas electorales.
Ulises Gómez se pronunció a favor con el argumento de que la reforma busca "definir qué tipo de democracia se quiere: una al servicio del pueblo o la capturada por intereses burocráticos y privilegios históricos".
El voto del Pleno se dio en el mismo bloque del Constituyente Permanente Federal que también avaló el tope a las "pensiones doradas" del artículo 127 y la reforma a la Guardia Nacional.
El componente queretano del Plan B no es marginal. El propio Congreso del Estado entrará bajo el tope constitucional de 450 millones de pesos anuales que fija la reforma, un límite que el Poder Legislativo local roza con apenas 12 millones de margen, ya que actualmente ejerce alrededor de 438 millones, según expuso en abril el diputado morenista Homero Barrera McDonald.
La medida no implicará ajustes inmediatos al gasto pero blindará el erario contra incrementos desproporcionados en próximos ejercicios.
Las modificaciones constitucionales a los artículos 115 y 116, que regulan la organización de los municipios y de los estados, tienen impacto directo sobre el municipio de Querétaro, que tendrá que recortar la cantidad de regidores en términos de la nueva fracción. La adición al 134, en tanto, fija reglas más estrictas para el manejo de recursos públicos. Al margen del voto sobre el Plan B, el debate sobre la paridad de género en ayuntamientos —que colectivas feministas denunciaron como retroceso histórico al detectar la eliminación del principio constitucional en una iniciativa paralela enviada al Senado en marzo— sigue abierto y al margen de la minuta aprobada este jueves.
El IEEQ, que tendrá que organizar elecciones extraordinarias en 2027 para jueces y magistrados además del proceso ordinario para gubernatura, 18 presidencias municipales, Congreso local y diputados federales, ya advirtió que el recorte presupuestal contemplado en la reforma podría comprometer su capacidad operativa.
La reforma queda firme tras el cómputo del Constituyente Permanente Federal y entra en la fase de aplicación administrativa en los tres niveles de gobierno.
Eric Silva Hernández, diputado de Morena en el Congreso de Querétaro, durante la defensa del tope a las pensiones de servidores públicos.
Querétaro, 30 de abril de 2026. — El tope a las pensiones de servidores públicos aplicará tanto a las jubilaciones futuras como a aquellas otorgadas antes de la entrada en vigor del decreto, luego de que el Pleno del Congreso del Estado, erigido en Constituyente Permanente Federal, aprobó este jueves la minuta que reforma y adiciona el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Se trata de un cambio que el dictamen presentado por la Comisión de Puntos Constitucionales considera "impostergable" y que abarca a la administración pública paraestatal en los tres niveles de gobierno.
Desde la tribuna, el diputado Eric Silva Hernández respaldó el voto bajo el argumento de que las "pensiones doradas" de las y los servidores públicos deben acotarse y "dejando claro que nadie puede servirse del poder y excederse en el uso de recursos que pertenecen al pueblo de México".
El legislador morenista, que dos meses atrás había votado en contra del dictamen de la reforma al Poder Judicial estatal, esta vez se sumó a la postura mayoritaria.
Los legisladores consideraron impostergable establecer un límite a los esquemas de jubilaciones y pensiones financiados con recursos públicos en lo concerniente a la administración pública paraestatal en sus tres niveles de gobierno, con el objetivo de fortalecer la coherencia del orden constitucional y la justicia en el uso de los recursos de la nación.
La reforma se conecta con el respaldo que el senador queretano Agustín Dorantes Lámbarri dio en marzo al recorte de pensiones excesivas, condicionado a que el ahorro se traduzca en mejores servicios y programas para las familias.
El componente retroactivo es el elemento que da peso político a la medida. Al aplicarse sobre jubilaciones ya concedidas, la reforma alcanza a exfuncionarios federales, estatales y municipales que ingresaron al esquema de retiro con prestaciones por encima del nuevo tope, sin que el dictamen aprobado precise el procedimiento de ajuste ni los plazos para que las dependencias revisen sus padrones de pensionados.
El monto exacto del tope queda anclado a la Constitución federal y al sueldo del titular de la Presidencia de la República.
La discusión queretana ocurre en paralelo a un debate municipal sobre la precariedad salarial en el ayuntamiento capitalino.
La semana pasada, el regidor morenista Fernando Flores Pérez expuso ante el Cabildo que empleados municipales jubilados perciben ingresos inferiores al salario mínimo —en un caso, 4 mil 772 pesos mensuales— y reclamó una revisión del padrón de pensionados, un piso que contrasta con las prestaciones de retiro del estrato superior de la administración pública que ahora la reforma constitucional obliga a recortar.
La aplicación del nuevo régimen requerirá ajustes administrativos en la Secretaría de Finanzas, el ISSSTE, el IMSS y los institutos de seguridad social estatales y municipales.
Sinuhé Piedragil Ortiz, presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Querétaro, durante la declaratoria del Constituyente Permanente local.
Querétaro, 30 de abril de 2026. — El Constituyente Permanente local cerró este jueves la última fase del proceso de reforma al Poder Judicial del Estado, luego de que el presidente de la Mesa Directiva, Sinuhé Piedragil Ortiz, declaró aprobada la ley que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro, tras computar el voto favorable de 15 ayuntamientos.
Con esta declaratoria queda firme la armonización del marco constitucional queretano con el decreto federal publicado el 15 de septiembre de 2024 y se abre la ruta para la elección popular de jueces y magistrados en el proceso electoral de 2027.
Los 15 ayuntamientos cuyo voto favorable computó el Pleno son Amealco de Bonfil, Arroyo Seco, Corregidora, El Marqués, Ezequiel Montes, Huimilpan, Jalpan, Pedro Escobedo, Peñamiller, Pinal de Amoles, San Joaquín, San Juan del Río, Tequisquiapan, Tolimán y Querétaro. Tres municipios del estado no figuraron entre los que respaldaron el dictamen; el Pleno no precisó la posición de los cabildos restantes en la sesión.
La reforma llega después de un proceso legislativo de varios meses que arrancó con la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo estatal en febrero, una propuesta paralela del Partido del Trabajo y otra de la bancada de Morena, y culminó el 27 de marzo con la aprobación en el Pleno por 19 votos a favor, cinco en contra y una abstención.
La votación dejó al descubierto la fractura interna de Morena, cuando los diputados Eric Silva, Rosalba Vázquez, María Eugenia Margarito y Blanca Flor Benítez se desmarcaron de la línea de su bancada.
El dictamen contempla la elección por voto popular de juzgadores, la creación de un Órgano de Administración Judicial integrado por cinco personas con representación del Ejecutivo, el Congreso y el Tribunal Superior de Justicia, y la instalación de un Tribunal de Disciplina Judicial con cinco integrantes electos por la ciudadanía.
Ningún integrante del Poder Judicial podrá percibir una remuneración superior a la del titular de la Presidencia de la República, según la reforma constitucional aprobada.
La declaratoria del Constituyente Permanente local cierra el procedimiento formal, pero no resuelve el último frente abierto. La diputada del PT Claudia Díaz Gayou anunció en marzo una impugnación legal contra el dictamen por presuntas violaciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo y posibles vicios de inconstitucionalidad, una vía que su equipo jurídico mantiene activa.
La discusión de las leyes secundarias para implementar el modelo —Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley Electoral, reglas operativas para el proceso de selección— quedará como la siguiente fase del trabajo legislativo.
El Cabildo capitalino de Querétaro fue uno de los últimos en pronunciarse, con 13 votos a favor y uno en contra del regidor de Morena Fernando Flores Pérez, quien calificó la reforma como "simulación" durante la sesión del 28 de abril.
El Instituto Electoral del Estado de Querétaro será la autoridad responsable de organizar y calificar el proceso electoral judicial de 2027, con un calendario que aún debe definirse en la legislación secundaria.
Ulises Gómez de la Rosa, diputado morenista del distrito VII de Santa Rosa Jáuregui, expuso desde tribuna el rezago habitacional en Querétaro.
Querétaro, 30 de abril de 2026. — Ochenta mil viviendas sociales hacen falta en Querétaro y 40 mil familias con crédito del INFONAVIT no encuentran casa en su rango.
Esa es la dimensión del rezago que advirtió este jueves el diputado Ulises Gómez de la Rosa, integrante del Grupo Legislativo de Morena, durante sesión del Pleno del Congreso del Estado, al respaldar la desincorporación del predio La Bola, en Tequisquiapan, para que el INFONAVIT levante alrededor de 40 viviendas de interés social bajo el programa federal Vivienda para el Bienestar.
El tema no es nuevo en la agenda del legislador morenista por el distrito VII de Santa Rosa Jáuregui. En enero, junto con el diputado federal Luis Humberto Fernández y los locales Sinuhé Piedragil y Sully Mauricio, ya había expuesto el rezago de vivienda popular en la entidad, un mercado que prácticamente dejó de construirse desde 2010 ante la preferencia de desarrolladores por proyectos de clase media y residencial.
El predio La Bola, de 2 mil 448 metros cuadrados y avalúo cercano a 3 millones 058 mil pesos, será donado a título gratuito por el ayuntamiento de Tequisquiapan al instituto federal.
El presidente de la Comisión de Planeación y Presupuesto, Luis Gerardo Ángeles Herrera, detalló al Pleno que se trata de la primera y única desincorporación que la legislatura recibe para este programa, mientras que el alcalde tequisquiapense, Héctor Iván Magaña Rentería, confirmó por separado que su administración municipal gestionó un segundo predio para que la Comisión Nacional de Vivienda construya cerca de 260 casas adicionales.
Desde tribuna, Gómez de la Rosa cuestionó que el crecimiento económico e industrial del estado convirtió al suelo en bien especulativo y dejó fuera del mercado a miles de familias trabajadoras. "¿Dónde queda la población de bajos ingresos que se encuentra en rezago habitacional?", planteó.
El legislador reconoció el esfuerzo de Tequisquiapan y Ezequiel Montes por sumarse al esquema federal, y llamó a los gobiernos de la zona metropolitana —Querétaro capital, Corregidora, El Marqués y San Juan del Río— a desincorporar terrenos municipales para vivienda social.
En esa zona conurbada se concentra cerca del 90% de los créditos hipotecarios colocados en Querétaro, según la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda.
La donación aprobada en Tequisquiapan apunta a una sola pieza —40 viviendas frente a una demanda municipal superior a las mil casas, según reconoció el propio alcalde— de un esquema federal que coordina el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y que en el estado debe escalar a los ayuntamientos con mayor concentración de derechohabientes sin oferta accesible.